Miércoles 14 de mayo, 11 horas, Palacio de Tribunales porteño. Una cita que el gobernador Martín Llaryora tiene marcada con rojo en su agenda. Será la segunda audiencia de conciliación que convocó la Corte Suprema de Justicia, en el diferendo entre el Gobierno provincial y la Nación por la deuda de casi 1.000 millones de dólares que Córdoba le reclama a la Anses, por los incumplimientos con la Caja de Jubilaciones cordobesa.
Será el segundo encuentro, luego del primero que se realizó el 23 de abril pasado. La expectativa del gobernador Llaryora, quien estará presente en la audiencia, es que los funcionarios libertarios hagan una propuesta concreta para resolver el conflicto, sin esperar un fallo del máximo tribunal.
Al mandatario provincial lo acompañarán en la audiencia el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y los ministros Guillermo Acosta (Economía), Julián López (Justicia) y Daniel Pastore (Vinculación Comunitaria y Comunicación).
Además de los letrados del prestigioso estudio jurídico porteño García Lema, que asesora en este juicio al Gobierno de Córdoba, como lo hizo con la gestión de José Manuel de la Sota, en el año 2012, con el fallo que favoreció a la Provincia, en 2015.
Se tratan las dos demandas que Córdoba presentó ante la Corte Suprema en 2023, impulsadas por el entonces gobernador Juan Schiaretti. Llaryora le agregó el reclamo de los fondos del año pasado y los cinco meses de este año.
Con las actualizaciones se llega a los 1.000 millones de dólares que reclama Córdoba.
Llaryora descuenta que la Anses no hará una oferta para pagar el total de la deuda. Es probable que la Nación haga una propuesta de un pago mensual, y seguir discutiendo el resto de la deuda, con bonos o bienes.
El objetivo del gobernador es recuperar un “flujo mensual” de la Anses para la Caja de Jubilaciones. Desde enero de 2024, la gestión libertaria no mandó ni un peso a caja provincial.
El último pago fue el 20 de diciembre de 2023, cuando Milei llevaba 10 días en la Casa Rosada, pero el desembolso de 1.070 millones había sido resuelto por la anterior gestión de Alberto Fernández.
En la delegación cordobesa hay expectativas de que haya una oferta concreta de la Nación para tratar de acordar. Este optimismo se basa en el sentido común. El reclamo de Córdoba está avalado por leyes vigentes, por lo cual lo más probable es que la Corte Suprema falle a favor de la Provincia, como ocurrió en 2014.
Sería una jurisprudencia negativa para el Gobierno nacional, ya que impulsaría a que una decena de provincias también recurran a la Corte para reclamar deudas de la Anses.
Además, si hay un fallo favorable del máximo tribunal, la Nación estaría obligada a pagar en un corto plazo, y el total de la deuda.
De allí que Llaryora y sus funcionarios van convencidos de que habrá una propuesta concreta. Falta conocer los números de esa posible vía de acuerdo.
Expectativas en Córdoba
Sobre cuál será la oferta de los funcionarios nacionales, entre los cuales habrá representantes de la Anses, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano, cartera de la que depende la Anses, en Córdoba posan la mirada en la provincia de Entre Ríos.
Meses atrás, el gobernador macrista Rogelio Frigerio cerró un acuerdo con la Anses para recibir 2.000 millones de pesos mensuales.
El déficit del sistema previsional entrerriano es la mitad del de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
De allí que en el entorno de Llaryora deslizan que la oferta de la Nación podría ser de unos 4.000 millones mensuales.
Según los números de la Caja de Jubilaciones, la Anses hoy debería estar girando unos 20 mil millones de pesos mensuales, para cubrir parte del déficit del sistema previsional cordobés.
Lo más probable es que Llaryora exija la mitad de esa suma para acordar. Sería un cálculo muy optimista. Otra destacada fuente oficialista pronosticó que la oferta no superará los 5.000 millones de pesos mensuales.
En el Centro Cívico también admiten que no pueden aceptar cualquier oferta, ya que descuentan que en el caso de haber un acuerdo, los gremios estatales cordobeses que están negociando paritaria exigirán mejorar la situación de los jubilados provinciales.
El 50% del sector pasivo provincial hoy cobra los aumentos que perciben los activos con 60 días de retraso, por el diferimiento que en su momento impuso Schiaretti, y Llaryora agudizó el año pasado.
Es uno de los principales reclamos de los gremios para acordar la paritaria.
Llaryora tiene otro as en la manga: en caso de no haber acuerdo, podría pedir una cautelar para que la Corte Suprema ordene a la Anses el pago de una cifra mensual, hasta el fallo definitivo.
Es una alternativa, pero el gobernador medirá sus pasos. Pedir una cautelar sería volar los puentes de diálogo con la Casa Rosada, algo que por ahora Llaryora evita, más allá de sus diferencias –que son públicas– con las políticas que impulsa el presidente Milei.
El antecedente de 2015
La Corte Suprema falló a favor del reclamo del Gobierno de Córdoba en noviembre de 2015. A la demanda la había presentado el entonces gobernador José Manuel de la Sota, en julio de 2012.
El juicio fue por unos 1.070 millones de pesos, por el 15% de coparticipación que la Nación les sacaba a las provincias para financiar a la Anses. Sin embargo, les retaceaba los recursos a las cajas provinciales.
Aquella sentencia de noviembre de 2015 tuvo que ser cumplida por Mauricio Macri, cuando asumió la presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de aquel año.
Por una sugerencia de Schiaretti, quien inició su segundo mandato en ese año, la gestión macrista convocó a todos los gobernadores a firmar un nuevo Pacto Fiscal, que significó devolución de coparticipación a todas las provincias. Schiaretti recibió obras como parte de pago del fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia.
