Cuentan sus íntimos que al gobernador Martín Llaryora se le transforma el rostro cada vez que, en alguna de las seis pantallas de televisión de su despacho, aparece un referente de los gremios estatales cordobeses despotricando contra la reforma previsional que él mismo pergeñó e impulsó. El gesto se endurece, la paciencia se acorta y la bronca asoma sin disimulo.
Dicen que ese encono tiene algunos nombres y apellidos: Roberto Cristalli, titular del gremio docente provincial (UEPC), y Federico Cortelletti, el líder de los judiciales provinciales.
Según la lectura –siempre interesada– que se hace puertas adentro del Centro Cívico, docentes y judiciales figuran entre los más beneficiados por la reforma previsional que la Legislatura aprobó en diciembre pasado. El tercero en esa lista es el SEP.
Los números oficiales refuerzan esa interpretación: de los 55 mil jubilados que recibieron aumentos por la reforma (en promedio, unos 140 mil pesos), 22 mil fueron docentes.
En el caso de los judiciales, Llaryora está convencido de haber cumplido. Cree que les otorgó un incremento “importante” a los activos cuando avanzó en la equiparación salarial con sus pares federales, a mediados del año pasado.
Desde ambos gremios se defienden: aseguran que los beneficios de la reforma para algunos son menores que el ajuste en general, entre otras cosas, por la suba del aporte para la Apross.
Sin entrar en los detalles técnicos de la reforma, el gobernador tomó una decisión eminentemente política, más que un intento real por achicar el persistente déficit de la Caja de Jubilaciones.
La lógica fue clara: ajustar a los 16 mil jubilados que más cobran –mediante el aumento de los aportes de los activos, lo que reduce el salario de bolsillo e impacta en el cálculo de los haberes de los pasivos– para beneficiar a otros 55 mil que perciben menos de 1.300.000 pesos. En el medio, otros 45 mil jubilados continúan cobrando exactamente lo mismo que antes de la reforma.
Un problema político
Desde el primer día en que se sentó en el sillón principal del Centro Cívico, Llaryora se convenció de que enfrentaba un problema político, además del financiero que genera el rojo de la Caja de Jubilaciones.
“En 2025, la Caja tuvo un rojo de 740 mil millones de pesos. Es un agujero enorme para las finanzas provinciales. Pero, además, había 100 mil jubilados puteándonos porque cobraban poco, mientras otros 16 mil perciben haberes superiores a los tres millones de pesos. Con esta reforma, lo que buscó Martín (Llaryora) fue un gesto de solidaridad de los que más ganan, incluyendo también a los activos”, repite, por enésima vez, uno de los hombres más cercanos al gobernador, que participó en la gestación de una reforma que –como está dicho– es más política que financiera. El ahorro previsto para este año no alcanzaría los 100 mil millones de pesos.
El problema es que ese pedido de “solidaridad” se traduce en una decisión concreta que golpea el bolsillo. Y por más que algunos sectores de estatales –especialmente en el Poder Judicial– perciban salarios y haberes altos, o incluso muy altos, nadie quiere resignar un 8% de sus ingresos mensuales, que es lo que implica el aumento de los aportes a la Caja.
La mayor resistencia se concentra en Tribunales, donde la tensión es creciente. Previendo este clima, la Provincia pagó con los salarios de diciembre y el de enero –que se cobrará la semana que viene– retroactivos adeudados correspondientes a octubre y noviembre del año pasado.
El impacto real llegará con los salarios de febrero. Los gremios estatales ya adelantaron que presentarán un amparo colectivo y una declaración de inconstitucionalidad contra la reforma llaryorista.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por ahora, optó por la cautela. Eso no significa inacción. Un equipo de juristas de la entidad que preside la jueza Silvana Chiapero analiza la reforma con lupa para impugnarla en dos frentes: intangibilidad y carácter confiscatorio. Este último punto se fundaría en que en algunos casos los jueces terminarán aportando a la Caja casi el 33% de sus ingresos de bolsillo.
Malestar en Tribunales
El malestar en Tribunales ya se hizo sentir en el Centro Cívico. Más allá de los retroactivos pagados en diciembre y enero, algunos operadores judiciales le sugirieron a Llaryora “compensar de algún modo” el ajuste aplicado a jueces y funcionarios del Poder Judicial.
“Calma, que habrá alguna solución”, habría deslizado un miembro del Tribunal Superior en una reunión muy reservada con unos pocos magistrados.
Pero esta eventual compensación para jueces y funcionarios judiciales sería una salida de altísimo costo político. El dato no tardaría en trascender y terminaría por exasperar aún más el ánimo del resto de los estatales.
Más allá de las embestidas en los Tribunales, en el oficialismo sobrevuela el convencimiento que los reclamos contra la reforma previsional terminarán en el Tribunal Superior de Justicia, y que la iniciativa será avalada por el máximo tribunal.
Luego, seguramente vendrá una apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso llevará años. Por ahora, lo que le preocupa a Llaryora es el clima de conflicto con el Poder Judicial, más que la suerte de la reforma, que para él no tiene “marcha atrás”.
En este escenario, de un febrero caliente en los Tribunales, los llaryoristas aseguran que el gobernador no logra comprender la dureza de los reclamos de los estatales y prepara una jugada política de fondo.
La encrucijada que planteará es directa: “Martín les va a decir que el próximo gobernador será él o un libertario puro. ¿De verdad creen que un gobernador alineado con Milei va a sostener a una Caja de Jubilaciones deficitaria? Tendrán que decidir si lo siguen enfrentando y, con eso, favorecer a los libertarios, que en Córdoba intentarán desmantelar al Estado provincial, como ya lo están haciendo con el nacional”, repiten en el Centro Cívico.
Un anticipo concreto de la próxima movida política del gobernador. Mientras, los estatales, el próximo miércoles, volverán a protestar en las calles contra la reforma llaryorista.
