Después de que el presidente Javier Milei describió este miércoles a los diputados de la oposición como “corderos disfrazados”, tras la decisión del mismo oficialismo de pasar a comisión en la Cámara Baja la ley “bases”, y de que responsabilizó a la casta por el no avance del proyecto, abogados constitucionalistas explicaron en diálogo a La Voz por qué la propuesta del Ejecutivo volvió a foja cero y cuáles son los riesgos de que el Gobierno nacional priorice los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, doctor en Derecho y director de AGDConsultora, fue uno de los primeros en escribir en su red social X algunos cuestionamientos tras el pase a comisión.
“El proyecto de ley regresado a comisión se denomina ‘ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’. ¿Estamos esclavizados o no tenemos libertad los argentinos para que alguien nos venga a liberar? ¿Hace poco no se realizaron elecciones libres donde el pueblo eligió al presidente, a diputados y a senadores? ¿No rigen la Constitución y los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en defensa de los derechos de los argentinos?”, ironizó.
Al igual que otros constitucionalistas, recordó a Juan B. Alberdi. “Aquello que se propuso organizar políticamente en 1852, el señor presidente Milei pretende desconocerlo en 2024 sosteniendo una idea mesiánica de liberación que desconoce la fuerza normativa de la Constitución y la convivencia política plural, tolerante y razonable”, resumió.
“La alternativa son paquetes temáticos”
En diálogo con La Voz, profundizó en cuáles serían las consecuencias de gobernar bajo decretos. “Los decretos de necesidad y urgencia son la facultad excepcional y restrictiva de la Constitución que otorga la Constituyente. No un modo ritual de gobernar, ni tampoco de sustituir al Congreso. Con lo cual un presidente no puede gobernar con necesidad y urgencia, anular la función del Congreso... El señor presidente tiene serios problemas en su formación democrática y constitucional, y no entiende que los gobernadores, diputados y diputadas también fueron elegidos por el pueblo y tienen también necesidades democráticas para defender los intereses”, insistió Gil Domínguez.
“Más que peligroso, es un discurso antidemocrático que desconoce el orden constitucional argentino. En este megaproyecto se deberían tomar todos los temas por paquetes temáticos. Por un lado, la justicia; por otro lado, el Estado. Y reestructurar para que el Congreso discuta, debata. O sea, que vuelva al ámbito de debate, donde tiene que estar”, sugirió.
Ante la pregunta sobre hasta dónde podría avanzar Milei con algunos DNU, explicó que serían medidas limitadas que no podrían ir por sobre la Constitución. “Si hay algo que hay que rescatarle al Presidente, es que es sincero. Desde un comienzo de su campaña, dijo que tiene un proyecto para liberar a los argentinos, que no puede estar contenido, limitado, ni subsumido por la Constitución Argentina... La herramienta del decreto no le sería extraña en esa forma de posicionarlo y los tribunales se van a inundar de acciones de amparo en contra”, aseguró.
“Lo que sí puedo decir es que la alternativa a esto es que se armen paquetes de leyes temáticos. Por ejemplo, paquetes de justicia, de economía. Algo más racional. Pero siempre volviendo al eje del Congreso, dividido por paquetes o por proyectos con temática unificada; esa es la forma. De lo contrario, tenemos cuatro años más perdidos, como pasó con Alberto (Fernández). Un presidente intentando con decretos, con proyectos que van y vienen. Un presidente permaneciendo, pero no gobernando y transformando”, afirmó Gil Domínguez.
“El Presidente tendría que buscar los consensos”
Diego Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, también apuntó a los alcances que podrían sobrevenir en un gobierno en el que se prioricen los DNU, sin un debate en el Congreso Nacional. Puso, además, el acento en las limitaciones con las que se encontraría el Presidente marcadas por la misma Constitución Nacional.
“Lo que sucedió en la Cámara de Diputados fue la aplicación de un artículo del reglamento que automáticamente, por una cuestión lógica, transforma el proyecto nuevamente o lo envía nuevamente a cero, a comisión. Porque ahora se ponen a debate todos los artículos otra vez. Es decir, el dictamen del 26 de enero deja de debatirse en el pleno y vuelve a las tres comisiones para su tratamiento. Algo así como el Juego de la Oca: volver a casillero cero”, describió Armesto.
