Martín Llaryora no consiguió en la Corte Suprema de Justicia todo lo que buscaba en términos económicos. Pero logró su máximo objetivo político: mostrarse a nivel nacional como un gobernador en defensa de los intereses de su provincia y como un “opositor razonable”, que en lugar de pelear en la televisión lo hace por las vías institucionales correspondientes.
A cinco meses de unas elecciones de medio término muy desafiantes para el oficialismo provincial, las encuestas ratifican una y otra vez que –pese a una baja moderada de la imagen de la gestión nacional– sigue siendo mayoritario el respaldo de los cordobeses a Javier Milei. En ese escenario, el Panal llevó el margen de oposición al Gobierno nacional hasta el máximo que los votantes locales admiten. Es un margen muy estrecho.
Lo mismo hizo Llaryora en términos judiciales. Juan Schiaretti había presentado en 2023 la demanda para que la gestión de Alberto Fernández actualizara los fondos que la Anses debe enviarle a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que permanecieron congelados desde 2023. Con la llegada de Javier Milei, lejos de actualizarse, esos envíos se eliminaron.
Llaryora hizo reiteradas ampliaciones de esa demanda y, pese a las insistentes gestiones –sobre todo, mientras Juan Carlos Maqueda integró el máximo tribunal–, la Corte Suprema tardó dos años en convocar a una conciliación. Tras la primera audiencia fallida, el Gobierno local advirtió que, si no había acuerdo, iría con una cautelar que no estaba dispuesto a presentar. En la segunda audiencia, se firmó el acuerdo.
Los $ 5.000 millones mensuales a cuenta que logró para la Caja de Jubilaciones son apenas la cuarta parte de los $ 20 mil millones que, según los cálculos de la Provincia, deberían llegar cada mes. Es muy probable que la cifra reclamada esté inflada, pero el tamaño del bache previsional es real y los $ 60 mil millones anuales que comprometió Anses son apenas simbólicos frente al déficit de $ 430 mil millones que tendrá el sistema previsional cordobés en 2025.
Ese bache –que cubre el Tesoro provincial– sigue siendo gigantesco pese a los aportes extras de los trabajadores estatales y a los múltiples mecanismos de reducción forzada de los haberes previsionales por la vía del diferimiento o por los descuentos a quienes perciben más de un haber.
Detrás de la motosierra libertaria y del reclamo provincial –no hay dudas de que la Anses se está quedando con los recursos que les pertenecen a las 13 cajas no transferidas–, ambas jurisdicciones enfrentan la misma realidad: la insolvencia creciente de sus sistemas previsionales. Sólo que la Caja provincial lo hace pagando haberes brutos promedio de casi $ 1,4 millones a sus jubilados y de $ 945 mil a sus pensionados (datos de abril) y la Anses lo hace con una mínima que, si se suma el bono, apenas superará en mayo los paupérrimos $ 366 mil de bolsillo.
Todos los cordobeses, incluidos los 630 mil jubilados nacionales que en su inmensa mayoría cobran apenas un tercio que los pasivos de la Caja provincial, solventan buena parte de los haberes de los 115 mil jubilados provinciales. En el Panal admiten, una vez más, la insostenibilidad del sistema, que ya pasó por sucesivos ajustes, y esperan los términos de la reforma previsional anunciada por Milei para el esquema nacional, a los fines de no tener que afrontar en soledad los costos de un replanteo provincial.
Mientras tanto, que los problemas estructurales no impidan un anuncio: Llaryora ya anticipó que en los próximos días comunicará una suba en la mínima de la Caja –la percibe un número muy bajo de jubilados– y hará un gesto para los sectores más perjudicados por las medidas de ajuste vigentes. La instrucción fue que esas mejoras deben insumir menos de $ 5 mil millones mensuales.
El acuerdo con la Anses fue celebrado en Córdoba, pero también fue aplaudido por el Ministerio de Economía de la Nación: Luis Caputo consideró que se trata de un avance hacia la compensación de deudas Nación-Provincia, algo que en el Panal relativizan.
No obstante, avanzan las conversaciones en torno a varios bienes nacionales que Córdoba evalúa, incluyendo tierras militares, la Central Nuclear de Embalse y Fadea. Llaryora no archivó el proyecto de provincialización de la Fábrica de Aviones, pero no asumirá la defensa política de esa idea mientras el sector privado no haga su parte: se trataba de una propuesta de gerenciamiento privado gestada con la Unión Industrial de Córdoba.
Muy lejos de los tiempos en que las principales entidades económicas reclamaban por las deudas del kirchnerismo con la provincia, por el centralismo, por los intentos de silenciar a la prensa o por la discriminación en el reparto de recursos, a Milei el sector privado cordobés no le reclama nada: no se cansa nunca de aplaudirlo. El viernes próximo, aplaudirá al ministro Caputo en la Bolsa de Comercio.
Buena parte de la oposición provincial hace lo mismo. No hubo ninguna referencia de los principales dirigentes al acuerdo de Llaryora con la Nación, como tampoco hubo respaldo a la hora del reclamo de los fondos de los jubilados.
Los impuestos del cordobesismo
En cambio, tanto el círculo rojo del poder económico como la oposición política que lideran Luis Juez y Rodrigo de Loredo, o la que pretende disputar el diputado libertario Gabriel Bornoroni, definieron como adversario principal al esquema impositivo del modelo cordobés.
“Haga patria, baje los impuestos”, reiteran los funcionarios de Milei a los gobernadores. Es muy intensa la ofensiva que parte de la Casa Rosada y se replica a todo ritmo en Córdoba contra la presión impositiva de la Provincia –Ingresos Brutos y Sellos– y contra las tasas que aplican los municipios sobre comercio e industria. Se trata de las principales fuentes de ingresos propios de los gobiernos locales y de un desafío político mayúsculo al cordobesismo de las obras públicas y del Estado fuerte.
“Haga patria, baje la retenciones”, retrucó Llaryora. Pero en el Panal la avanzada antitributaria preocupa todavía más que la elección de octubre.
