Capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto son los ejes del proyecto conocido como “Ley Lucio”, que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que son juzgadas su madre y su pareja, un veredicto que se conocerá el jueves 2 de febrero.
Alberto Fernández incorporó el proyecto al temario a tratar en las sesiones extraordinarias y, como obtuvo media sanción en Diputados, se espera que sea tratada en los próximo días en el Senado Nacional.
El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
El titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner, señaló que el organismo realizó “aportes al texto aprobado” y celebró “el resultado final”.
“(Esta Ley) es una buena noticia y esperamos que se apruebe a la brevedad”, aseguró.
El funcionario explicó que dentro de todos los derechos de NNyA, el proyecto pone el foco específicamente “en la prevención de la violencia y de los abusos, en la promoción del buen trato y en la necesidad de esclarecer las obligaciones de comunicar o denunciar y los circuitos para lograr esto”.
La Senaf, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una “obligación inmediata y directa” en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con “cierta experiencia acumulada”.
Durante el primer semestre de 2022, la Senaf llevó adelante 612 actividades de formación y promoción, que alcanzaron a más de 36.500 personas destinatarias, entre ellas principalmente agentes de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Entre los principales ejes temáticos abordados se encuentran el sistema de protección integral de derechos, políticas públicas y el cuidado, educación, crianza y desarrollo integral de la primera infancia.
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.
Al respecto, Lerner destacó que la ley mandata al Poder Ejecutivo a “asignar presupuesto específico a la Senaf para desarrollar estas tareas, que es particularmente importante para las campañas de concientización”, al permitir que se realicen “con mayor intensidad y más apoyo presupuestario”.
Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
La directora ejecutiva de la organización jujeña Juntas por la Acción e integrante de la Red Federal para las Infancias y Juventudes, Celeste Cisneros, advirtió que constantemente ven “docentes que tienen miedo de denunciar cuando detectan algún indicador de abuso sexual o violencia en un niño o niña, por temor a recibir alguna represalia o contradenuncia de los progenitores”.
La especialista resaltó que la ley prevé “la coordinación de protocolos de actuación en áreas como la seguridad, educación y salud”, ya que actualmente “las jurisdicciones locales por lo general no actúan de forma interconectada, y ese fue un factor crucial en el desenlace fatal de Lucio” Dupuy.
El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que están siendo juzgadas su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, cuyo veredicto se conocerá mañana.
El abogado de la familia de Lucio anticipó, además, que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que lo atendieron al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros médicos de La Pampa y que no advirtieron sobre la situación.
“Todas las leyes en favor de las infancias son bienvenidas, todas hacen su aporte positivo y preventivo, pero en Argentina hace falta un cambio mucho más profundo para poder atacar la problemática desde las raíces y darle a esa problemática la importancia que se merece”, enfatizó Cisneros.
Apuntó a la creación de un ministerio nacional de la infancia, ya propuesto mediante un proyecto de ley, con el objetivo de alcanzar “una perspectiva integral en infancias, teniendo en cuenta enfoques interseccionales e intersectoriales” y romper con “los sesgos adultocentristas” de las políticas públicas.
Según Unicef, en un estudio realizado en articulación con la Senaf en 2020, el 59% de las niñas, niños y adolescentes sufre algún tipo de violencia en el ámbito familiar.
En Argentina no hay registros sobre niñas y niños asesinados en contextos de violencia familiar.
Sin embargo, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, la principal causa de muerte de personas de 1 a 19 años, son causas externas como accidentes, homicidios, suicidios y otros eventos violentos “de intención no determinada”.
Específicamente, el homicidio representa el 2% en la muerte de NNyA de 5 a 14 años y el 7,9% en jóvenes de 15 a 24 años, mientras que las relacionadas a “otras violencias” alcanzan el 6,5% y 14,4% respectivamente.
