Los últimos años del exgobernador Juan Schiaretti en el poder estuvieron marcados a fuego por el crimen policial de Blas Correas y el horror del Neonatal. El silencio que el schiarettismo impuso en su intento por eludir el impacto de esos gravísimos hechos engendró encubrimientos, multiplicó los costos políticos e influyó pésimamente en el Poder Judicial. También incrementó el sufrimiento de las familias afectadas y abonó la desconfianza pública.
El llaryorismo criticaba por lo bajo, en ese entonces, aquella estrategia.
Ya en el poder, Martín Llaryora procuró diferenciarse desde el vamos y su primera señal fue poner como ministro de Seguridad a un antiguo adversario que jamás podrá ser cuestionado por su mutismo. Juan Pablo Quinteros puede ser objetado por otros motivos –por ejemplo, designar y ascender a altos mandos policiales que terminan detenidos, acusados de graves delitos–, pero es el funcionario del gabinete que menos le teme a poner la cara y dar explicaciones.
Quinteros explica hasta lo inexplicable: eso le vale muchas críticas; también lo mantiene en su puesto.
El ministro siempre cuenta con la ayuda de Luis Juez y de la mayor parte de la oposición política, quienes comenzaron a pedir su renuncia días después de su designación y lo hacen cada vez con mayor intensidad. Los reproches por la inseguridad muchas veces quedan detrás de la descalificación personal del funcionario que pasó de acérrimo opositor de José Manuel de la Sota y Schiaretti a incondicional del actual gobernador.
Pero Llaryora no lo sostiene en el cargo sólo por ese desafío del juecismo: valora el trabajo de Quinteros y volvió a ratificarlo el viernes, luego de ser sorprendido de madrugada con la novedad de que acababa de ser detenido como presunto líder de una banda criminal el jefe de la Policía Caminera, el comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, junto a otros seis policías y abogados, por el supuesto uso de información privilegiada, bienes y hasta efectivos policiales para delinquir.
Los detalles sobre la voracidad con la que la presunta banda recaudaba asombraron a la mesa chica del Panal y agravan la crisis de la conducción policial.
Medio lleno o medio vacío
La investigación que dirigió el fiscal Guillermo González es una derivación de otra causa que la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, lleva adelante desde diciembre pasado por usurpaciones y estafas.
No hubo filtraciones, pese a que tanto la investigación como los allanamientos y detenciones fueron ejecutados por la Policía de Córdoba. Quinteros y Llaryora se enteraron cuando los operativos ya estaban en marcha. Existió un parte de la Fiscalía, luego una conferencia de prensa conjunta, y más tarde el Gobierno puso en palabras oficiales la admisión de que son las investigaciones judiciales las que están haciendo la “depuración” de la Policía.
Se habla de “purga”, se sostiene que no hay impunidad y se reitera que no hay encubrimiento para quienes “se disfrazan de policías para delinquir”.
El argumento sería institucionalmente tranquilizador si se escuchara por primera vez. El problema es que no se observan las acciones institucionales que eviten que los presuntos delincuentes lleguen a la cima del poder policial.
Llaryora pudo adjudicar a las gestiones anteriores los megaescándalos del Servicio Penitenciario y de la banda de los Bomberos, aunque esa investigación tiene varias líneas vinculadas a la Municipalidad de Córdoba, algunas que llegan hasta la administración Llaryora, de la que fue parte Gustavo Folli, el principal acusado.
Pero la densa trama de corrupción que dejó a la luz la detención del exsubjefe Alejandro Mercado –está imputado en dos complejas investigaciones y fue designado en ese cargo por Quinteros– y el mazazo que representaron las detenciones del viernes le pusieron límite al intento de convertir un hecho grave en una noticia alentadora.
Puertas adentro del Panal cuestionan el paupérrimo nivel de información con que se determinan las promociones y la designación en la plana mayor de la Policía. El detenido Ochoa Roldán fue ascendido días atrás, y de modo excepcional, de comisario mayor a comisario general.
También está en análisis la posibilidad de bloquear los títulos profesionales de quienes llegan a los máximos cargos policiales, algo similar a lo que ocurre en el Poder Judicial. De modo que el jefe de la Caminera y el titular de Asesoría Letrada de la Policía no sigan teniendo la posibilidad de usar información reservada de las investigaciones policiales en sus estudios jurídicos particulares. Todo con un correlativo incremento salarial: el Gobierno admite que los sueldos policiales pasaron a ser un problema político, tanto para la integridad de la plana mayor como para que haya aspirantes dispuestos a capacitarse tres años para ser “azules”.
La “histórica” deuda
Horas antes de que la detención del jefe de la Caminera se apoderara de la agenda, la Provincia había anunciado como un hecho “histórico” que Córdoba era la primera provincia en volver a tomar financiamiento internacional tras el cierre de los mercados para el país.
La política argentina se puso grandilocuente con las constantes exageraciones del presidente Javier Milei y el Gobierno de Córdoba pretendió darle ribetes extraordinarios a una práctica que ya lleva muchos años: emitir deuda para pagar otra deuda, y sumar otra deuda nueva para el financiamiento de las obras públicas.
La colocación internacional de bonos fue por U$S 795 millones. El 45% de los recursos se destinaron al canje de la deuda de U$S 360 millones que vencía este año y el resto será para las obras que le permitirán a Llaryora mantener el discurso del cordobesismo y sostener el empleo en la construcción. Hubo abundante oferta para Córdoba –en enero, la ciudad de Buenos Aires había fracasado en su intento– y la tasa de interés promedio de toda la operación fue del 8,9%. La Nación no sólo avaló, sino que felicitó por el éxito de la colocación.
Ahora, con el frente financiero despejado, Llaryora eleva el tono beligerante contra el Gobierno nacional: fue el que inició la seguidilla de mensajes en rechazo de la inminente suba de las retenciones agrícolas y también encabeza el grupo de gobernadores que planea avanzar en el Congreso para obligar a Milei a repartir casi un billón de pesos que son de las provincias y permanecen en manos de la Nación. En el Panal esperan como respuesta algún bombazo libertario. Lo que no esperaban era el nuevo escándalo policial.
