El gobernador Martín Llaryora conseguió anoche en la Legislatura de Córdoba los votos necesarios para la aprobación en primera lectura del Presupuesto 2026 y del paquete impositivo. Con el acompañamiento del bloque oficialista, el apoyo de legisladores aliados y el aval en general de la UCR, la Unicameral trató ayer partidas previstas para el año próximo.
En una de las sesiones más extensas del año, que comenzó alrededor de las 16 y con 21 legisladores anotados para pedir la palabra, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba respiró tranquilo desde el inicio, al conocer que la mayoría de la bancada radical le aseguraba los votos en general para aprobar el paquete presupuestario.
A ese acompañamiento se sumaron el apoyo de la legisladora aliada Karina Bruno (PRO) y de la radical disidente Graciela Bisotto. Con los 34 votos propios, los más próximos y el respaldo del radicalismo, el oficialismo logró la aprobación en primera lectura.
Entre las voces más críticas se escucharon las del Frente Cívico, que incluso manifestó fuera de micrófono su desacuerdo con la posición de la UCR, con la que comparte el interbloque Juntos por el Cambio. El juecismo cuestionó la transparencia, la falta de controles y las prioridades del gasto.
En la misma línea se expresó el radical disidente Dante Rossi, además de los monobloques de Gregorio Hernández Maqueda, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Luciana Echevarría, de la izquierda; y Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza.
Qué dice el paquete presupuestario
El paquete presupuestario enviado por el Ejecutivo establece que los ingresos totales de la Administración general alcanzarían en 2026 unos $ 11.882.277 millones, un 18% más que el cierre estimado para 2025, lo que implicaría una suba real del 3,76%. En paralelo, el gasto total ascendería a $ 11.442.372 millones, con un aumento nominal del 14,4% respecto de lo proyectado para 2025 y una variación real del 0,4%. De este modo, el resultado financiero -la diferencia entre ingresos totales y gastos totales- sería de $439.905 millones, equivalente al 3,7% del total de recursos.
Qué dijo el oficialismo
El oficialismo confió la apertura de la defensa del proyecto al exministro Ricardo Sosa, quien realizó un repaso punto por punto del paquete presupuestario, al que calificó como “coherente” y “ordenado”, y aseguró que “garantiza el financiamiento para los servicios y proyectos del Gobierno provincial con solvencia”.
En el detalle de las partidas, Sosa destacó especialmente los fondos destinados a los sectores sociales. “Hay un crecimiento en la inversión social del 62%, que se refleja en educación, en promoción social y en distintos programas”, señaló.
Leonardo Limia, otro de los legisladores del oficialismo, profundizó sobre el plan de inversión pública previsto para 2026, que ascenderá a $1.121.753 millones. “Se destaca la inversión en obras viales, rutas, caminos y puentes, con una participación del 50% sobre el total”, indicó. También subrayó, en materia impositiva, la reducción de alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos para el rubro Comercio -mayorista y minorista-, que bajarán del 3,5% al 2,5% para contribuyentes con ingresos anuales de 2025 menores o iguales a $ 88.100.000.
El oficialismo también destacó en el recinto los cambios previstos en el Impuesto Inmobiliario, con la incorporación de un descuento del 25% para los contribuyentes que posean un único inmueble con una valuación menor o igual a $124 millones.
Según explicaron los legisladores que defendieron el proyecto, la medida busca aliviar la carga fiscal de los propietarios de vivienda única y compensar el efecto de la actualización de valuaciones.
Qué dijo la oposición
El bloque de la UCR intentó hasta horas antes del inicio de la sesión alcanzar un consenso entre las posturas de los intendentes radicales -que pedían aprobar el proyecto en general y en particular- y la de los legisladores más duros, que rechazaban esa posibilidad.
Rodrigo de Loredo ofició de mediador entre ambos sectores y, al ingresar al recinto, el radicalismo aseguraba su acompañamiento en general, aunque anticipaba que no votaría los presupuestos de las agencias ni la autorización para tomar deuda, entre otros puntos.
