Carlos Rubén Lezcano llegó a la final por la Fiscalía General junto con otros dos abogados de origen peronista: Juan Manuel Aráoz, titular de los Tribunales Administrativos de Faltas de la Municipalidad de Córdoba, y Néstor Gómez, el sanfrancisqueño que es defensor General adjunto y tuvo un paso previo como director de la Lotería de Córdoba.
Le atribuyen a Juan Manuel Cid, el ultra llaryorista que es director del Banco de Córdoba, haber inclinado la balanza por Lezcano, juez de Control N° 5 de la ciudad de Córdoba y un silencioso engranaje del sistema judicial.
Una vez que el gobernador decidió por postularlo para la poltrona del Ministerio Público Fiscal, a Cid le tocó otra tarea: invitar a Juan Manuel Delgado, el fiscal General saliente, a sumarse al Banco de Córdoba como director. Delgado dice que será fiscal General hasta el 31 de marzo.
Como se verá más abajo, la llegada de Lezcano le da al gobernador Llaryora mayoría en el reparto de poder del Ministerio Público Fiscal: dos propios y un aliado; sobre las cincos sillas. Sin embargo, los dos fiscales designados por Llaryora están públicamente enemistados.
Lezcano es peronista. Fue contratado por el bloque del PJ de la Legislatura (bicameral) entre 1994 y 1999. Cuando el peronismo llegó al poder, pasó a desempeñarse como director del Tribunal de Cuentas de la Provincia hasta 2003, cuando pasó a ser juez de Control.
Para entender varias cosas, hay que reseñar brevemente una vida política paralela, la de Luis Juez, quien fue diputado provincial entre agosto de 1994 y diciembre de 1996. Cuando el peronismo llegó al poder, fue designando director de Vialidad Provincial.
Entonces, los dos jóvenes abogados penalistas peronistas –Lezcano y Juez– se asociaron en el estudio jurídico de barrio Observatorio y jugaron en tándem político: en la interna de 1998, en la que Juez disputó la candidatura a intendente del peronismo a Germán Kammerath y a Juan Schiaretti, Lezcano fue apoderado de su socio.
El clima de época, en el año 2000, llevó a Juez a ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Las denuncias mediáticas de “el Petiso” pusieron en jaque a varios funcionarios de De la Sota. En octubre de 2002, fue eyectado del cargo y comenzó la construcción de su “Partido Nuevo”.
Nueve meses después, el 1° de julio 2003, Carlos Rubén Lezcano se paró frente al Tribunal Superior de Justicia y, con la mano sobre la Biblia, dijo “sí, juro”, transformándose en el juez de Control N°5 de la ciudad de Córdoba.
La Llegada
El 18 de junio de 2003, De la Sota y su secretario de Justicia, Héctor “Chirola” David, habían enviado a la Unicameral el pliego para designar a Lezcano juez de Control. 23 años después, Lezcano posiblemente se convierta en el jefe de “Chirola” David, uno de los cuatro fiscales generales adjuntos.
La llegada de Lezcano al Poder Judicial tuvo un contexto político: el 8 de junio de ese año, De la Sota y Juan Schiaretti habían aplastado a la fórmula de Oscar Aguad y Antonio Rins. Al día siguiente, De la Sota anunciaba que el 12 de julio, es decir cuando iniciara su segundo mandato, finalizaría la “emergencia judicial” que suspendió el Consejo de la Magistratura y la reemplazó por una “comisión asesora”.
Fue en el marco de esa emergencia judicial que Carlos Rubén Lezcano ingresó a Tribunales junto con una tanda de nuevos magistrados. Aunque no todos provenían del PJ, uno de los abogados que participó del examen contó a La Voz que había interés de De la Sota en sumar algunos jueces y fiscales cercanos al peronismo para compensar la sagrada familia judicial constituida en los 16 años de radicalismo.
La oposición, liderada por la UCR, sostenía que en el marco de la emergencia judicial se había pergeñado un “pacto de impunidad” para armar una estructura afín al peronismo cordobés. En una entrevista con La Voz, María Ester Cafure de Battistelli, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, rechazó esa tesis: “Las críticas son políticas”, dijo en esos días.
