- Ayer
- casi 500 municipales perdieron sus chapas de inspectores o sus jefaturas interinas.
- Ese proceso recién se inicia.
- Tensión en las calles y una polémica advertencia de la titular del gremio: "Córdoba va a arder".
El conflicto en todos los frentes que mantienen la gestión del intendente Martín Llaryora y el gremio de los empleados municipales (Suoem) no para de crecer.
Esa pelea, que detonó el 8 de mayo pasado, cuando el Concejo Deliberante votó una reducción de la jornada laboral que redujo 14,28 por ciento el salario básico de casi la mitad de los empleados municipales –la medida no rige para los tres mil agentes de Salud ni para los casi dos mil de Educación–, fue sumando una escalada de decisiones que impactan directamente en el bolsillo de los municipales.
Ayer, a la misma hora en que una protesta de inspectores repudiaba en las calles la creación del flamante cuerpo de Promotores Urbanos, el Ejecutivo firmó la resolución que les quitó la chapa de inspectores a más de 300 agentes que perciben hasta ahora un adicional del 30 por ciento del sueldo por realizar “tareas de inspectoría”.
Según el Ejecutivo, esa medida se aplicó tras la revisión caso por caso del desempeño de los 1.300 agentes que cobran como inspectores. La instrucción de Llaryora fue quitarles la chapa a quienes en los hechos no ejercieron tareas de inspectoría en mucho tiempo. Según trascendió, la semana próxima se adoptaría la misma medida con otro grupo.
La otra decisión adoptada ayer por el municipio fue dar por terminadas varias decenas de jefaturas que estaban en manos de interinos. Esas jefaturas –de área, de división o de departamento– y los cargos de supervisión están en manos de empleados de planta y en los hechos representan la vía más directa que tiene el Suoem a la hora de condicionar a las gestiones municipales.
Llaryora respetará las designaciones de los empleados que rindieron concursos y fueron titularizados en sus cargos jerárquicos (unos 350), pero ordenó revisar la situación de casi 750 empleados que ocupan de modo interino esas jefaturas. En muchos casos, las designaciones fueron realizadas en los últimos meses de la gestión de Ramón Mestre.
Ambas medidas tienen fuerte impacto en el bolsillo de los empleados afectados, y se aplican luego de una larga serie de recortes que ya incluyeron la reducción de las horas extras al 50 por ciento, la quita de las prolongaciones de jornada a unos 2.800 agentes, el pago de numerosos ítems no remunerativos y la postergación sin plazo de la paritaria 2020.
Bajas consecutivas
El efecto de todas esas medidas se refleja de modo muy preciso en los datos que cada mes publica la Caja de Jubilaciones de la Provincia sobre los promedios salariales de sus aportantes.
El sueldo bruto promedio de los empleados de la Municipalidad de Córdoba creció mes a mes durante años y llegó en enero pasado –tras la aplicación del último aumento de la paritaria 2019– a superar los 135 mil pesos. Desde entonces tuvo sucesivas caídas: 126.526 pesos en febrero, 122.027 pesos en marzo y 113.122 de promedio bruto en abril.
La caída del sueldo bruto promedio en blanco fue de más del 16 por ciento entre enero y abril. Cabe aclarar que una de las medidas de Llaryora que el Suoem repudia es el pago de ítems no remunerativos. Esos montos no están reflejados en los datos que publica la Caja.
Según lo informado por la Secretaría General del municipio, cuando se consideran esos pagos no remunerativos, el sueldo bruto promedio que paga el municipio sigue en torno de los 120 mil pesos.
Segunda aclaración: esas sucesivas reducciones del gasto salarial ocurrieron antes del recorte de la jornada laboral, que fue el ajuste más contundente aplicado por Llaryora. Esa medida entró en vigencia el 15 de abril y tendrá pleno efecto recién con los sueldos de junio.
Todas esas medidas aplicadas por la gestión Llaryora llevaron el conflicto gremial con el Suoem a un nivel de tensión extrema, que sólo está contenido por el receso sanitario que mantiene lejos de las dependencias municipales a más de la mitad de los empleados.
No obstante, las protestas callejeras se reiteran, y sube el nivel de agresividad, que ayer incluyó pintadas contra funcionarios y ataques a un periodista y a un servidor urbano que cumplía funciones en la vía pública.
Las palabras de la secretaria general del gremio, Beatriz Biolatto, van subiendo de tono en la misma proporción: el jueves, en una protesta de Salud, advirtió que “Córdoba va a a arder” y que Llaryora “no podrá gestionar”.
