En la antesala de una sesión crucial en el Senado, el gobernador Martín Llaryora elevó el tono y salió a presionar públicamente a los senadores que representan a la provincia. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales que, aunque sin nombrarlos, apunta de lleno a Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, de Juntos por el Cambio, quienes hasta ahora no se pronunciaron a favor de los proyectos que buscan garantizar la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Esperamos que los senadores defiendan los intereses del pueblo. Nosotros seguimos defendiendo nuestra provincia y a los cordobeses”, escribió Llaryora en el último párrafo de su publicación.
Antes, había remarcado que la propuesta, impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, no pone en riesgo el equilibrio fiscal del gobierno nacional, pero que sí afecta directamente a las provincias al retenerles fondos que están establecidos por ley.
El pronunciamiento llega en un momento clave. Este jueves se tratarán en el Senado varios proyectos, entre ellos el que exige coparticipar el impuesto al combustible, y otro que obliga al Ejecutivo nacional a repartir los ATN con criterios más transparentes. Ambos fondos son vitales para las provincias, especialmente en un contexto de ajuste, caída de la recaudación y subejecución de partidas presupuestarias.
El reclamo de Llaryora no es aislado. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ejecución de los ATN cayó 97% en el primer semestre del año en comparación con 2023.
Y respecto al Impuesto a los Combustibles, se trata de un tributo nacional que, actualmente, no es coparticipable, lo que contradice los principios establecidos por el régimen federal según el criterio de muchos constitucionalistas y funcionarios provinciales.
El planteo de los gobernadores es que esa recaudación, que en lo que va del año ronda los $1,2 billones, debería tener un componente automático de reparto.
“No pedimos más plata, pedimos que se cumpla la ley”, repiten desde los despachos provinciales.
En el caso de Córdoba, fuentes oficiales estiman que la provincia dejó de recibir más de $60 mil millones en el primer semestre por estos mecanismos.
Juez y Álvarez Rivero, bajo presión
El mensaje de Llaryora tiene un destinatario evidente: los senadores cordobeses de Juntos por el Cambio.
Juez, opositor férreo al gobernador, se mantiene en silencio público sobre su voto, aunque cerca suyo admiten que existe incomodidad por quedar entre la espada de Milei y la pared del reclamo provincial.
Álvarez Rivero, por su parte, tampoco confirmó su postura, aunque en votaciones anteriores ha acompañado proyectos del Ejecutivo nacional.
Ambos enfrentan una tensión política interna: responder al electorado cordobés que reclama fondos para la provincia, sin romper la alianza con el gobierno libertario.
En la vereda opuesta, la senadora Alejandra Vigo, del PJ cordobés, ya anticipó su voto positivo a las iniciativas.
