Más de 15 meses le llevó a la administración provincial de Martín Llaryora lograr las condiciones mínimas para iniciar una negociación económica con el gobierno de Javier Milei. Pese a que las formalidades empezaron antes, el proceso real de discusión comenzó hace unas dos semanas y es muy complejo, tanto por la variedad de los pasivos en análisis como por la magnitud del reclamo de Córdoba: casi mil millones de dólares.
El reclamo de la Provincia es por dos únicos conceptos: una compensación por obras que debía pagar la Nación y terminó afrontando Córdoba en la gestión de Juan Schiaretti y, principalmente, la exigencia de pago de los recursos que la Anses le retiene a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. A febrero pasado, esos dos ítems sumaban 981 mil millones de pesos y todo está judicializado.
En cambio, la Nación reclama a Córdoba el pago de deudas de escaso monto y complicadísima resolución: casi todos son saldos no pagados por municipios (con garantía provincial), algunos previos a 2001. El equipo que comanda el ministro Luis Caputo se toma de la dificultad técnica de esas redeterminaciones de saldos para estirar la discusión, mientras que el ministro cordobés Guillermo Acosta apura, por la magnitud de los recursos que le faltan a la Provincia.
Grietas libertarias
Desde hace dos semanas, esas conversaciones adquirieron otro ritmo por dos causas principales, ambas vinculadas a la fragilidad del poder libertario. La primera es la imperiosa necesidad de votos en el Congreso y de apoyo político de los gobernadores en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Llaryora explicitó tempranamente su respaldo y sus diputados apoyaron, a excepción de Natalia de la Sota.
La segunda causa que impulsa decididamente esta discusión por plata entre Llaryora y Milei es la endiablada relación del gobierno libertario con la Corte Suprema de Justicia de la Nación: es ahí donde están todos los reclamos de Córdoba.
Schiaretti hace dos años inició dos demandas en el máximo máximo tribunal del país, una por las deudas vinculadas con obras públicas y otra por la falta de actualización de los recursos que el gobierno de Alberto Fernández le mandaba a la Caja. Luego asumió Milei y cortó todos los envíos, por lo que Llaryora hizo dos nuevos reclamos en el marco de la causa vinculada con el sistema previsional.
Las quejas del gobernador por la inmovilidad de la Corte fueron reiteradas. Finalmente, luego de que el ministro Caputo publicara una foto con Llaryora y afirmara que el acuerdo con la Provincia de Córdoba estaba cerca, la Corte dio una clara señal a favor de esa negociación: convocó para el 23 de abril a Nación y Provincia para una audiencia de conciliación. La resolución de la causa no debería demorar, porque hay jurisprudencia y el reclamo es formalmente muy similar al del juicio que en 2012 ganó la administración de José Manuel de la Sota. Hasta el estudio jurídico es el mismo: García Lema.
En el gabinete provincial consideran que se trata de un avance, pero las expectativas son menos que moderadas. La aspiración de mínima es recuperar el flujo mensual de envíos de la Anses a la Caja –según la Provincia, deberían ser unos 20 mil millones de pesos al mes– y esperar el fallo de la Corte por la deuda.
La única provincia que hasta ahora logró un acuerdo por los recursos previsionales fue Entre Ríos, luego de que el gobernador Rogelio Frigerio hiciera gestos de acercamiento a La Libertad Avanza. Hace pocos días, fue el gobernador del Chaco quien, tras decir que se pasaba al oficialismo, recibió 120 mil millones de pesos en un solo envío. Dado el paupérrimo nivel de la institucionalidad libertaria, en el Panal consideran que el solo reconocimiento de la deuda será un gran paso.
Recuerdos amarillos
Pese a que la comparación es permanente, nunca como en estos días fue tan marcada en los despachos cordobeses la añoranza por los años de Mauricio Macri en el poder. A 10 meses de asumir, Macri le pagó a la gestión de Schiaretti la totalidad de la deuda que el kirchnerismo había acumulado con Córdoba. Fue apenas el primer gesto de la inmejorable relación que el fundador del PRO sostuvo luego con la Provincia y con los votantes cordobeses.
Macri vendrá el viernes a Córdoba a comprobar lo poco que queda en pie de esa construcción que entre 2015 y 2019 parecía indestructible. No obstante, sigue dependiendo mucho del expresidente la respuesta a una de las grandes incógnitas de la política local: ¿seguirán juntos o separados Luis Juez y Rodrigo de Loredo? El senador ya anunció que aspira a ser el responsable de la campaña de los libertarios para la elección del 26 de octubre. El diputado guarda la esperanza de que el PRO lo acompañe en la lista que quiere encabezar para continuar en la cámara baja. Hasta ahora, no hay señales que indiquen que ambos intentos vayan a confluir en una sola lista en Córdoba.
El peronismo cordobés, una vez más, apuesta a Macri para que la unidad entre sus adversarios sea dificultosa.
Y otra vez Llaryora trata de lograr con Milei lo que Schiaretti tuvo con Macri, ahora respecto de la posibilidad de contraer nueva deuda en dólares. Hoy como entonces la Provincia prepara una nueva colocación de bonos en el mercado internacional y se reitera la voluntad de Caputo para avalar esa nueva deuda de unos U$S 450 millones, con la que Llaryora planea hacer frente a la complicada cascada de vencimientos que le depara 2025. y además iniciar las obras que planea inaugurar en 2027.
La negociación con Caputo también incluye a la Municipalidad de Córdoba: hay avales para que Daniel Passerini logre atravesar el complicado frente financiero de la ciudad.
No son temas menores los que se están destrabando entre Córdoba y la Nación. Son los temas que determinan cuánto puede hacer la gestión provincial: el peronismo cordobés tal vez sea la fuerza política con mayor conocimiento y experiencia al respecto en todo el país.
