Javier Milei no consiguió su “ley ómnibus” y hace una semana puso en cabeza de Martín Llaryora la principal responsabilidad política por ese fracaso. En simultáneo reapareció Cristina Fernández de Kirchner, pero las ráfagas de tuits y acusaciones presidenciales siguieron apuntando prioritariamente al gobernador de Córdoba.
Milei logró desconcertar a propios y extraños en la elección de Llaryora como circunstancial adversario. También logró alterar por completo los planes políticos del peronismo cordobés: no era ese el rol que pretendían Juan Schiaretti y su sucesor para el cordobesismo.
La decisión política del peronismo cordobés es bajarle los decibeles a esa pelea no buscada que, además, no tiene la aprobación mayoritaria de los cordobeses. Esta es la razón principal del cambio que desde esta semana se observará en la estrategia de Llaryora. Priorizar una gestión que multiplicó en pocos días su nivel de complejidad es la otra decisión que desde el viernes se transmitió en el Panal. La orden coincidió con una denuncia opositora por el uso de los aviones oficiales, y las reiteradas acusaciones presidenciales por el gasto excesivo del Gobierno cordobés.
El Presidente prometió represalias tras la caída de la ley, pero hacía ya un mes que había comenzado un ajuste que antes de afectar a “los gobernadores” ya recortó los ingresos de la mayoría de los argentinos, y muy especialmente de los jubilados. “Motosierra y licuadora”, según las categorías presidenciales, para festejar en las últimas horas que enero fue el primer mes de superávit financiero nacional en 12 años. Casi todas las provincias se encuentran en el sendero contrario y difícilmente Córdoba corra otra suerte.
Llaryora, que el 10 de diciembre arrancó como aliado de Milei, terminó dos meses después encabezando la lista presidencial de los “traidores”. Logró en esa vertiginosa pelea la visibilidad nacional que siempre quiso –por momentos, llegó a empardar a la mismísima Lali Espósito– y conservó la bandera de la defensa productiva de Córdoba, pero no pudo resolver el principal problema de su administración: los envíos nacionales para la Caja de Jubilaciones siguen siendo los mismos que en 2020. En el camino, se quedó sin la potencial ayuda de Osvaldo Giordano, eyectado de la Anses en medio de la pelea con “Córdoba”.
La trifulca es entretenida, pero la realidad que empieza a instalarse en Córdoba es cruel y cada vez más cuesta arriba. Con una inflación cercana al 50% en dos meses y la economía frenando en seco, los cordobeses se encuentran con gastos multiplicados, inseguridad creciente y un año lectivo que preanuncia alta conflictividad con los docentes. El costo del transporte se triplicó, la energía que provee Epec ya cuesta casi el doble y los peajes también subieron 100% en lo que va del año: no hay intento alguno de la Provincia por frenar esa escalada con fondos públicos.
Riesgo de implosión
Milei está quitando el soporte de recursos nacionales que sostenía a buena parte del sector estatal. Esa arquitectura laberíntica, opaca y a menudo corrupta, tenía problemas estructurales cada vez más graves, pero es evidente que evitaba el derrumbe que ahora está comenzando y que, según el Presidente, se sentirá más fuerte hacia abril: una implosión que amenaza con dejar sin aire a las provincias y que Llaryora –como todos sus pares– piensa adjudicarle enteramente al ajuste nacional.
Hubo en la semana un arsenal de medidas que afectan de modo sustancial a todas las provincias por igual. La coparticipación en enero bajó más de 11 puntos en términos reales, se eliminaron los subsidios al transporte del interior –también hay un ajuste inédito en el Amba– y también se canceló el Fondo de Incentivo Docente, con lo que las paritarias provinciales que ya venían complicadas, ahora son un polvorín. La de Córdoba se encuentra en esa situación y sin perspectivas de pronto acuerdo a una semana del comienzo de las clases.
Como ya ocurrió muchas veces, el transporte público anticipa las crisis cordobesas. La poda de subsidios nacionales, asociada a la estrepitosa suba del gasoil y de los sueldos de UTA, determinó que en 20 días la Provincia y la Municipalidad que administra Daniel Passerini apliquen dos subas que representan aumentos del 185% para los colectivos interurbanos y del 192% para el urbano. Hay que retroceder 30 años para encontrar tarifazos superiores y también hay que irse muchos años atrás para encontrar tal deterioro en la calidad del servicio. Las perspectivas no incluyen mejoras.
¿Algo de esto hubiera sido distinto si Llaryora no hubiera hecho enojar a Milei por ordenar que cinco diputados no voten algunos artículos de la “ley ómnibus”? Parece tan absurda esa idea como la pretensión llaryorista de transitar esta crisis sin realizar ajustes en el gasto provincial.
Llaryora es blanco de la furia política de los libertarios, pero lo real es que el ajuste hasta ahora fue en Córdoba igual de severo que en el resto del país.
Más allá del Excel
En los últimos días, no obstante, se observan datos que indican que el Gobierno nacional está comenzando a digitar algunas variables por fuera del Excel del ministro Luis Caputo. En Rosario crece la inquietud porque los vecinos ven menos fuerzas federales que en diciembre, cuando la ministra Patricia Bullrich anunció el Plan Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro, el principal socio de Llaryora y también apuntado por Milei por el fracaso legislativo.
Pero también se conoció que la provincia de Corrientes –donde mañana concurrirá Milei– recibió un ATN de 1.000 millones de pesos cuando el gobernador radical Gustavo Valdés aseguró el apoyo de un diputado a la “ley ómnibus”. Además, el ministro Guillermo Francos el martes visitará Salta para hacer las paces con Gustavo Sáenz y otros dos gobernadores del PJ, mientras La Libertad Avanza intenta una trabajosa fusión con el PRO en busca de alguna fortaleza legislativa.
El WhatsApp de los demás gobernadores está al rojo vivo. Intentan que la discusión vuelva al Congreso y todo indica que esta semana habrá una batalla decisiva en torno del Fondo de Incentivo Docente. Las conversaciones incluyen a radicales, díscolos del PRO, miembros de Hacemos Coalición Federal y, por primera vez, al bloque de Unión por la Patria. Sería otra jugada de riesgo para el peronismo cordobés, que juró no acercarse jamás al kirchnerismo.
Los límites de Llaryora son estrechos. Tanto en el Congreso como en la gestión provincial. Tanto en la paridad de la Legislatura como en los actos cotidianos de la administración que deben atravesar el Tribunal de Cuentas en manos de la oposición: el senador Luis Juez nunca había ejercido con mayor dedicación su rol de principal opositor. Otra incomodidad para un peronismo acostumbrado a gobernar sin restricciones.
