La derrota electoral de octubre muestra, dos meses después, toda su magnitud en el Gobierno de Córdoba. Mientras el presidente Javier Milei paseó el viernes su victoria por Nueva Córdoba y empieza a dejar en claro que su apuesta a futuro irá por la senda de los “puros”, el Panal reacciona en todos los frentes –y en sentidos a veces contradictorios– en el intento por retomar la iniciativa y apurar ahora las decisiones difíciles, con el objetivo de despejar el camino hacia 2027.
En una particular manera de admitir la derrota, el gobernador Martín Llaryora imita a Milei, su principal adversario, y acelera en las curvas.
La reacción es a las apuradas y con un libreto con frecuencia errático. Llaryora cambió de discurso y de rumbo tras el resultado electoral y ahora en el oficialismo predomina la sensación de que el tiempo para el reseteo de la gestión es tan escaso como lo son los recursos. La Legislatura de Córdoba vino regulando durante dos años su pachorra de sesiones quincenales y comisiones remolonas, pero este diciembre sesionará todas las semanas. Incluidos el 23 y el 30 de diciembre.
Está tan gastado el truco de amontonar cerca de las fiestas de fin de año las discusiones que el poder no se anima a dar con tiempo y argumentos suficientes, que la dinámica sólo sirve para maximizar sospechas. El peronismo cordobés insiste con la fórmula, como si no llevara un cuarto de siglo reiterándola. “Mal no nos fue”, razonan los 36 que, antes de saber de qué se trata, saben que votarán a favor: las sesiones claves son las que anteceden a Navidad y Año Nuevo.
Nueva estructura vip
La semana pasada ya se observó esa dinámica en la bochornosa discusión sobre la Procuración Penitenciaria, un organismo que, dada la ingente tarea que tendrá –si cumple su función de control– ante la desmadrada situación de las cárceles de Córdoba, merecía una discusión más profunda y menos plagada de sospechas.
El oficialismo no consultó a nadie antes de crear ese organismo supuestamente técnico. Ni siquiera en el Ministerio de Seguridad se hicieron cargo de la iniciativa que presentó Nadia Fernández y que muchos atribuyen a Juan Manuel Cid.
El Consejo para la Planificación Estratégica (Copec), que en esta gestión tiene como función prioritaria el asesoramiento en seguridad pública, no conocía la propuesta. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió antes de la aprobación de la ley que el diseño institucional elegido no sirve para resolver los incumplimientos de Córdoba con las exigencias de los tratados internacionales sobre el sistema penitenciario. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba cuestionó la ausencia de concursos públicos para la integración del nuevo organismo, además de la ausencia de una discusión más profunda.
El debate sobre el sistema carcelario fue secundario. Lo que se observó fue la decisión de crear una nueva estructura burocrática con los sueldos máximos del Poder Judicial y la inamovilidad de los jueces, pero puesta a dedo por el Ejecutivo, al que supuestamente debe controlar la Procuración Penitenciaria.
El intento inicial por dotar de jubilaciones de privilegio a los siete nuevos cargos fue la evidencia más palpable de que la brújula del peronismo cordobés está sin norte: el proyecto establecía que los afortunados ocupantes de la Procuración Penitenciaria iban a poder jubilarse con haberes del máximo rango, aunque tuvieran apenas unos años en los cargos que acaban de ser creados.
Alguno de quienes se tomaron el trabajo de leer el proyecto advirtió que era demasiado, sobre todo porque en las dos semanas que vienen la Unicameral no sólo aprobará un incremento de aportes a los empleados públicos, sino que planea avanzar con recortes a las jubilaciones más altas del insostenible sistema previsional provincial.
Al final, se eliminaron los artículos que asignaban jubilaciones de privilegio a los siete nuevos cargos y se dispuso que el procurador penitenciario durará cinco años en el cargo, mientras que los procuradores adjuntos –que pueden ser hasta cuatro– sí serán inamovibles. Este absurdo mecanismo, que hace tiempo potencia las internas en la segunda línea del Ministerio Público, se reiterará ahora en la Procuración Penitenciaria vip.
El Ejecutivo niega que esas designaciones vayan a ser inmediatas. En el Panal también descartan que uno de los cargos esté reservado para el abogado y concejal capitalino Ricardo Moreno. En cambio, nadie niega que se le esté buscando otro cargo a Alejandro Pérez Moreno, designado por Llaryora hace sólo un año como fiscal general adjunto.
La apuesta del gobernador por Carlos Lezcano para la Fiscalía General sorprendió, por su anticipación y por la tímida relevancia de la actuación de este juez de control. Sorprende todavía más el apoyo que el juecismo se apresta a darle a la designación de este exsocio de Luis Juez, que saltó al delasotismo justo en el momento de máxima beligerancia entre el actual senador y el exgobernador fallecido. Será designado sin sobresaltos.
Recorte, ¿y bonos?
Con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, el peronismo cordobés hizo tres reformas previsionales profundas, y además aplicó en numerosas ocasiones medidas de ajuste transitorio.
Todas y cada una de las veces lo hizo previa consulta al Tribunal Superior de Justicia, luego de que en 2008 un tope similar al que se quiere establecer ahora fuera rechazado por el máximo organismo provincial. No está tan claro que esta vez el proyecto que el Panal le hizo presentar al socialista aliado Matías Chamorro haya pasado por esa consulta previa. Pero todo indica que esa será la base sobre la que Llaryora acelerará en las dos próximas semanas, con el objetivo de reducir el déficit previsional que para 2026 se proyecta de 750 mil millones de pesos.
Lo que el Panal define por estas horas es un mecanismo nunca aplicado, al menos en esta magnitud: fijar un tope como el que rige para las jubilaciones nacionales en los haberes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba y pagar el resto con un título previsional.
La propuesta de Chamorro establece un límite de 2,5 millones de pesos, pero el Ejecutivo no descuenta que durante el debate legislativo se suba la línea del corte hasta los tres millones: lo que exceda esa cifra se saldaría con un bono o un título de deuda cuyo plazo de pago estará vinculado a la edad del beneficiario y devengaría intereses según la tasa pasiva del Banco Central.
La medida supone un diferimiento para el sector de mejores ingresos y afectaría a unos 15 mil jubilados del Poder Judicial, exfuncionarios, bancarios y algunos jubilados de Luz y Fuerza y el Suoem. A cambio, Llaryora ofrecerá subas a los jubilados docentes y a los otros agrupamientos que constituyen la base de la pirámide previsional.
Política pura y dura, con argumentos de redistribución y justicia social. La lógica que rige la decisión es que los cordobeses votaron por el ajuste y contra la casta beneficiaria del Estado. Milei también parece haber convencido a Llaryora.
La apuesta de fondo del Panal es que antes de que avancen los seguros juicios contra ese recorte, haya un acuerdo con la Nación por la gigantesca deuda de la Anses con la Caja. O las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales sean conducidas hacia la decisión que no quisieron tomar en la década de 1990.
