Tras la aprobación el viernes por la noche en la Legislatura de Córdoba del proyecto de Ficha Limpia, que prohíbe que las personas con condenadas en segunda instancia por delitos dolosos con penas privativas sean candidatas a ejercer cargos públicos, este sábado el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró la decisión de los legisladores.
“¡Córdoba cuenta con su ley de Ficha Limpia! Envío mis felicitaciones a los legisladores y legisladoras de Córdoba por la sanción de la ley de Ficha Limpia en nuestra provincia", escribió el mandatario en sus redes sociales. Y agregó: " Quiero reconocer también el trabajo de Gastón Marra en impulsar esa iniciativa en nuestro país".
El proyecto fue aprobado con casi la totalidad de los votos de los legisladores y un alto consenso entre oficialismo y oposición. Sin nombrar a nadie del Gobierno nacional, que intentó tratar sin quórum el mismo proyecto, Llaryora diferenció su gestión y destacó: “La aprobación es fruto del diálogo, la colaboración y los consensos entre diferentes fuerzas políticas, mostrando que en Córdoba podemos trabajar juntos más allá de las diferencias partidarias”.
“Esta norma promueve la ética, la transparencia y garantiza que quienes aspiran al servicio público cumplan con los más altos estándares de integridad. De esta manera nuestra provincia lidera el camino hacia una política más justa, honesta y representativa. ¡Un logro de todos los cordobeses!“, concluyó el gobernador.
La sesión del viernes y los detalles de la Ficha Limpia en Córdoba
Finalmente, el proyecto de Ficha Limpia se aprobó en la Legislatura de Córdoba antes de cerrar este 2024.
Impide que personas con condena judicial en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos o puestos en el Ejecutivo. Esta modificación al Código Electoral Provincial fue aprobada con el apoyo de 65 legisladores del oficialismo y la oposición.
El objetivo principal es elevar los estándares de idoneidad para candidatos y funcionarios, promoviendo la transparencia e institucionalidad. Para ello, impide que aquellos con una condena judicial en segunda instancia puedan ser candidatos u ocupar cargos en el Ejecutivo.
El proyecto fue el resultado de un acuerdo entre propuestas presentadas por la UCR y el bloque de Hacemos, después de varias modificaciones y reuniones en comisión.