Sin embargo, aclaró cuál sería el escenario en caso de que esta vía de debate no siga y Milei opte por más decretos sin tener en cuenta el espíritu de estos y de fallos anteriores de la Corte Suprema.
“Hay dos cuestiones acá que son principales. Una es ceñirse a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia en Nación, en el fallo Verrocchi, Asociación de Aseguradoras, Consumidores Argentinos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que la Corte dice que se tienen que reunir dos circunstancias: que el Congreso de la Nación no pueda reunirse y que la necesidad de urgencia sea tal que obligue al Ejecutivo a saltar el proceso de formación y sanción de las leyes”, explicó Armesto.
Además, dijo que se vería impedido de abordar por esta vía cuestiones, por ejemplo, tributarias, penales o modificaciones a la ley de partidos políticos.
“El Poder Ejecutivo Nacional no podrá llevar adelante por medio de decretos de necesidad de urgencia estas decisiones que estaban plasmadas en la ley. Por ejemplo, no puede hacer un decreto de la cuestión tributaria. Ahí estaría limitado. Ya tiene el primer problema, ni modificaciones de códigos de fondo. En este caso, materia penal”, explicó el constitucionalista.
“Por eso, el Presidente eligió dictar un DNU y, por otro lado, ir por la ley ‘bases’. Hay que distribuir en bloques temáticos y no en un megaproyecto. Tiene que haber previamente un acercamiento con las otras partes y tratar de buscar los consensos y esos lugares comunes que te permitan llevar adelante las reformas que necesita el Poder Ejecutivo Nacional. Un proceso de negociación política para poder obtener un resultado favorable a la sanción. Pero todo eso depende del Poder Ejecutivo y de los interlocutores del Poder Ejecutivo”, insistió.
A modo de resumen, Armesto citó al italiano Giovanni Sartori. “Él decía que el decretismo es uno de los grandes males de los países en América latina. Entonces, vivir a decreto anula un poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Y eso conlleva, indefectiblemente, un desbaratamiento justo en el sistema republicano”, dijo.
“Milei busca un gobierno plebiscitario”
Rodrigo López Tais, un joven constitucionalista cordobés, hizo una lectura similar sobre la defensa de la división de los poderes, que permita al Congreso legislar, pero también apuntó a las últimas declaraciones de Milei sobre responsabilizar a la casta por el no avance del proyecto en Diputados.
“Lo primero para decir es que el Ejecutivo envía al Congreso un proyecto que, en algunos puntos, ha sido por lo menos sumamente desprolijo. No obstante lo cual, uno podría pensar que se podría poner en duda si la verdadera intención del Presidente fue que esta ley se aprobara o si en realidad buscaba este efecto que sería responsabilizar a la casta. Que a tipo cesarista, lo que él buscaría sería una especie de gobierno plebiscitario, que eliminara toda intermediación institucional. Y busca una relación directa entre el líder y el pueblo. Lo que se denomina ‘populismo’”, describió López Tais.
“El Presidente habla de la posibilidad de convocar a un plebiscito. No sé si conoce técnicamente los alcances. En el caso de la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo a un plebiscito, esta no sería obligatoria para los ciudadanos y el resultado de esa consulta no es vinculante para el Congreso”, precisó. Y, en coincidencia con otros constitucionalistas, dijo que por la vía del decreto no podría modificar, por ejemplo, escalas penales, ni dictar códigos.
“En la última reforma constitucional, que es la que está vigente hoy, aunque la desconozca el Poder Ejecutivo, se estableció taxativamente la prohibición de la delegación legislativa por parte del Congreso al Poder Ejecutivo... La regla es clara: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposición de carácter legislativo”, dijo.
“Me parece que cuando Milei vuelva al país se retomará la discusión sobre qué sucederá con la ley. Si será discutida en términos de un nuevo dictamen de mayoría o si el Poder Ejecutivo la retira. O se manda por bloques”, señaló.
“Hoy el Presidente le tira una batería al Congreso porque identifica que ahí están representados sus adversarios, que son la casta. Escrachando y acusando a quienes piensan distinto de ser los enemigos de la patria. Lo cual es muy peligroso porque son discursos de odio. Divide a la sociedad. Acá hay una nueva grieta que es más violenta que la que vivimos durante los 10 años kirchneristas”, aseguró.
