El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, valoró la recuperaciçón del diálogo institucional con la Nación y consideró un avance la puesta en marcha de una mesa de discusión de los temas fiscales con las provincias. A la salida de la reunión donde estuvieron representadas las 24 jurisdicciones y el Gobierno de nacional, Llaryora consideró que el proyecto de “ley ómnibus” presentado ayer tiene altas chances de ser aprobado.
“Fue una buena reunión, muy extensa, en la que todos tuvimos la posibilidad de hablar en varias oportunidades y donde se escucharon todos los puntos de vista”, recalcó el gobernador en diálogo con La Voz.
También reiteró que fue la Nación –representada por el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse– la que insistió con la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y que en ese punto no hay coincidencia entre todas las provincias. Llaryora explicó que él propuso que sea un impuesto progresivo a los altos ingresos y “no un impuesto a sueldos de 800 mil pesos”. Recalcó que son varias las provincias que rechazan por completo la restitución de ese tributo, como las patagónicas.
No obstante, el planteo central del gobernador cordobés apuntó a los fondos que la Anses dejó de enviarle a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. “La Nación puede recortar fondos discrecionales, pero no puede cortar envíos establecidos por ley, como los previsionales”, explicó Llaryora tras la reunión. Informó que los funcionarios nacionales mencionaron la necesidad de auditar las cajas provinciales y recalcó que la Caja de Córdoba tiene sus cuentas ordenadas y auditadas.
“Les recalqué que durante años el kirchnerismo envió montos desactualizados y que ahora la situación es mucho peor, porque directamente los cortaron”, explicó Llaryora. Indicó que, al igual que varios otros gobernadores, advirtió sobre la posibilidad de presentar nuevas demandas judiciales por esos incumplimientos.
Llaryora recalcó que se trató de un buen punto de partida para la normalización de la relación institucional de las provincias y la Nación. Dijo que en la reunión se plantearon numerosas quejas, se objetaron recortes y se cuestionaron las descalificaciones del presidente Javier Milei contra los mandatarios provinciales, pero aseguró que en todo momento primó el diálogo constructivo.
El gobernador también señaló que el proyecto de ley es superador respecto al anterior en varios puntos que generaban resistencias. Se restringen las facultades delegadas y se respetan varios acuerdos previos. “Para Córdoba es fundamental el hecho de que se respete lo acordado en materia de retenciones y que no figuren las empresas nacionales radicadas en la provincia en el listado de las firmas a privatizar”, explicó. También recalcó que YPF no está incluida y que en los casos de Arsat y el Banco Nación, se prevé la posibilidad de incorporar capital privado, pero no la privatización total.
Llaryora también consideró que el encuentro tuvo alto valor político por la presencia de todas las provincias. “En términos generales, todos bajamos los decibeles, pudimos plantear una gran cantidad de temas y acordar los puntos centrales de la “ley Bases”.
Pidió celeridad en el tratamiento legislativo de los puntos acordados, y recalcó que una discusión fiscal por el alcance de Ganancias no debería impedir la aprobación de temas clave para la producción, como el régimen de fomento de las inversiones.
