Martín Llaryora demostró que no le temblaba el pulso cuando enfrentó desafíos en los inicios de sus gestiones. Su fórmula es conocida y parece infalible: tomar decisiones fuertes desde el arranque, asumiendo costos políticos que luego trata de revertir con su propia administración.
Así lo hizo cuando comenzó como intendente de San Francisco, al recibir un municipio al borde del colapso tras la gestión del radical Hugo Madonna. En los primeros seis meses, más de 500 empleados municipales quedaron en la calle. Muchos de ellos habían ingresado en los últimos meses del gobierno anterior.
Repitió la estrategia cuando llegó a la Municipalidad de Córdoba. En 2020, aprovechó la pandemia para aplicar un ajuste salarial impensado en otro contexto, en medio del aislamiento y con la ausencia de Rubén Daniele al frente del siempre combativo gremio de los municipales (Suoem).
Por eso, quienes lo conocen bien no se sorprendieron con las primeras medidas que tomó dos años atrás cuando llegó al Centro Cívico, heredando luces y sombras de su mentor político, Juan Schiaretti.
Por primera vez, sin embargo, Llaryora no pudo hacer uso de la excusa frecuente de los gobernantes noveles: culpar al antecesor, con el siempre ventajoso recurso de inventario.
En diciembre de 2023, el nuevo gobernador impulsó una ley de emergencia previsional que elevó los aportes para la Caja de Jubilaciones y, al mismo tiempo, incrementó los descuentos destinados a paliar el rojo de la obra social provincial (Apross). Dos agujeros negros en organismos estatales que las anteriores gestiones peronistas nunca resolvieron.
Ahora, en la mitad de su primer mandato, todo indica que Llaryora volverá a tomar medidas fuertes antes de fin de año.
Su plan es conocido: asumir los costos ahora, para despejar el camino cuando, en el segundo semestre del año próximo –luego del Mundial de fútbol de Estados Unidos–, comience la campaña para la renovación de autoridades provinciales y municipales rumbo a 2027.
Ese escenario electoral puede parecer lejano, pero para todos los dirigentes está mucho más cerca de lo que perciben los ciudadanos, atrapados en un día a día dominado por las penurias económicas para gran parte de la sociedad.
Llaryora es, quizá, el menos responsable de la situación de la Caja y de Apross, pero es quien hoy debe afrontar sus déficits, casi inmanejables.
Al igual que en diciembre de 2023, el gobernador parece dispuesto a avanzar con medidas drásticas para intentar achicar el rojo de la Caja, que –según dicen en el oficialismo– el próximo año rondaría los 750 mil millones de pesos.
Una cifra apenas inferior a lo que la Provincia resignará por la baja de impuestos anunciada como “histórica” por el propio Llaryora.
Hablando de impuestos, en los principales despachos del Centro Cívico circulan borradores de cedulones para comprobar si reflejan la reducción impositiva anunciada.
Los llaryoristas consideran que esta decisión es determinante para el futuro inmediato: implica resignar ingresos por 900 mil millones de pesos. Los contribuyentes deberían percibir esa baja si se intenta obtener réditos políticos. La cara negativa del anuncio para el oficialismo es el impacto que tendrá en las finanzas provinciales.
Y Llaryora se juega parte de sus chances de reelección en esta movida inesperada de reducir impuestos tal como pregona el presidente Javier Milei. Al menos así lo creen el propio gobernador y su círculo íntimo.
Rojo interminable
En este contexto de menos recursos, sostener el déficit de la Caja se vuelve prácticamente imposible. El gobernador aún no tomó una decisión, pero se dejó una herramienta a mano: en el Presupuesto 2026 figura la potestad de aumentar hasta un 4% los aportes de los empleados estatales.
Frente a los reclamos de los gremios del personal público –especialmente los de los sectores con salarios más altos–, Llaryora prepara una alternativa: transferir la Caja de jubilaciones a la Nación o que los sindicatos administren este organismo deficitario, si no aceptan aportar más.
Ningún gremio quiere cargar con semejante peso. Tampoco aceptarán nacionalizar la Caja. Y el gobernador lo sabe.
Habrá protestas, en un fin de año que promete ser caliente. Pero Llaryora confía en su instinto de administrador de crisis. Cree que al final -y a regañadientes- los estatales terminarán aceptando otro aumento en sus aportes, que apuntará a los salarios más altos.
Las próximas semanas serán decisivas para encarar el rojo de la Caja. Llaryora no avanzará con una solución de fondo, pero buscará un alivio momentáneo. Mientras tanto, esperará que la Corte Suprema le dé la razón en las dos demandas que la Provincia presentó contra la Nación. Según los llaryoristas, un fallo favorable parece casi cantado.
El gobernador es futbolero. Tal vez conozca la definición filosófica del fallecido mandamás de la AFA Julio Humberto Grondona: “Todo pasa”, que significa no dramatizar las adversidades del momento.
El “rojo” de la Caja de Jubilaciones y de Apross no es una realidad pasajera, aunque este no sería el momento para tomar decisiones de fondo. Llaryora es consciente de que arranca la segunda etapa de su gestión, pese a que ya está pensando en la campaña para otros cuatro años. Tal vez ese eventual segundo mandato sea el momento de agarrar el toro por las astas y no recurrir al “todo pasa”.
