“Mañana mismo lo quiero afuera a Giordano”. A los gritos, y mientras hablaba por teléfono con un colaborador, Santiago Caputo –acaso el hombre más cercano al presidente Javier Milei– pedía el martes por la tarde la cabeza del titular de la Anses, el cordobés Osvaldo Giordano. Fue en medio de la tensión por el primer revés político del Gobierno, en un aparte de la reunión en la que el oficialismo tomó la decisión de sepultar la “ley ómnibus” ante la falta de acompañamiento de un sector de la oposición dialoguista.
La primera línea libertaria decidió elegir entre sus principales enemigos públicos al gobernador Martín Llaryora y a todos quienes tienen tonada cordobesa y ligazón con el espacio que se referencia en el titular del Panal.
Giordano quedó apuntado por los votos negativos que estampó en el tablero del recinto su pareja Alejandra Torres, diputada y exfuncionaria llaryorista hasta diciembre pasado. No hay reclamos internos a la labor que inició Giordano en la Anses. Lo que enardeció a Caputo fueron los votos adversos de Torres.
La diputada no hizo otra cosa que expresarse en línea con sus pares de bancada: el llaryorista Ignacio García Aresca, el schiarettista Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Natalia de la Sota, la única entre los cinco que el viernes había rechazado la iniciativa en la votación en general.
Torres fue invitada por Schiaretti a ser parte de la lista que el exgobernador encabezó como postulante a presidente el pasado 22 de octubre.
“Deberían echarlo inmediatamente por traidor”, posteó ayer un usuario de X (ex-Twitter) junto a una foto de Torres y de Giordano. El Presidente lo reposteó en su cuenta, seguida por 2,5 millones de personas. Torres contestó: “Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser ‘mujer de’ no podemos tener opinión y criterio propio...”. La furia libertaria no repara en matices: siempre es a todo o nada, independientemente de los procesos y de los resultados.
La lógica de construcción de adversarios desplegada por Milei para sostener el relato de patriotas contra “corruptos”, “delincuentes” y “traidores” que votaron en contra de artículos e incisos de la frustrada ley “bases” se impone en estas horas de desasosiego político generalizado.
El sistema está en shock, intentando procesar a un Milei que aniquila con su metralleta verbal y acusatoria a quienes osan contradecirlo en un párrafo de un proyecto de ley. El que no piensa como yo –parece decir– no sólo es un espécimen de la casta: además es “delincuente” y un “corrupto”.
Pérdidas y ganancias
En el Centro Cívico testean el impacto de la crítica feroz a través del pulso que devuelven las redes sociales, el territorio en el que Milei hace la diferencia e interactúa con sus ultras.
“El kirchnerismo nos decía traidores en 2008, cuando salimos a defender al campo por la 125, y acá estamos”, buscan bajar tensiones cerca del gobernador y tener una mirada de más largo plazo.
En el seno del poder provincial, aseguran que la posición de los cinco diputados propios “siempre” estuvo clara. “No nos comprometimos a nada. Marcamos las diferencias y el Gobierno sabía lo que íbamos y lo que no íbamos a acompañar, en función de los intereses de Córdoba. Nos dicen traidores, pero no nos sentimos aludidos”, afirma un incondicional de Llaryora.
El análisis que hacen cerca del gobernador en estas horas de alta efervescencia está ligado al impacto local y nacional que representa para la imagen de Llaryora haber quedado en el centro del ring y golpeado por Milei y sus seguidores.
Llaryora no quiere convertirse en contrafigura de un Milei siempre ávido de construir enemigos. Aunque los números de Milei en Córdoba estén en retroceso –en Río Cuarto, no superaría el 40% de adhesión, según datos que maneja el Panal–, inquieta que la enorme porción de cordobeses que votaron por Milei vinculen a Llaryora con los K.
En cambio, en el plano nacional, esa percepción se lee como un costo asociado al activo que representa para un dirigente del interior ser protagonista de la escena nacional.
¿Milei bajó la ley?
El Presidente dijo desde Israel que de manera personal ordenó bajarle el pulgar a la ley tras la faena de desguace que le propinaron, según su mirada, los “corruptos” opositores. Sin embargo, testigos de la reunión en la que se tomó esa decisión aseguran que la realidad fue otra. Le asignan a Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO –que en el Congreso oficia de aliado directo de los libertarios–, un rol central en el pase a comisión de la “ley ómnibus”.
Ritondo y Diego Santilli tienen línea directa con el expresidente Mauricio Macri, su jefe político y quien siguió minuto a minuto lo que acontecía en la Cámara Baja.
A la conducción del PRO que responde a Macri y que tiene terminales en el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo también se le asigna la determinación férrea de oponerse a cualquier tipo de reparto de recursos con las provincias, eje central de la discrepancia que terminó con el fracaso de la ley y que tuvo a Llaryora como líder del reclamo junto con el santafesino Maximiliano Pullaro, otro de los apuntados por Milei.
El objetivo del desfinanciamiento iría centralmente en contra del bonaerense Axel Kicillof, para el oficialismo la principal célula K con poder de daño, despliegue territorial y poder de movilización en el sensible conurbano. El PRO quiere volver a gobernar la principal provincia del país. En el llaryorismo aseguran que el plan incluye a Córdoba y que detrás está la mano invisible de Macri.
