En tiempos de escasez, cada peso cuenta. Cuando la recaudación no se recupera todo lo deseado y los acuerdos con los gremios se dilataron más de la cuenta, cada ingreso es clave para que el Panal pueda sostener la nave insignia del cordobesismo: el superávit.
En esa clave hay que leer el decreto 151 publicado este miércoles por el Poder Ejecutivo. Allí, básicamente, la administración de Martín Llaryora concentra en una sola oficina la gestión sobre beneficios fiscales en el marco de regímenes y programas promocionales de la Provincia de Córdoba.
En efecto, la norma establece la intervención obligatoria de la Secretaría de Ingresos Públicos en toda gestión de estos beneficios tributarios. El objetivo es institucionalizar un control fiscal previo sobre beneficios promocionales, buscando una mayor previsibilidad presupuestaria.
En otras palabras, cada beneficio fiscal es un ingreso perdido (técnicamente, un gasto tributario) y la idea es que el equipo del ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, revise qué se gana y qué se resigna con cada empresa u organización que se adhiera a los distintos programas.
Así, desde la publicación de este decreto, todo proyecto de ley, decreto o resolución vinculado con materia tributaria debe contar previamente con un dictamen de la Secretaría de Ingresos Públicos antes de la intervención de Fiscalía de Estado. “La idea es analizar los temas legales, que no haya problemas con legislaciones provinciales o nacionales y también contemplar qué costos tributarios tendrá”. explicó una fuente oficial.
El artículo 1º lo deja claro: “Establécese que toda gestión que contemple disponer sobre beneficios fiscales, cualesquiera sean en el marco de los regímenes y/o programas promocionales de la Provincia de Córdoba, deberá ser comunicada a la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Gestión Pública, para que, por sí o por medio de la dependencia que la misma Secretaría designe, evalúe, revise y, en su caso, cuantifique el gasto tributario asociado al beneficio de que se trate”.
El segundo artículo aclara que se debe comunicar sobre el potencial beneficio a la Secretaría de Ingresos Públicos antes de que los otros ministerios o dependencias firmen cualquier exención, sin excepción.
Además, otro artículo habla de que en el caso de tratarse de proyectos vinculados con la promoción de determinados sectores o actividades económicas, Ingresos Públicos deberá “ponderar y proyectar el gasto tributario de los beneficios fiscales que se procuren otorgar”.
Gasto tributario
El gasto tributario presupuestado para el 2025 en la Provincia de Córdoba alcanza un total estimado de $ 359.686 millones, de los cuales $ 219.712 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos. y $ 106.772 millones, a beneficios otorgados por distintos regímenes de promoción económica.
El monto total es enorme y representa un 12,7% de la recaudación tributaria propia proyectada para este año.
De forma simple: el gasto tributario es el dinero que el Estado deja de recaudar por aplicar exenciones, deducciones o beneficios fiscales a sectores o actividades. Funciona como un “gasto indirecto” para promover inversiones, empleo o desarrollo económico, aunque no implique una erogación directa de fondos.
El grueso de estas erogaciones se concentra en Ingresos Brutos, que constituye el principal impuesto provincial.
Dentro del gasto tributario, los regímenes y programas promocionales ocupan un lugar destacado. Se estima que los beneficios otorgados bajo estos esquemas alcanzarán los $ 106.773 millones en 2025, siendo el más importante el Régimen de Promoción Industrial, con un costo fiscal previsto de $ 98.211 millones.
Le siguen los programas vinculados a la economía del conocimiento, que absorben $ 5.703 millones, y otros regímenes de promoción sectorial, incluyendo tecnologías, turismo, agroindustria, eventos culturales y economía circular.
Estos regímenes buscan incentivar inversiones productivas, generación de empleo formal y desarrollo territorial equilibrado.
La Provincia justifica estas renuncias fiscales en la necesidad de consolidar sectores estratégicos, atraer nuevas empresas y sostener la competitividad frente a otras jurisdicciones. No obstante, se reconoce que su eficacia debe ser monitoreada con indicadores de impacto económico y social, para asegurar que el gasto tributario resulte en beneficios netos para el desarrollo provincial.