La legisladora radical Brenda Austin fue una de las expositoras centrales del bloque.
“Tal como lo hicimos el año pasado, vamos a acompañar en general el presupuesto porque consideramos un principio de responsabilidad fiscal. No compartimos, de la misma manera que lo hemos dicho hasta el cansancio a nivel nacional, que sea bueno para una jurisdicción no tener presupuesto. El resultado de eso es más discrecionalidad, es la posibilidad de reordenar partidas sin control y es el debilitamiento de los mecanismos que tienen previstas nuestra Constitución y la legislación de Córdoba para evitar el desmanejo de los fondos públicos”, afirmó.
Austin también adelantó el sentido del voto en particular: “Voy a poner el acento entonces en cuáles son las razones que tenemos para anticipar que, en el debate en particular, vamos a votar en contra de gran parte de los artículos de la Ley de Presupuesto, la Ley Impositiva y el Código Tributario. Estamos frente a una reducción impositiva calificada como histórica que es engañosa cuanto menos”.
“Ajustan donde más duelen, qué le pasó al peronismo de la bandera social. Ustedes recortan el Paicor en un 25%, recortan la infraestructura hospitalaria, qué les pasó”, interrogó la radical Alejandra Ferrero. “No pueden demostrar los estándares de transparencia. No rinden cuenta con sus organismos y una deuda pública y quieren ir por más”, afirmó.
El radical Carlos Briner pidió la palabra y se apartó de la posición de su bloque. Adelantó que con dureza que no acompañaría y que votaría en contra tanto en general como en particular. Aseguró que los intendentes están “extorsionados” por el Gobierno provincial para recibir auxilio financiero.
El presidente del Frente Cívico, Walter Nostrala, dijo que había falta de transparencia en el presupuesto y fue uno de los más duros en el debate. “El presupuesto después del maquillaje atenta contra la transparencia. Podemos ver los fondos a las agencias que, por más que lo nieguen, es para evadir los controles. Vayan a saber el sobreprecio”, afirmó. También habló de que los cambios en el Inmobiliario Urbano eran “mentirosos” y recordó el incremento de 2025.
A su turno, el legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) le recordó al gobernador que no cumplió con la reducción de los ministerios y agencias, y también cuestionó el impuesto. “Pasan los años y los vicios se mantienen. Es el impuestazo”, dijo.
El liberal Gregorio Hernández Maqueda advirtió que iría a la Justicia si se aprobaba el aval para la toma de deuda, ya que aseguró que debe tener el apoyo de los dos tercios de los presentes.
“Alerta Córdoba, Llaryora quiere aumentar en un 60% la deuda total de la Provincia sin tener los dos tercios de los legisladores como requiere la Constitución provincial. El objetivo es financiar con ese dinero su campaña electoral. ¡Ni el comunista de Kicillof se animó a tanto!”, aseguró.
Según el Presupuesto, en materia de política de financiamiento para el año 2026, se detalló un “uso del crédito por un monto de $ 2.494.571 millones”; y se proyectó el pago de amortizaciones de la deuda por $ 394.358 millones.
La legisladora Echevarría también aseguró: “Llaryora en Córdoba usa la motosierra y la licuadora”. “El gobierno mete un ajuste en todas las áreas sensibles: recorta los programas de empleo, de vivienda, de discapacidad, de infraestructura escolar y hasta el Paicor. En este contexto crítico, le dan más plata a los que ya tienen todo y le sacan a los que no tienen nada”, dijo.
El liberal Spaccesi también rechazó las partidas. “Esto es una ficción a contramano de lo que quiere la gente, que es un gobierno austero y eficiente, que priorice necesidades”, dijo. En el PRO se esperaba una votación dividida con dos rechazos y un acompañamiento en general de Oscar Tamis, que marcó varias diferencias con dureza contra el Gobierno provincial.
