Los gremios que representan a los trabajadores estatales recibieron este martes la notificación formal de que el Gobierno provincial desconoce la paritaria firmada por Juan Schiaretti, por lo que los salarios de diciembre y de enero no tendrán la recomposición prevista, atada a la inflación.
Esta escalada y la fuerte caída de la recaudación motivaron el pedido de “nulidad de lo acordado” entre los estatales y Schiaretti para el ajuste salarial hasta el 31 de enero de 2024, en el marco del año electoral. “Es una conjunción de factores que alteran el escenario previsto cuando se firmó el acuerdo”, dijeron desde el Gobierno provincial.
Sergio Castro, titular del SEP, dijo a La Voz que, al desconocerse el acuerdo, la pérdida salarial rondará el 50%: “Tendremos más descuentos que aumentos: además de licuar los salarios por inflación, Llaryora aumentó los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y creó aportes para Apross”. En el caso de los aportes de la obra social, son por afiliado, no por trabajador.
En las próximas horas los estatales serán convocados formalmente al Panal. Allí escucharán una serie de alternativas para conformar una fórmula de cálculo que despeje el horizonte de discusión durante al menos seis meses. Hay varios borradores. Al cierre de esta edición, el gobernador Llaryora y sus funcionarios Guillermo Acosta (Economía), David Consalvi (secretario General) y Manuel Calvo (Gobierno) definían la letra chica de las distintas propuestas.
Desde la quita de una hora de la jornada laboral (que representa un 17% del salario) hasta un fórmula que permita patear para el mes siguiente parte del ajuste por inflación. Ambas herramientas fueron usadas por Llaryora en la gestión municipal. En todos los casos, la recaudación será parte de la polinómica.
“El gobernador no está cerrado. Si los gremios tienen una propuesta superadora, se analizará. El aumento por decreto tampoco está descartado, pero se entiende que la alta conflictividad social y la implosión de la salud y la educación privada demandará más servicios del Estado, por lo que pretende superar rápidamente el conflicto salarial y hacerlo de manera ordenada con los gremios”, indicaron en El Panal.
Los funcionarios también apuntaron que Llaryora quiere comenzar a discutir la reforma pedagógica con la Unión de Educadores de la Provincia y avanzar en la modernización del sistema hospitalario que integrará servicios privados. Por eso apuntan a trazar un horizonte de seis meses sin discusión salarial con los empleados estatales.
“Si no se abre un diálogo real, la conflictividad se intensificará desde el 1° de febrero”, dijo Castro, quien sabe que en medio de la tensión social los gremios son un cauce por donde canalizarla. Es un activo de los sindicatos.
En la negociación Provincia-gremios, corre el calendario: en algunos días deben liquidarse los salarios, y la Provincia intentará mostrar a la sociedad su intención de dar un incremento a sus empleados que no comprometa las cuentas públicas en el marco de un fuerte ajuste nacional.
La posibilidad de que Martín Llaryora fije un aumento por decreto asoma en el horizonte como algo probable, en caso de que la conversación se empantane. Hay antecedentes de José Manuel de la Sota y de Schiaretti, en distintas etapas de sus seis gestiones.
Algunos ejemplos de subas de salarios por decreto que se están dando en la región. En el caso de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, fijó por decreto una suba del 25%. Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos, también por decreto, aumentó un 12,8% los salarios. El santafesino Maximiliano Pullaro dijo que “no se va a comprometer a una paritaria que no pueda pagar”, por lo que se especula que quedará atada a la recaudación.
Un dato de contexto: Llaryora, Pullaro y Frigerio mantuvieron una reunión virtual. Tras la comunicación, Frigerio dijo: “Tenemos realidades parecidas y vamos a aunar esfuerzos para superar los problemas que compartimos, con políticas coincidentes, tanto en lo impositivo como en las paritarias”.
Recorte de contratos
La caída de contratos es otro capítulo del mismo conflicto. La planilla con las bajas y altas cambia día a día. Son unos 1.500 puestos laborales. En el Gobierno aseguran que el análisis es caso por caso, y que ha habido reincorporaciones en los últimos días. Según el SEP, los contratos que se reflotaron serían 80: 60 en el sector salud (sobre 400 desafectados) y 20 en la administración central.
“Lamentablemente, hasta ahora Llaryora no ha dado un marco de respeto y confianza. Me extraña que un gobierno que se dice peronista atente contra la justicia social. Esperamos encontrar la solución con diálogo”, dijo Castro, quien recordó que “muchos de los contratados despedidos trabajaron en la campaña para que Llaryora ganara la elección”.
De acuerdo a un funcionario provincial, se detectaron casos de bajísima productividad de contratados. “Tenemos una crisis de recursos, debemos eficientizar al máximo. Entendemos que los gremios no van a defender situaciones indefendibles”, señaló una de las fuentes provinciales consultadas.
