Cinco semanas después del resultado electoral adverso y tres cirugías de por medio, la conducción del peronismo cordobés se alista para los ajustes operativos en la gestión provincial y municipal de la ciudad de Córdoba. Martín Llaryora es gobernador por los votos que en 2023 obtuvo en la Capital y ahí estarán dirigidos los mayores esfuerzos.
Llaryora anunciará esta semana un cambio en su gabinete. Todo indica que –por ahora– será un único movimiento, pero trascendente: una función ministerial que en la actualidad no existe en el Gobierno provincial. Aunque tanto el nombre como el cargo permanecen encriptados en el Panal, en el peronismo dudan de que Miguel Siciliano asuma como diputado nacional: en cambio, podría ocupar ese ministerio y recuperar presencia en la gestión. Y en la Capital.
Ese movimiento generaría otro efecto deseado por el gobernador: si Siciliano no asume en la Cámara de Diputados, Ignacio García Aresca permanecerá en el Congreso, ya que era el tercer hombre en la lista.
Otros movimientos del oficialismo ya están confirmados: el exintendente de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas dejará la vicepresidencia de Bancor para asumir su banca en la Legislatura de Córdoba, donde será presidente provisorio del cuerpo. La jefatura de bancada que deja Siciliano será ocupada por Facundo Torres.
Hay otra decisión ya adoptada en el Panal. En marzo próximo, cuando termine su mandato, Juan Manuel Delgado dejará el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal. No está decidido quién lo reemplazará, pero sí que el recambio será inmediato: esta vez no habrá vacante en ese cargo clave.
Todos los movimientos fueron acordados por la cúpula del oficialismo cordobés, que necesitó una pausa sanitaria poselectoral. Llaryora y el exgobernador Schiaretti se recuperan de cirugías practicadas sobre el fin de la semana pasada. El intendente Daniel Passerini –quien también debió afrontar una intervención quirúrgica tras la elección de octubre– transitó su convalecencia diseñando una reestructuración de “la base” de su equipo: la eliminación de más de 100 programas presupuestarios en 2026 tendrá como correlato un achicamiento en direcciones y subdirecciones.
La serie de anuncios comenzará esta semana, pero es posible que continúe hasta Navidad, tanto en la Provincia como en el Palacio 6 de Julio.
Passerini reestructura
Las críticas que se escuchan entre los dirigentes peronistas en el reparto de culpas por el resultado electoral no muestran un correlato en diferencias de cúpula. Llaryora y Passerini dicen cosas muy parecidas en público, pero también en privado. Las figuras de máximo poder en el Panal vienen de gobernar la ciudad de Córdoba y de tomar las decisiones que más afectan a la gestión municipal actual, en especial la reestructuración de la deuda que “condenó” a la ciudad a pagar 200 millones de dólares entre 2023 y 2027.
En los dos años que transcurrieron, la gestión Passerini pagó casi 100 millones de dólares de esa deuda contraída por Ramón Mestre y reestructurada por Llaryora. Ahora –dada la estabilización poselectoral– el municipio empieza a vislumbrar una salida financiera para los dos años por venir: avanzan en un esquema de recompra de esa deuda con recursos provenientes de inversores privados que refinanciarían a 10 años ese capital y le darían oxígeno a la gestión.
Es una jugada decisiva para la segunda mitad del mandato de Passerini, porque el peso de la deuda es asfixiante.
Passerini avanza también en decisiones trascendentes de política pública que además implican un pragmatismo que hasta ahora el intendente no había mostrado: la eliminación de los subsidios municipales al transporte y la reducción de las prestaciones de lo que fuera la empresa Tamse –hoy Tamsau– son señales elocuentes. Esa firma en adelante sólo prestará el servicio de troles (y su complementación con buses a gas), pero el resto de los servicios y buena parte de sus choferes pasarán a las prestatarias privadas. El municipio no volverá a comprar colectivos.
En 2026 la ciudad avanzará con las licitaciones del transporte y del servicio de higiene urbana. Los contratos de la recolección tendrán una prórroga breve, pero el proceso licitatorio se concretará el año próximo, con el objetivo de unificar prestaciones: recolección, barrido y tratamiento. Hoy todo es a través de diferentes prestadores: las empresas privadas de recolección, el ente Coys en barrido, la firma intermunicipal Cormecor en tratamiento y BioCórdoba en ambiente y reciclaje. Passerini apuesta a unificar y a privatizar.
También el agua y las cloacas
También avanzará en 2026 con el pliego de licitación del servicio de agua potable, ya que la concesión de Aguas Cordobesas –transferida por la Provincia al municipio– vence en 2027. Es la primera vez que la ciudad definirá esa prestación y en el equipo de Passerini consideran que el servicio de cloacas debe incluirse en ese pliego, como ocurre en casi todas las grandes ciudades. Se descuenta la oposición del gremio de los municipales (Suoem) a esa privatización de funciones, tal vez las más estratégicas en manos de las combativas “áreas operativas”.
Los pliegos de esas tres licitaciones, por sí mismos, pueden redefinir la movilidad, la higiene y el saneamiento de la Capital. Ningún intendente de Córdoba había tenido en sus manos la posibilidad de barajar y dar de nuevo en simultáneo en esos tres frentes. Si la economía nacional se termina de estabilizar, también crecerán las chances de que se concreten las inversiones necesarias para mejorar sustancialmente esas prestaciones.
Hace décadas –tal vez, desde los buenos años de Cliba o desde los tiempos iniciales de Aguas Cordobesas— que no hay inversión privada a gran escala en servicios públicos en la ciudad de Córdoba. Las tres licitaciones simultáneas son un desafío gigante para una gestión que aún tiene que mostrar su pericia. La oportunidad también es grande.
Mientras el oficialismo intenta recuperar la iniciativa, la oposición procura conservar los bríos de la victoria. La sociedad entre La Libertad Avanza y el juecismo se consolida con una promesa de unidad que empieza a sumar a algunos radicales, pero que todavía no admite a Rodrigo de Loredo.
Juez, ayer, en un acto que reunió a la dirigencia libertaria conducida por el diputado Gabriel Bornoroni, llamó a la unidad para “entregarle la provincia de Córdoba a Javier Milei dentro de 15 meses”. El senador ya no dice que encabezará la lista opositora. En cambio, De Loredo sigue repitiendo que sí lo hará.
Bornoroni, que es quien hoy tiene más chances de ser el principal adversario de Llaryora en 2027, dice que tanto en Córdoba como en el resto de las provincias se hará lo que decida Karina Milei. Todo indica que ella se tomará su tiempo.
