Javier Milei y Martín Llaryora no volvieron a cruzarse públicamente con dureza, como ocurrió en el verano de 2024. No los une el afecto. Tampoco el odio abierto. Lo que hay es desconfianza, una mirada hosca, tensa, como la de dos boxeadores que se estudian antes de subir al ring. Ambos están convencidos de que en 2027 se enfrentarán por el poder en Córdoba.
No lo admitirán, pero se evitan. El Presidente llega a Córdoba para asistir al Festival de Jesús María, en la madrugada del sábado. Un horario poco habitual para una visita presidencial. Una forma elegante de decir “no quiero recepción oficial” del Gobierno provincial.
Del otro lado, el gobernador estiró sus vacaciones hasta el próximo lunes. Llaryora tampoco tenía intención de cruzarse con Milei, quien se expuso –sin red– ante una multitud en el Festival de la Doma y el Folklore.
El Presidente llegó confiado a Jesús María porque atraviesa el punto más alto de apoyo popular desde su arribo a la Casa Rosada. Como en su momento lo hicieron Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, Milei se dio un “baño de popularidad” y recibió una ovación.
El presidente libertario hasta se dio el gusto de hablarle a la multitud. Agradeció el apoyo de Córdoba en las urnas y cantó con el Chaqueño Palavecino el tema Amor salvaje.
Una escena concreta de fortaleza popular y otra señal de alarma para Llaryora, y su ambición reeleccionista. Aunque las urnas están lejos y el escenario político suele convertirse en un lecho de arena movediza.
En este contexto, resulta difícil imaginar una negociación personal entre el Presidente de la Nación y el gobernador de la segunda provincia más grande del país.
El diálogo directo parece improbable. Sin embargo, no está descartada una negociación más silenciosa, a través de funcionarios de ambas administraciones.
El Gobierno nacional quiere aprobar el mes próximo la reforma laboral, y Llaryora es uno de los referentes del espacio Provincias Unidas, que reúne 22 bancas en la Cámara de Diputados. Una cifra nada despreciable en un Congreso fragmentado.
El mandatario cordobés adoptó una postura de mesura. En privado admite estar de acuerdo con una “modernización de las leyes laborales”, pero traza límites claros, difíciles de digerir para los libertarios: que no se afecten los derechos adquiridos de los trabajadores y que la reforma no implique un recorte de recursos para las provincias.
Antes de las elecciones de octubre, en una reunión de la que trascendió poco, Llaryora se comprometió con la cúpula de la CGT nacional a no avalar recortes en los derechos laborales. Ese compromiso sigue vigente.
En el plano fiscal, aunque todavía no se conoce la letra chica del proyecto oficialista, lo que trascendió encendió luces de alarma en el Centro Cívico: la rebaja del Impuesto a las Ganancias tendría un impacto superior a los 90 mil millones de pesos anuales.
Casi todo el ahorro previsto para este año con la reforma previsional que impulsó Llaryora, y que es resistida por los gremios estatales.
El gobernador cree tener una carta fuerte para sentarse a negociar: los 22 diputados de Provincias Unidas pueden resultar decisivos para aprobar la reforma laboral.
Sin agenda
Del otro lado del mostrador, por ahora, los funcionarios y operadores libertarios buscan votos entre los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viene conversando con gobernadores, aunque por ahora no tiene previsto un encuentro con Llaryora.
Este viernes hubo una reunión de la mesa chica política en la Casa Rosada. El tema excluyente fue la reforma laboral. Los funcionarios nacionales no quieren abrir una negociación formal con los gobernadores de Provincias Unidas: saben que el costo fiscal sería alto.
Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro reclamarán compensaciones por lo que perderán con la rebaja del Impuesto a las Ganancias. Entre ambas provincias, el impacto ronda los 200 mil millones de pesos anuales.
Los dos gobernadores también quieren sumar a la negociación otro punto sensible: los fondos para las cajas previsionales provinciales, una cifra igualmente suculenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a resignar.
Caputo solo quiere usar su lapicera para habilitar endeudamientos provinciales. De girar fondos nacionales, no quiere saber nada.
Milei ya lo dijo sin matices. Luego de que, en el Presupuesto 2026, la oposición eliminara un artículo que quitaba financiamiento a discapacidad, universidades y subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”, el Presidente advirtió que habrá una “reasignación de partidas” y que los fondos para las provincias serán los afectados.
La reforma laboral abre así una pulseada intensa con los gobernadores, además de la CGT. El Gobierno nacional está dispuesto a hacer algunas concesiones, como ocurrió con el Presupuesto, pero también fija un límite frente a las demandas opositoras.
El margen para negociar es estrecho. Con la aprobación de la reforma laboral, Milei busca enviar otra señal a los inversores extranjeros, más que al empresariado local, que también reclama una actualización de las normas que regulan el trabajo formal.
Llaryora, por ahora, se concentra en la gestión provincial. Pero si llegan menos recursos nacionales, sus planes locales también se verán afectados. Por eso evitará una confrontación directa con Milei, al menos mientras el Presidente conserve una alta imagen positiva en Córdoba.
La estrategia política del gobernador tiene nombre y apellido: Juan Schiaretti. El exmandatario, que asumirá como diputado en dos semanas, será la voz de Córdoba en esta discusión clave dentro del Congreso.
