Tras seis meses de baja consecutiva de la coparticipación nacional y estancamiento de los ingresos propios de la Provincia, Martín Llaryora anunció que había llegado la hora de la reducción de impuestos.
El proyecto de presupuesto 2026 que envió el Panal a la Legislatura fue la admisión de la derrota electoral del 26 de octubre a manos de los libertarios: Provincias Unidas no logró lo que esperaba y el cordobesismo pasó del discurso del Estado presente a promocionar un “plan histórico” de reducción de impuestos.
Hay desconcierto en el peronismo. Pero también hay muchas dudas entre quienes más conocen a Llaryora, porque el gobernador descree del efecto productivo de la reducción de impuestos. Y porque entiende que los años en que no hay elecciones, hay que “hacer caja” para los años que siguen: así lo hizo en todas sus experiencias de gestión.
Según los cálculos oficiales –la oposición dice que se trata de guarismos incomprobables, y también se escuchan dudas empresarias– son casi 900 mil millones de pesos que el Estado provincial dejará de cobrarle al sector privado en 2026, a la espera de que haya crecimiento económico y eso compense la caída de recursos.
Llaryora hizo lo mismo que la mayoría de los votantes: pese a que la economía real cordobesa no da signos de recuperación, “eligió creer” en la promesa de crecimiento y aplicará una reducción que debe observarse en los cedulones del Inmobiliario. Lo de Ingresos Brutos es más difícil de constatar.
Procurará sostener con nueva deuda las obras públicas –habrá colocaciones en dólares a partir de marzo o abril– y no tiene otra alternativa que enfrentar la enésima crisis del sistema previsional, un laberinto sin salida en el que el cordobesismo ya estuvo en numerosas ocasiones.
Pese a las sucesivas reformas jubilatorias de 2012, 2015 y 2020, y a los frecuentes manotazos de emergencia al bolsillo de los empleados activos, en ningún momento los cordobeses que tendrán paupérrimas jubilaciones de Anses dejaron de aportar recursos del Tesoro al sistema previsional de los empleados estatales, que viene perdiendo privilegios pero sigue pagando haberes más altos que los nacionales.
A la Caja hoy le faltan 55 mil millones de pesos al mes y sólo recibe de la Anses cinco mil millones (eso sólo es seguro hasta abril). Cuando termine 2025, el rojo anual llegará a 718 mil millones. A este ritmo, y combinando el déficit con la baja de impuestos, 2026 se vuelve muy complicado para la administración provincial.
Sin precisiones sobre lo que planea hacer Milei con el sistema previsional, Llaryora optó por reiterar lo que ya hizo cerca de la Navidad de 2023: subirle cuatro puntos extra los aportes a los empleados que más ganan. Otra “caja” de fin de año.
Marcar diferencia
Para evitar que, pese a las enormes diferencias salariales que hay entre los aportantes a la Caja, la protesta termine igualando en rechazo a todos los estatales, el Gobierno apostará a un esquema diferencial: quienes aportarán los cuatro puntos extra son los bancarios, los judiciales, los funcionarios del Ejecutivo, los empleados de la Municipalidad de Córdoba y los empleados de Epec. Casi todos ellos ya tienen descuentos del 22 por ciento y pasarán al 26 por ciento, entre Apross y la Caja.
Pero todo indica que habrá una señal para quienes menos cobran: docentes, personal de Salud y policías –que son la mayoría de los empleados– no tendrán suba y es posible que tengan una reducción de aportes. También se analizan cambios en el esquema que castiga el doble haber: desde el Panal, sostienen que todas las medidas estarán destinadas a mejorar a los jubilados que están en la base de la pirámide, como ya ocurrió cuando obtuvo los 5.000 millones mensuales de la Anses y subió la mínima $ 380 mil a $ 700 mil, además de establecer un bono bimestral de $ 100 mil para quienes cobran menos de $ 1,3 millones. También en este frente el cordobesismo se está inclinando hacia el modelo que la Nación aplica desde hace años con los jubilados nacionales, que en su inmensa mayoría cobran la mínima.
Llaryora apunta a amigarse con la mayoría de los jubilados y atacar otro frente: son unos 20 mil pasivos los que generan la mayor parte del déficit de un sistema que tiene más de 116 mil jubilados y pensionados. Subirles los ingresos a los activos de esos sectores es el primer paso en ese sentido.
El caso de los bancarios es el más extremo, por el alto nivel salarial que impacta en el cálculo de las jubilaciones y por la abrupta disminución de la cantidad de activos. Hay apenas 2.196 trabajadores aportantes y 5.572 jubilados que tienen una jubilación media de tres millones de pesos. El agujero que provoca ese sector es de casi 150 mil millones en 2025.
Todos estos elementos fueron planteados la semana pasada por el legislador Facundo Torres, quien asumió el rol político que deja vacante Miguel Siciliano en la Legislatura por su paso al Ejecutivo como “ministro de la Capital”.
En un mensaje que pretendió advertir a los gremios sobre los riesgos de un conflicto que el Panal teme, Torres mencionó la posibilidad de “entregarles” la Caja a los gremios –para que la administren sin recursos extra del Tesoro provincial– y también la de transferirla a la Nación. Además, planteó la posibilidad de ir a un plebiscito para preguntarles a los cordobeses si quieren seguir poniendo 716 mil millones de pesos anuales para sostener las jubilaciones de los estatales.
Más allá de la advertencia, el discurso del oficialismo tiene un dejo de impotencia: no se observa una salida para la crisis de la Caja. El esquema ideado por Eduardo César Angeloz colaboró en la crisis terminal que vivió Córdoba en 1995, no fue resuelto por Ramón Bautista Mestre –intentó una restricción por decreto que la Corte consideró inconstitucional– y el peronismo cordobés ya realizó tres reformas que le quitaron al sistema provincial muchos beneficios, pero no le resolvieron el déficit.
Hoy está claro que Javier Milei no piensa restituir transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas y con las que la Nación se desentendió por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia hizo lo mismo, a la espera de que la Nación avance en la reforma previsional que anuncia: se supone que recién ahí se definirá la suerte de las cajas provinciales. Mientras tanto, ni agua.
En estas condiciones, los gobernadores que lleguen a esa instancia sin que el incendio de las cajas previsionales incinere sus administraciones completas, posiblemente evalúen la posibilidad que en los años 1990 prefirieron evitar: la transferencia a la Nación.
Llaryora anunció una baja de impuestos en la que no cree demasiado y está ingresando a un conflicto con los estatales que no tenía planificado. Perder una elección siempre obliga a cambiar los planes.
