Martín Llaryora pudo festejar en el anochecer del miércoles pasado la aprobación de la ley que le permitirá –con un ajuste a los empleados públicos– inyectar una cuota de oxígeno financiero a las exhaustas arcas de la Caja de Jubilaciones y de la obra social provincial Apross.
Ambos organismos están “quebrados”, admiten por lo bajo funcionarios provinciales y legisladores oficialistas.
Nadie habla de los responsables, pero los dos entes públicos que tienen presupuestos y agujeros financieros millonarios vienen siendo administrados desde hace 24 años por gestiones peronistas.
El nuevo gobernador no puede hablar en público del tema porque le generaría ruido con su principal socio político y mentor, el exgobernador Juan Schiaretti.
Quienes recuperaron la memoria son los líderes de los gremios estatales, quienes responsabilizan a la anterior gestión schiarettista por el descalabre financiero de ambos organismos públicos.
No obstante, por lo bajo, desde el Centro Cívico les recuerdan a los estatales que los gremios tienen representantes en el directorio de Apross.
Llaryora ganó la pulseada al aumentar los aportes personales a los empleados públicos, que en los próximos meses van a perder por partida doble: no recibirán aumentos en línea con la inflación, como habían acordado con Schiaretti; además, sentirán en sus bolsillos el recorte por la suba de los aportes personales.
La ley aprobada el miércoles en la Legislatura le permite a la Provincia aumentar un 2% los aportes para la Caja y otro 2% para Apross, recortes que ya impactan en los salarios que los empleados públicos comenzaron a cobrar este viernes.
El gobernador, además, tiene la potestad que le brinda la nueva ley de subir otro 2% los descuentos para la Caja. Una cuestión que seguramente se concretará más temprano que tarde.
Según las estimaciones que hicieron los legisladores oficialistas, la gestión llaryorista recaudará más de 5.000 millones de pesos con este ajuste sobre los agentes activos.
Por los incumplimientos de la Nación, el Tesoro provincial debe aportar 12 mil millones de pesos mensuales para paliar el rojo de la Caja. Con el ajuste a los estatales, Llaryora casi cubrirá la mitad de ese déficit.
Al resto espera cubrirlo en la negociación que entablará con la Anses. Una discusión que no tiene tiempo ni certezas.
“Esta vez, al ajuste para sostener a la Caja lo pagarán los activos y no los jubilados”, dijo Llaryora a quienes lo escucharon en la intimidad de su despacho en los últimos días.
Llaryora ganó una batalla, pero está lejos de ganar la “guerra” que le declararon los gremios estatales.
La fuerte reacción del jueves pasado, con paro y movilización, parece el comienzo de un plan de lucha “de largo aliento”, como pregonan los referentes estatales. Sobre todo, alguien a quien Llaryora conoce muy bien: Rubén Daniele, el impulsivo titular del gremio de los municipales capitalinos.
El histórico referente del Suoem fue categórico para calificar al gobernador, con todo tipo de calificativos soeces. Daniele debió pasar tiempo atrás por Tribunales por sus exabruptos verbales.
Verano caliente
A partir del 15 de enero, se viene otra negociación, que puede aumentar la tensión entre el Centro Cívico y los estatales: los funcionarios llaryoristas y los gremios deberán ponerse de acuerdo por el aumento salarial de enero, que debe contemplar la inflación de diciembre.
El dato de la inflación del corriente mes en Córdoba se conocerá en la segunda semana del mes próximo, justo cuando arranque la negociación salarial. Todos los pronósticos marcan que será altísima, cercana al 25%.
El acuerdo paritario que en septiembre firmaron con el entonces gobernador Schiaretti estipulaba que la inflación de noviembre, diciembre y enero se pasaba directamente como aumento salarial.
Llaryora ya denunció ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia que su gestión no puede cumplir ese acuerdo. Para el nuevo gobernador, esa paritaria “ya no existe”.
Los gremios tienen la opinión opuesta. Consideran que el acuerdo está vigente, porque figura en los papeles.
Se descuenta que el secretario de Trabajo, el oficialista Omar Sereno, confirmará que se cayó aquella paritaria y que las partes deberán volver a negociar.
A diferencia de Schiaretti, el flamante gobernador participa activamente de las discusiones con los estatales. Es su estilo. Llaryora habla más de lo que trasciende con los referentes gremiales, con excepción de Daniele. Y menos después del último insulto en público que le propinó el sindicalista municipal.
“El gobernador se enoja por algunas palabras mías, pero qué tendríamos que hacer nosotros si nos mete siempre el dedo en el trasero”, rezongó Daniele, aunque ya lejos de los micrófonos.
Llaryora llevará a la mesa de discusión salarial la potestad que tiene de subir otros dos puntos los aportes personales para la Caja de Jubilaciones. El mandatario provincial no está dispuesto a retroceder en su pulseada con los estatales.
Su postura no debería sorprender a los gremialistas. Fue lo que hizo cuando asumió como intendente de San Francisco, y luego en la Capital: enfrentarse con los gremios, para reducir salarios y destinar esos fondos a la gestión.
Los gremialistas tienen motivos para patalear, pero el gobernador está convencido de que ajustar a los estatales le traerá réditos políticos, además de más recursos.
En este contexto, esta pulseada será de largo aliento, como anticipó Daniele. Y Llaryora cree que tiene todo para ganar.
El pronóstico indica que Córdoba tendrá un verano caliente. No será sólo por las condiciones climáticas.
