En una movida inesperada, incluso para la mayor parte de los legisladores oficialistas, el Poder Ejecutivo liderado por el gobernador Martín Llaryora envió este miércoles, sorpresivamente, un proyecto a la Legislatura para aumentar las alícuotas de los aportes previsionales de todos los empleados públicos provinciales.
El proyecto de ley, que está desatando duros cuestionamientos del arco opositor y de los trabajadores (que están organizando una marcha hacia la Unicameral), dispone, por un lado, un incremento “de hasta cuatro puntos porcentuales sobre los porcentajes vigentes a noviembre de 2023 de cada sector del sistema previsional”, dice el texto.
La novedad puso en alerta a los estatales que se declararon en “estado de conflicto” y su autoconvocaron en la Unicameral. La Provincia y los gremios comenzaron a rediscutir el acuerdo actual.
La administración Llaryora dice que es “imposible” pagar el actual acuerdo paritario, que está ajustado por inflación. La Provincia denunció ese entendimiento ante el Ministerio de Trabajo, con lo cual dice que “está caído”.
Se tratará sobre tablas en la sesión de este miércoles y en el oficialismo confían en que tienen los votos necesarios. Aunque hasta las 18 no lograban el cuórum para iniciar la sesión.
El aumento del aporte para la Caja se aplicará a todos los activos y “en ningún caso importarán reducción alguna en los haberes nominales de los beneficios previsionales liquidados en el mes de noviembre de 2023″, dice el artículo 2.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia tiene graves problemas de financiamiento debido a la falta de envíos desde la Nación y la caída de la recaudación. De hecho, esta semana se recibieron $ 1.070 millones, la cuota pactada hace años que no ha sido actualizada, cuando el déficit de este mes, según fuentes oficiales, asciende a $ 11 mil millones.
Según las estimaciones que hacen en el Centro Cívico, en caso de aprobarse la ley y de concretarse esta iniciativa que impulsa el gobernador Llaryora, la Caja podría recibir alrededor de $ 4.500 millones mensuales, mientras que en el caso de Apross el aporte sería de unos $ 2.000 millones.
El proyecto dice que regirá desde los salarios de este mismo mes de diciembre, que deben abonarse en los primero días de enero.
Cambios en los aportes para Apross
Por otra parte, la norma propicia modificaciones en la Ley N° 9277, que regula a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
El artículo 5 del proyecto dice: “Modifícase el artículo 33 de la Ley N° 9277, el que queda redactado de la siguiente forma: ‘Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar, a solicitud del Directorio de Apross, hasta dos puntos porcentuales los porcentajes expresados en el artículo 32 inciso a) y b)”.
Los incisos a y b del artículo 32 de la Ley 9277 regula los aportes de los activos y pasivos del sistema de la obra social provincial, respectivamente.
Entre los argumentos vertidos en el proyecto, la Provincia dice: “(...) se propicia el incremento de la alícuota de los aportes del personal comprendido en la Ley N° 8024, para coadyuvar y morigerar el esfuerzo que mensualmente hace el Tesoro de la Provincia, ergo todos sus habitantes, para que se puedan pagar en tiempo y forma las jubilaciones, pensiones y retiros provinciales”.
Y agrega: “Al mismo tiempo, también se prevé con recursos propios de la Provincia, la posibilidad de establecer mecanismos que mitiguen los efectos de la norma en determinados sectores del sistema previsional, como así también que la propuesta presentada de ningún modo implique una reducción de los haberes nominales de sus beneficiarios”.
Respecto del aumento en los descuentos para Apross, el proyecto dice que se debe a “la situación económica y financiera imperante en el país, sumada a las distintas medidas monetarias dispuesta por el Estado Nacional que han generado un incremento notorio en el tipo de cambio del dólar estadounidense, moneda en la cual se encuentran valorizados un gran número de insumos médicos, de laboratorio, prótesis y drogas medicamentosas del mercado”.
Dice que todo es ha generado “el consiguiente aumento de los costos reales que Apross debe afrontar para solventar la provisión en tiempo y forma de los mismos a sus afiliados”.
El aumento de las alícuotas impacta en los haberes de todos los aportantes a la Caja provincial, desde los administrativos y magistrados y empleados del Poder Judicial, pasando por los policías, el personal de salud, los docentes, empleados de Epec, del Banco de Córdoba y los municipales de la ciudad de Córdoba y del interior.
También los empleados y funcionarios de la Legislatura y del Poder Ejecutivo.
En relación con los cambios en los aportes para el sostenimiento del Apross, en uno de los artículos, el 4to, el proyecto habla de “establecer un aporte solidario regular para ser beneficiario en la categoría contemplada en el inciso h) del artículo 7° de la Ley N° 9277″. Ese artículo (”h”) se refiere a “los ascendientes directos en primer grado, sin recursos propios y a cargo del Afiliado Obligatorio Directo y siempre que no cuenten con ningún otro beneficio social o previsional”.