Aunque en el juecismo dicen que la llegada de Lezcano a la magistratura fue tras “traicionar” a Juez, lo cierto es que Lezcano se mantuvo en el Tribunal de Cuentas delasotista mientras Juez construía su candidatura a intendente. Como sea, la sociedad jurídica se diluyó y la amistad, implosionó.
Esa enemistad inquebrantable no parece casual en esta elección de Llaryora, que no deja de mirar con inquietud la sociedad que Luis Juez se empeña en formar con Gabriel Bornoroni. Pero también puede ser una bomba de tiempo: “Juez ha dicho varias veces, ‘el día que yo tenga poder, lo primero que voy a hacer es pedirle un jury a Lezcano’”, dice un exmagistrado provincial que ingresó a la Justicia junto con Lezcano.
Un poder desordenado
Si la Legislatura lo aprueba, Lezcano se sentará en una de las principales sillas de la Justicia en medio de un desorden generalizado e inusual de ese poder. Va un ejemplo, nada más que un ejemplo, de esta situación: los primeros días de noviembre, la vocal del Tribunal Superior de Justicia Jessica Valentini, de confianza de Martín Llaryora, impulsó, a instancias de Aída Tarditti (vocal del TSJ), un sumario contra la fiscal Jorgelina Gutiez, esposa de Víctor María Vélez, quien presidió la Asociación de Magistrados durante 12 años. Los fiscales respondieron con una asonada y enviaron a sus empleados a aplaudir por los pasillos de Tribunales II.
Decíamos más arriba que en la cuenta de sillas en la cúpula del Ministerio Público Fiscal, dos responden a Martín Llaryora: Lezcano y Alejandro Pérez Moreno, fiscal General adjunto, aunque con antecedentes como penalista, por lo que la profesión ha cruzado en más de un expediente a ambos.
Quienes cuestionan a Lezcano como juez de Control lo llaman irónicamente “juez de Ratificación” (de los fiscales). Es una crítica que tendrá relevancia en las audiencias públicas que deberá sortear en la Legislatura antes de que su pliego llegue al recinto.
En diciembre de 2021, Lezcano elevó a juicio la causa contra los policías por el asesinato de Blas Correas. El por entonces abogado de Soledad Laciar, Alejandro Pérez Moreno (hoy fiscal General adjunto) salió al cruce de “este abogado que ocupa el cargo de juez”: “De las 300 páginas (de la elevación a juicio), la que él hizo no alcanzan a 25, las otras las hizo el fiscal (José Mana) y él copió y pegó”. La enemistad es expuesta.
Otra de las causas resonantes en la que intervino Lezcano, y que seguramente será parte del debate, es la del “robo en Cofico”, perpetrado en la casa de la fallecida abogada María Teresa Panetta, en barrio Cofico, realizado durante los primeros minutos del 24 de diciembre de 2016. Como se recordará, en aquella cena se congregaron exponentes del poder cordobés: Olga Riutort. Darío Vezzaro, Herman Karsten y Sebastián López Peña, entre otros.
Tras absolver a los acusados, los vocales de la Cámara 2ª decidieron que se investigue al fiscal Raúl Garzón y al juez Lezcano por, aparentemente, haber emitido órdenes de allanamiento sin tener competencia. El robo quedó impune.
Declaración jurada
El día que asumió como juez de Control, Carlos Rubén Lezcano vivía en la misma casa familiar que todavía habita en barrio El Trébol, sobre la calle Luis Agote al 2900. En la declaración jurada que presentó ante la Legislatura, le asigna el valor de mercado: 120 mil dólares. Además, consigna un departamento en Mariano Balcarce al 400, en Nueva Córdoba, que usa uno de sus cinco hijos. También tiene un terreno ubicado en Desarrollo Docta, en las afueras de la ciudad, con un valor de mercado de 35 mil dólares. Prefiere vehículos Peugeot: tiene un 2008 del año 2025 y un 208, modelo 2022. No tiene créditos y en la caja de ahorro, una suma moderada: 8.850 dólares.
