El parche cada vez dura menos. Desde el regreso de la democracia en 1983, el sistema previsional de la provincia de Córdoba atravesó una serie de reformas y “adecuaciones” impulsadas por distintos gobiernos, la mayoría de signo peronista. El objetivo era recurrente: sostener financieramente una Caja de Jubilaciones estructuralmente deficitaria, en un contexto de envejecimiento poblacional, regímenes especiales discutibles y costosos, y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes y beneficiarios.
Pasaron apenas cinco años del último remiendo. El problema sigue ahí. Y, para peor, se agiganta.
Aunque los cambios se sucedieron bajo distintas administraciones y signos políticos, existe un hilo conductor claro: todas las reingenierías apuntaron, sin éxito, a contener el gasto, a modificar el cálculo de los haberes o a alterar la movilidad.
Al gobernador Martín Llaryora le toca ahora intervenir de manera más decidida y problemática en el talón de Aquiles de la administración provincial. El debate se ha reinstalado porque el Panal ya exhibió las alternativas que baraja para evitar que el creciente agujero previsional comprometa la sustentabilidad de la gestión, principal activo de Llaryora si quiere seguir en el poder más allá de 2027.
En ese dilema está parado el gobernador de cara a 2026. Debe sopesar entre asumir algún tipo de costo político por comerles a los estatales una porción más amplia de sus salarios en aportes –hasta cuatro puntos extras respecto de lo que aportan hoy– para que financien el sistema del que terminarán cobrando cuando se jubilen, o cargar sobre las espaldas del resto de los contribuyentes esa pesada herencia de la que jamás obtendrán ni un solo centavo. Llaryora parece decidido a tomar la primera opción. Lo que resta saber –y no es menor– es la instrumentación de la nueva poda.
Hay alternativas sobre la mesa. El menú elegido podría combinar algún tipo de criterio que se presente públicamente como más equitativo y proporcional. Hay un objetivo claro de fragmentar el reclamo gremial. Podría ser un mix: suba de aportes para el grupo de activos que más ganan y tope de haberes para el grupo de pasivos con mejores beneficios.
En esta línea, ya hay un polémico proyecto presentado en la Unicameral por un legislador aliado: plantea un haber máximo de $ 2,5 millones por beneficiario y el excedente por pagar con bonos o con otro tipo de instrumento. Entre la suba de aportes y el eventual cepo a las jubilaciones más elevadas, se calcula un ahorro de $ 500 mil millones.
Son las alternativas en análisis en medio de una tensión creciente de los gremios estatales, que habilitaron una mesa de diálogo que sólo seguirá en pie hasta que el Panal elija por qué opción de recorte se inclinará.
Lo único claro es que Llaryora no hizo esta movida para no tocar nada. Una reestructuración a fondo volverá a quedar para quien venga. Que podría ser el propio Llaryora. El gobernador prepara el terreno, además, por temor a que la administración Milei interrumpa en abril el envío de $ 5 mil millones mensuales. Ese flujo representa apenas una cuarta parte de lo que le corresponde a Córdoba por no transferir el sistema a la Nación.
El déficit de la Caja proyectado para el año que viene supera los $ 800 mil millones. Representa casi la totalidad de la anunciada “rebaja histórica” de impuestos que, de manera exagerada, el Gobierno proclama para 2026.
El problema de siempre
Durante el ciclo de reformas previsionales nacionales de los años 1990, Córdoba tomó una decisión clave: no transferir su Caja de Jubilaciones al sistema nacional. Mientras otras provincias cedieron sus regímenes a la Anses, Córdoba y otras 12 provincias preservaron sus sistemas propios, con haberes históricamente más altos y con numerosos regímenes especiales.
Esa decisión política, que reforzó la autonomía provincial, terminó convirtiéndose en una espada de Damocles para todas las administraciones. Hasta ahora, el resultado de la política fue siempre el mismo: patear para adelante, bajo el convencimiento de que para los jubilados estatales nada podría ser peor, en términos económicos, que pasar a manos de la Anses.
En medio de semejante discusión, la política y los gremios brindan por estas horas espectáculos repulsivos. Probablemente, este jueves el oficialismo en la Unicameral votará la creación de una Procuraduría Penitenciaria. Se trata de una nueva estructura que tendrá control sobre el sistema penitenciario. El problema no reside ahí, sino en los siete cargos ¡vitalicios! que propone la iniciativa y con las categorías salariales más altas de la administración. No parece la mejor forma de sanear un sistema que ya está quebrado.
La otra imagen repugnante la exhibió el propio sindicalismo. En la marcha que encabezaron los gremios el martes para reclamar por la Caja, sobresalió en primera fila Jorge Molina Herrera, secretario general de Luz y Fuerza recientemente condenado por la Justicia a cuatro años y medio de prisión por defraudar a los afiliados.
Un poco de coherencia, por favor.
