El gobernador electo Martín Llaryora está plasmando en la práctica la promesa que hizo durante la última campaña provincial referida a la inclusión de dirigentes extrapartidarios en la nueva gestión provincial que encabezará a partir del 10 de diciembre.
Desde que regresó del exterior la semana pasada tras la larga gira que lo tuvo fuera del país, Llaryora no ha parado de terminar de delinear su gabinete. Además, junto al intendente electo Daniel Passerini, está consensuando el equipo de trabajo para la continuidad de la gestión en la Municipalidad de Córdoba.
En ambos esquemas habrá dirigentes del PRO, el espacio político que fundó el expresidente Mauricio Macri y que en Córdoba muestra una maleabilidad que en la propia fuerza la atribuyen a la falta de un liderazgo que contenga a la tropa “amarilla”.
La incorporación al llaryorismo de nuevos dirigentes del PRO no es lineal ni forma parte de un acuerdo monolítico entre la fuerza que aún integra formalmente Juntos por el Cambio y el peronismo cordobés.
El arribo al PJ de hombres y mujeres del PRO depende de negociaciones que en algunos casos se hacen de manera grupal y que en otros son individuales.
Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Juárez y gobernante de la ciudad más importante en manos del PRO –la otra es Villa Allende–, será ministro de Industria provincial. Se trató de un acuerdo “mano a mano” entre el marcosjuarense y Llaryora.
Pero hay otros acuerdos más ambiciosos. El miércoles, mientras en la Unicameral se debatía una serie de polémicos proyectos que tuvieron el rechazo de la mayoría de la oposición, en el despacho de Llaryora del Palacio 6 de Julio se terminaba de cerrar el principal entendimiento que engloba a varios dirigentes del PRO y el próximo gobernador.
En esa negociación se incluyó otro sillón importante para otro hombre del PRO: Darío Capitani. El legislador provincial, titular de la bancada “amarilla” y excandidato a intendente de Villa María, será el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, un área clave para la industria de los servicios en la provincia.
En esa agencia habrá una silla en el directorio para un técnico de confianza de Gustavo Santos, quien fuera titular de esa cartera en las gestiones de Schiaretti y de José Manuel de la Sota. Santos, hoy en Madrid, al frente de un cargo de mucho peso en la Organización Mundial del Turismo, mantiene una excelente relación con Llaryora y con Passerini.
Ese esquema que encabeza Capitani tiene conexiones fuera de Córdoba que le dan volumen de proyecto político nacional –hoy aún embrionario– a la jugada que se está concretando.
Llaryora y este grupo de dirigentes del PRO de Córdoba imaginan un acople que podría cristalizarse en la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. En eso está trabajando Nicolás Massot, el electo diputado nacional, que volverá a tener protagonismo en lo que se proyecta será una bancada de centro en la que podrían confluir con los diputados nacionales de Córdoba Federal. Se habla de un interbloque a futuro.
Capitani nunca cortó lazos con Massot y el grupo de dirigentes que crecieron bajo la tutela de Emilio Monzó. En esa misma constelación órbita la figura de Rogelio Frigerio, el flamante gobernador electo de Entre Ríos.
Todo ese conglomerado de dirigentes moderados del PRO, que tienen vínculos con Horacio Rodríguez Larreta, son las terminales nacionales de los acuerdos que están en ciernes en Córdoba. Hay muchas expectativas en darle volumen a ese grupo.
Si bien Llaryora y el expresidente Mauricio Macri han hablado por teléfono en las últimas semanas, el rol del exmandatario en esta jugada no es directo. Los acuerdos locales tienen la impronta de los dirigentes del PRO de Córdoba. De hecho, Macri y Patricia Bullrich están enfrentados con este sector dialoguista del partido “amarillo”.
Con la intermediación de Santos, Macri se había reunido el ano pasado con Llaryora en una reunión que debió ser secreta, pero que rápidamente se filtró y generó inquietud en filas de Juntos por el Cambio Córdoba. La relación entre Llaryora y Macri se pausó este año cuando el líder del PRO decidió apoyar a Luis Juez en la disputa por la gobernación provincial. Desde hace un tiempo, el diálogo se retomó.
Impacto local en la Unicameral y el Concejo Deliberante
En la jugada a varias bandas que tiene en la cabeza Llaryora hay un aspecto determinante: los movimientos de sumar dirigentes del PRO deben incluir el apartado local vinculado con romper la paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura que derivó del resultado provincial de junio pasado.
En ese marco, hay distintas opciones sobre la mesa acerca del posicionamiento que adoptarán los cuatro legisladores del PRO que asumirán en la Unicameral el 10 de diciembre.
Si bien el objetivo de máxima de Llaryora es lograr que ese cuarteto se constituya en un bloque propio y trabaje de manera articulada con el oficialismo para barrer con la paridad 33 a 33 con la que se iniciaría la nueva Unicameral si no hay cambios antes, lo concreto es que a esta altura ese trabajo aún no está concluido.
Karina Bruno, Ignacio Sala, Patricia Botta y Oscar Tamis no responden a un mismo liderazgo, lo que impide ir a la velocidad que pretende Llaryora.
Los movimientos también incluyen a la Municipalidad. El nombre del legislador Alberto “Tucho” Ambrosio –que termina su mandato en unas semanas– aparece como una posibilidad en esquemas que se trazan en el Palacio 6 de Julio. El cierre de Ambrosio tiene la condición de que sea junto al electo concejal baldassista Gabriel Huespe. Hay quienes aseguran que de cerrar Ambrosio con Passerini y Llaryora, el futuro edil dejaría el bloque opositor en el Concejo Deliberante.
Vale recordar que Javier Pretto fue la primera pieza del PRO que se sumó al llaryorismo para ser vice de Passerini. Luego, Gabriel Frizza anunció su pase. El exintendente de Jesús María será secretario provincial en el nuevo Ministerio de Cooperativas y Mutuales.
Quien por el momento se mantiene sin movimientos y dentro de Juntos por el Cambio es la diputada Soher El Sukaria, concejala desde diciembre. Lo propio sucede con la diputada Laura Rodríguez Machado, con mandato en Diputados hasta 2025.
