Tras casi dos años de persistente reclamo, la Asociación Gremial de los Empleados Judiciales de la Provincia (AGEPJ) comienza a vislumbrar una luz al final de túnel, en medio del prologando conflicto en los tribunales provinciales: el gobernador Martín Llaryora autorizó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a sentarse a negociar con el gremio de los judiciales cordobeses una equiparación –progresiva– con los salarios de la Justicia federal.
Ya el mes pasado, el TSJ había dado un primer paso simbólico pero significativo al reestructurar el escalafón de los empleados judiciales provinciales, más alineado con el de sus pares federales.
La medida, más allá de su alcance administrativo, trajo consigo un aumento del 16,7 % para las categorías más bajas, con un aporte mensual extra de 586 millones de pesos por parte del Tesoro provincial.
Así, el organigrama se comprimió en seis categorías, las mismas que rigen en el ámbito federal.
Desde las altas esferas del Poder Judicial cordobés se advirtió, no obstante, que esa era “la última mejora posible” en el complejo escenario económico que atraviesa el país y que, por supuesto, impacta en las finanzas provinciales.
Pero la respuesta del gremio, encabezado por el gremialista peronista Federico Cortelletti, fue contundente: un áspero plan de lucha que incluyó cinco jornadas de paro en apenas dos semanas. Esto evidenció el distanciamiento y el enfrentamiento entre las partes.
Con el conflicto estancado y el diálogo en punto muerto, el secretario de Trabajo, Omar Sereno, convocó a una “mesa de diálogo”.
En realidad, las facultades del funcionario llaryorista eran limitadas: no podía dictar conciliación obligatoria, dado que no se trataba de una paritaria formal.
Durante cuatro reuniones, los representantes gremiales se mantuvieron en su postura: no aceptaron otro camino que no fuera la equiparación plena con la Justicia federal, una condición que los jueces y funcionarios judiciales de la provincia disfrutan desde 2012.
Aunque esa equiparación tampoco es absoluta: en la práctica, los magistrados provinciales perciben el 90 % del salario de sus pares federales, porcentaje que se reduce al 85 % si se consideran los descuentos del 4 % para la Caja de Jubilaciones y del 1 % para la Apross.
Hermetismo
Pese al hermetismo que envuelve las negociaciones, en los pasillos del edificio Tribunales I comenzaron a circular versiones sobre una reunión clave entre el gobernador Llaryora y Luis Angulo, presidente del TSJ.
Según trascendidos, ambos coincidieron en que la equiparación debía concretarse, aunque fuera un proceso de largo plazo.
Este martes, los representantes del TSJ en la reunión de diálogo presentarán al gremio su primera propuesta concreta. A pesar de que aún no hay detalles oficiales, el cambio de actitud en el Ejecutivo provincial es evidente: por primera vez, reconoce que la equiparación salarial con los federales “es indispensable”.
El debate que se avecina gira en torno a dos preguntas centrales: ¿cómo se implementará? y, sobre todo, ¿en cuánto tiempo?
Desde el gremio ya manifestaron su disposición a aceptar una aplicación gradual. Sin embargo, presionarán para que ese proceso no se dilate más de lo razonable.
En la última reunión en la Secretaría de Trabajo, realizada el viernes pasado, también se resolvió otra cuestión: los incrementos salariales correspondientes a los meses de marzo y abril.
Según confirmaron los representantes del TSJ, el 2,5% dispuesto por la Corte Suprema fue acreditado el viernes último.
No obstante, la mejora fue apenas perceptible, dado que gran parte fue absorbida por el 2,16 % que la Provincia había adelantado como anticipo de futuros aumentos.
Para muchos trabajadores, el incremento de marzo resultó casi simbólico. Ahora, el salario de abril reflejará un nuevo aumento, esta vez del 2,2 % ordenado también por la Corte Suprema. El Tribunal Superior aún no definió la fecha en que se acreditará este incremento.
Así, entre avances contenidos y promesas a plazos, la larga marcha hacia la equiparación salarial continúa.
A paso lento, sí, pero con el respaldo de un principio que hoy nadie discute: la igualdad no puede seguir siendo una promesa aplazada.
