Martín Llaryora se comprometió a resolver los problemas irresueltos que, si triunfa el 25 de junio, heredará de Juan Schiaretti. A pocos metros del líder del peronismo, en un acto partidario transmitido por YouTube y frente a lo más granado de la dirigencia del PJ del interior, el candidato admitió que hay aspectos de la educación, de la seguridad y de la salud que requieren mejoras. Se trata de áreas sensibles para la gestión peronista que está próxima a cumplir 24 años en el gobierno.
Es inhabitual en la política reconocer errores. Más en los albores de una campaña electoral. Y más aún cuando el responsable de esos yerros es el jefe del proyecto político y está lanzado a una postulación presidencial. Llaryora decidió romper ese molde. Es de coherencia básica que quienes no logran dar respuesta a una problemática se hagan responsables y busquen soluciones. Pero en el terreno de la política, lo obvio suele ser la excepción, no la regla.
En paralelo a la ponderación hecha al paquete de obras de infraestructura –marca registrada del schiarettismo, que el candidato dijo que continuará si le toca llegar al Panal, “porque el progreso no cansa”–, Llaryora decidió no ignorar los problemas que los opositores Luis Juez y Rodrigo de Loredo resaltan y que ya son el corazón de sus críticas hacia el oficialismo. Pragmático y posiblemente produciendo roces innecesarios, el candidato de Hacemos por Córdoba optó por exhibir esas complejas problemáticas.
El camino que eligió Llaryora es incómodo internamente, porque expone a Schiaretti. Y es inquietante, además, porque dispara una pregunta lógica que ya plantean los opositores, pero que también pueden formularse los electores de a pie, a los que Llaryora debe persuadir: ¿por qué Schiaretti y sus funcionarios no resolvieron estos temas antes, si llevan más de 20 años en el poder? ¿Por qué esperar a que asuma su sucesor?
El riesgo que elige correr Llaryora persigue un fin: no regalarle a los opositores la iniciativa en temas sensibles de impacto provincial que, con o sin reconocimiento del oficialismo, ya están en el debate público porque son anteriores a la campaña, aunque obviamente adquieren otro volumen ante la cercanía de la votación.
Llaryora tiene diferencias con Schiaretti, pero nunca las dirá en público, y tal vez tampoco en privado, a diferencia de lo que comentan algunos de sus alfiles. Los señalamientos son variados. Cuestionan que Schiaretti obturó las juntas departamentales el año pasado; que puso en peligro la relación con los intendentes excluidos por el rechazo a la “re-re”; que evitó adelantar los comicios como pidió en público el candidato, y, lo más doloroso para Llaryora: la separación de los comicios de la Capital con los de la provincia. El actual intendente quería demostrar que su gestión en la ciudad es suficientemente sólida para apuntalar a Daniel Passerini. La ciudad es para Llaryora lo que la Capital Federal es para Mauricio Macri: un bastión identitario.
Llaryora viene anticipando, a trazo grueso, por dónde buscará dar respuestas a esas demandas provinciales que reconoce preocupan hoy a la sociedad cordobesa.
Sobre la educación, planteó hace algunas semanas que el sueldo de los docentes requiere de un mayor esfuerzo del gobierno. Esa declaración a La Voz no cayó bien en el Panal en medio de la conflictiva negociación entre la Provincia y la UEPC. Sin embargo, voces schiarettistas admiten que “Llaryora no puede decir otra cosa”, ya que “está en campaña”.
Respecto de la salud, el intendente capitalino plantea que lo que viene es un “nuevo paradigma” de mayor articulación entre el sector público y el privado. Ejemplifica al respecto con lo realizado durante la pandemia de Covid por los dos actores del sistema.
Y sobre seguridad, acaso el tema más irritante para la sociedad y de mayor complejidad de resolución –porque no se resuelve sólo con volcar más recursos–, Llaryora propone la convergencia de fuerzas provinciales, federales y hasta del Ejército para atacar el flagelo narco que motivó la preocupación del arzobispo Ángel Rossi hace unas semanas.
Juez-De Loredo
“Si tiene la solución para todos los problemas en salud, en educación y en inseguridad, que lo haga ahora. Que no espere hasta el 10 de diciembre; son ellos los que están gobernando”, desafío Juez a Llaryora en las últimas horas.
El postulante de Juntos por el Cambio visitó el lunes a Rossi en la sede del Arzobispado. Con la autoridad máxima de la Iglesia Católica cordobesa compartió la preocupación por el crecimiento del narcotráfico en barriadas de la Capital y en pueblos del interior donde la venta de droga sólo una década atrás no existía o era diminuta.
Juez está cada vez más convencido de que De Loredo será su compañero de fórmula. El diputado radical parece darle la razón. “Vamos a poner toda la carne al asador”, reitera cuando se le consulta a qué será candidato.
De Loredo no termina de desactivar acciones con las que parece busca despistar al peronismo. Alienta que letrados de su entorno estudien las chances legales de que se anule la sesión del Concejo Deliberante en la que el oficialismo prohibió las candidaturas dobles. El off side de De Loredo asoma flagrante: celebrador de los renunciamientos (el propio, el de Mauricio Macri y el de su socio y amigo jesusmariense Luis Picat), sería contradictorio insistir con la posibilidad de duplicar candidaturas para sí.
En el juego de De Loredo comienzan a divisarse señales de un armado más allá de la suerte que corra el proyecto opositor este año. La posibilidad concreta de que intendentes y dirigentes de su corriente busquen lugares en la Unicameral habla también de un esquema de reaseguro para lo que vendrá tras el 2023.
