Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvieron a faltar a la interpelación aprobada en la Cámara de Diputados por la supuesta estafa cripto y dejaron en evidencia el interés del Gobierno en aplacar la polémica. No obstante, la oposición no retrocede y apuesta todo a destrabar la semana próxima la comisión investigadora, donde tendrían la posibilidad de convocar a funcionarios a testimoniar por la fuerza pública.
Ni Caputo ni Cúneo respondieron a la citación que les envió el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien por eso no convocó a la sesión prevista para este miércoles. De esa manera, el Gobierno evitó quedar expuesto, pero también lo consiguió la oposición, que no tenía el quórum sellado y se arriesgaba a un traspié.
“Es absolutamente grave que los ministros decidan no concurrir al Congreso, violando la Constitución por la que juraron. Vamos a trabajar para desbloquear la comisión para obtener la verdad que se niegan a proveernos”, afirmó a La Voz el diputado cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), principal articulador de la estrategia opositora en el caso $Libra y uno de los nombres que suenan para presidir la comisión.
Agost Carreño fue anfitrión, este miércoles por la tarde, de una reunión de autoridades de bloques donde se afinó esa estrategia. Estuvieron Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), los demás armadores de la mayoría opositora que manejó el recinto en los últimos tiempos.
Los legisladores acordaron esperar que pase la elección de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo decanta ese resultado, y pedir una sesión para el miércoles 21, con dos temas: la votación de autoridades de la comisión $Libra, y una doble ley jubilatoria que incluiría, según los dictámenes firmados este martes, un aumento del bono y una alternativa a la moratoria previsional.
La comisión investigadora del “criptoescándalo” todavía no comenzó a funcionar porque hubo empate en la elección del presidente, 14 a 14. Por eso, la oposición quiere llevar esa misma votación al recinto. La Libertad Avanza y el PRO se oponen: advierten que “esa moción no existe” y que dejará asentado un mal precedente. Para trabarla, Menem podría exigir que la votación, según su interpretación reglamentaria, se haga por mayoría especial.
En la fallida primera reunión, la candidata votada por la oposición fue la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Aunque no representa al kirchnerismo duro, sino al Frente Renovador de Sergio Massa, hay diputados de los bloques moderados que están incómodos con votar a cualquier representante de ese bloque. Ahí es donde cobra fuerza el nombre de Agost Carreño, un diputado de “centro” que tiene diálogo fluido con todos y que puede llegar a lograr mayor consenso.
La oposición aún no tiene definida la hoja de ruta de la investigación, pero hay un dato saliente: el reglamento que buscarán aprobar contemplaría algunos puntos de la Comisión de Juicio Político. Entre ellos, la posibilidad de que los testigos que se nieguen a comparecer sean llevados por la fuerza pública. Así, podrían obligar a sentarse a responder preguntas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Durante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que tuvo lugar en 2023, la citación por la fuerza estuvo a punto de usarse con Aldo Tonón, exdirector de la obra social del Poder Judicial, investigado por graves desmanejos. Tonón faltó tres veces a la citación, y a la cuarta, cuando ya se había dado conocimiento a la Justicia para llevarlo por la fuerza pública, finalmente asistió por sus propios medios.
La comisión investigadora $Libra también tendrá otras amplias facultades, como remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes a entes públicos o privados de todos los niveles; convocar a funcionarios públicos y terceros interesados; tomar declaraciones testimoniales; recibir denuncias (escritas u orales) y material probatorio; efectuar denuncias ante los organismos competentes; y solicitar la realización de peritajes y estudios técnicos.
El Poder Ejecutivo aún no respondió el pedido de informes escrito que la oposición aprobó el 8 de abril junto con la comisión investigadora y las interpelaciones. Lo único que remitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue un fardo de hojas con todos los ingresos registrados a la Casa Rosada, autorizados por Karina Milei.
