El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de Ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Hacemos Unidos por Córdoba considera que se trata del proyecto clave del inicio de la gestión y buscará consenso con la oposición.
“La iniciativa brinda el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”, indica la información oficial.
Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba.
Otro aspecto central de la iniciativa es el aumento de un 100 por ciento de las Fiscalías Antinarcóticos, puesto que incorpora seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.
En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías de Instrucción de distrito en la ciudad de Córdoba, para profundizar el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
La normativa también incorpora a las agencias privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se crea un Instituto que asistirá en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba.
Sobre las policías municipales, el proyecto establece que las municipalidades y comunas pueden adherir y constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia, que tienen como misión “contribuir al desarrollo del capital social de cada localidad, municipalidad o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones como auxiliar de la Policía de Córdoba”. Sus integrantes podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.
Entre sus funciones y atributos se encuentran los de “disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales”.
Plan de desarme
El proyecto de ley enviado a la Legislatura Unicameral también establece la estimulación del plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
Para integrar los servicios públicos y privados, la propuesta establece que “se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales”. En la actualidad esos servicios son prestados mayoritariamente por policías en función.
“En los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia”, indica la propuesta de Llaryora.
La norma establece expresamente que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”.
Otro aspecto contemplado por el proyecto de ley es que las empresas prestadoras de seguridad podrán ser contratadas para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos, etc. Los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos.
Narcotest
El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest. Llaryora ya implementó ese control en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba y ahora lo extiende al ámbito provincial.
Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funiones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
Más fiscalías
Se crearán seis nuevas Fiscalías Antinarcótivos en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba. Además, se dotará de presupuesto a la ya existente en la ciudad de San Francisco.
En simultáneo se crearán 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba y se crea la figura de auxiliar de los servicios de seguridad, colaboradores que desarrollarán tareas específicas. Se trata de un incremento de casi el 50 por ciento del número de Fiscalías de Instrucción que existen en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. La norma no aclara si se trata de las Fiscalías de Flagrancia que se habían anunciado.
El plan de Llaryora también supone una fuerte apuesta al uso de la tecnología en materia de seguridad. El proyecto de ley establece que se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio o espacios públicos estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
“La propuesta permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones”, dice el texto.
