Son tiempos de extrema sensibilidad, que claramente indican vaticinios electorales para nada claros ni definitivos.
Si uno repasa todas las acciones y reacciones que generó un simple video de celular filmado por un conductor al que un oficial de la Policía Caminera le faltó el respeto, queda bastante expuesta la decisión del oficialismo provincial de levantar al máximo –casi hasta la exageración– todas las barreras que amortigüen los costos políticos de gestionar en tiempos de crisis, crispación social y con las urnas a la vuelta de la esquina.
Son hechos de mucha difusión, pero si se quiere anecdóticos si se los coteja con los problemas centrales que enfrenta la gestión de Hacemos por Córdoba, que coinciden con ese trípode de cuestiones de incumbencia provincial más sensibles para los ciudadanos: salud, educación y seguridad.
Es toda una señal que el candidato oficialista, Martín Llaryora, se haya encargado de decir –delante del propio gobernador Juan Schiaretti– que él tenía las soluciones a las cuestiones más candentes en esas áreas. Y que después de eso se haya ocupado de gestiones que deberían estar en manos de las autoridades en funciones.
Los llaryoristas le adjudican al intendente capitalino la suspensión temporal del diferimiento en los aumentos para una buena parte de los jubilados provinciales, en el contexto de todos los frentes abiertos con los estatales.
También sostienen que es el propio candidato el encargado de acercarles propuestas de mejoras a docentes y personal de Salud, con el ejemplo de lo que está haciendo en esos sectores en la ciudad de Córdoba.
La escala es bastante desproporcionada. Los docentes municipales capitalinos ganan sustancialmente más que los provinciales, pero representan menos del uno por ciento en la comparación entre ambas jurisdicciones.
En el equipo del intendente y candidato se siguen quejando, por lo bajo, de que desde el Centro Cívico faltan respuestas de tiempos electorales ante los reclamos estatales, que hace rato dejaron de estar contenidos por las estructuras gremiales tradicionales, sobre las cuales el peronismo cordobés estructuró parte de su poder.
Es más, uno de los funcionarios llaryoristas sugirió llevar a la ministra de Coordinación de la Provincia, Silvina Rivero, un dibujo financiero que permita calmar los reclamos por un par de meses, más allá de los finos cálculos de equilibrio de números en lo que resta de la gestión de Schiaretti.
El razonamiento en la Municipalidad es llegar al 25 de junio para asegurar la continuidad del poder. Y después se verá.
Sin gas
En el camino hacia las elecciones, ven una conflictividad creciente por una crisis nacional que augura tiempos sombríos y una proximidad peligrosa entre la votación provincial y la etapa proselitista nacional. En ese sentido, relativizan al máximo la instalación que podría tener dentro del territorio provincial la precandidatura presidencial de Schiaretti, ya que sigue sin aparecer en el tablero nacional de la sucesión del poder.
Además, ya no tienen el control total del escenario provincial. Hasta hace algunas semanas, en el peronismo cordobés daban por hecho que iban a lograr que el kirchnerismo local no llevase fórmula provincial, la cual fue presentada este jueves en sociedad por la propia Cristina Fernández.
A la par, no se han confirmado aún las nominaciones que podrían restar votos a la oposición provincial de Juntos por el Cambio, como las de La Libertad Avanza de Javier Milei y de Encuentro Vecinal Córdoba de Aurelio García Elorrio.
Quedan un par de semanas para esas definiciones, que son las que terminarán de configurar la oferta electoral cordobesa para el 25 de junio.
Restarán después poco menos de dos meses de una campaña que ya arrancó con extrema sensibilidad.
