El gobierno de Javier Milei inicia hoy una de las semanas más importantes a nivel político: se juega mucho en el Congreso, ya que buscará aprobar una parte de la “ley ómnibus”, luego de haber anunciado que retiraba la parte fiscal del proyecto.
Por un lado, hay expectativa en los mercados porque las medidas de reducción del gasto que incluía el paquete fiscal (retirado el viernes por el ministro Luis Caputo) no están, lo que preanuncia un ajuste más duro.
Mientras que por el otro, los gobernadores saben que la negociación será aún más difícil con Milei porque lograron bajar la suba de retenciones y el cambio en la fórmula para las jubilaciones, pero también quedó afuera del Congreso la iniciativa para dar marcha atrás con Ganancias, lo que significa menos fondos coparticipables.
La versión de que Milei recortará las llamadas “transferencias discrecionales” del Tesoro era muy fuerte en las últimas horas.
Aunque, al mismo tiempo, también existe la posibilidad de que el Gobierno nacional acepte limitar las facultades delegadas en los capítulos fiscal y previsional que pedía Milei en la ley.
Esta nueva concesión sería la clave para lograr, desde mañana, que el proyecto llegue al recinto y tenga rápido tratamiento, y aprobación gracias a los “dialoguistas”. Y para eso, este lunes Martín Menem, presidente de la Cámara, podría convocar a los presidentes de bloque para avanzar con discusión.
Se sabe que La Libertad Avanza, que tiene solo 38 legisladores en la Cámara baja, por lo que requerirá del apoyo de otras bancadas para lograr el cuórum necesario de 129 diputados, además de una mayoría de escaños para aprobar en general el proyecto.
“El Presidente tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina”, dijo ayer Guillermo Francos, el ministro del Interior, en CNN.
Sobre la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley, el ministro consideró: “La parte fiscal claramente ha generado diferencias porque lo lógico es que los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores”.
En ese sentido, valoró que el Gobierno hiciera “varios cambios, aceptando los cuestionamientos y propuestas de los distintos sectores” y exhortó: “Eso ya está, la ley debe ser de tratamiento rápido, Y los que están en contra que voten, pero votémosla”.
“Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo y hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio”, sostuvo Francos.
UCR
En el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) celebraban que el Gobierno retirara el aumento de retenciones y los cambios en la fórmula jubilatoria, dos de las “cuestiones de fondo” que el radicalismo mantuvo como límite de negociación en el Congreso y que cohesionó al espacio para que su unidad no corriera “ningún riesgo”.
Las diferencias dentro de la UCR habían quedado expuestas la semana pasada: ocho diputados se sumaron los 55 legisladores con los que el oficialismo logró dictamen de mayoría para tratar en los próximos días el proyecto de ley, mientras otros siete del espacio prefirieron no firmar.
Luego de negociaciones y acuerdos entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas -del que forman parte la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación- el proyecto de ley tuvo modificaciones y se redujo de 664 artículos a 523.
Sin embargo, ante la insistente postura crítica de toda la oposición en torno a los cambios en jubilaciones, retenciones y otras iniciativas, el Gobierno decidió el viernes por la noche retirar todo el capítulo fiscal para sumar apoyos.
Estas eran algunas de las “cuestiones de fondo” que todo el bloque radical, pese a sus diferencias internas, mantuvo como límite de negociación frente al Gobierno y que abroqueló al espacio, que cuenta con 34 diputados en la Cámara baja.
Finalmente, y después de la decisión del viernes, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, ponderó el giro del Gobierno al remarcar que “es una decisión acertada de Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión”.
El que no está de acuerdo con quitar todo el paquete fiscal fue el gobernador Martín Llaryora. “Me parece que retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error. Porque si lo retirás todo, eso te lleva a tomar decisiones de un mayor ajuste. Y el ajuste es a la gente, es menos salud, menos educación, una eximición de un sector productivo que no la va a tener, menos competitividad”, dijo.
