El gobernador Martín Llaryora retomó la cruzada federal que inició hace más de dos décadas José Manuel de la Sota y continuó luego Juan Schiaretti. De la Sota fue el primero en plantearle al Gobierno nacional –estaba Fernando de la Rúa como presidente– que era una injusticia lo que se llamaba entonces la “precoparticipación”: antes de repartir la recaudación entre todas las provincias, Anses detraía el 15% del total y lo derivaba a los jubilados y pensionados nacionales. Había 3,5 millones de beneficiarios: no estaban ahí los pasivos de 13 provincias que habían mantenido sus sistemas previsionales dentro de la órbita de la Anses.
De esa porción, Córdoba no recibía nada. Después de miles de horas de negociación, cambio de funcionarios, acuerdos, pactos y leyes, se logró que Nación reconociera esa asimetría. Mientras tanto, De la Sota y Schiaretti aplicaron tres reformas en el sistema jubilatorio local, que lo dejaron casi en idénticas condiciones que el que rige para quienes aportan a la Anses.
Desde 2019 Nación incumple su parte: enviaba fondos, pero sin actualizarlos. Así llegó a diciembre de 2023, transfiriendo apenas el 20% de lo que correspondía. Con Javier Milei a la cabeza, el aporte pasó a ser cero.
El consejo para Llaryora, apenas asumido, era poner el foco ahí y sólo ahí: cerrar un acuerdo para la Caja, al menos el flujo corriente, y dejar para después la discusión por los cuatro años adeudados. Son casi $ 10 mil millones al mes, el 15% de lo que demanda el pago de 114 mil beneficios de la Caja.
Pero el gobernador no fue por ahí. Para algunos observadores, vio la oportunidad de adelantarse en el pelotón de mandatarios y candidatos a ocupar la figura central del peronismo 2027. Se diferenció con el discurso de que en breve la Argentina tendrá la “paz de los cementerios”; reclama un plan productivo; asegura que no militará el ajuste fiscal; celebra que la obra pública no se detiene en la provincia, y se ufana de extender más la cobertura de los pasajes gratuitos en colectivo.
Costos de una negociación
El naufragio de la “ley ómnibus” le significó a la Provincia perder $ 890 millones al mes del Fondo Compensador del Transporte y 2.300 millones del Fonid. En conjunto, eso es un tercio de lo que se privó de recibir para la Caja.
Pero el gobernador retoma el discurso federal de sus antecesores como si el contexto siguiera igual, con un gobierno porteñocentrista como lo fue el de Cristina Fernández y hasta el de Mauricio Macri.
Y la realidad indica que eso ya no es así, o al menos va en camino de no serlo. Llaryora cuestiona que los subsidios nacionales para el transporte siguen intocables para la zona metropolitana de Buenos Aires, en detrimento del interior. El 10 de diciembre, el boleto de colectivo de hasta tres kilómetros costaba en Capital Federal $ 52. En enero subió a $ 76 y en febrero, a $ 270. Para abril, la tarifa anunciada es de $ 429,30. Acumulará así un aumento del 725%. Es cierto que todavía hay una porción de los salarios de UTA que asume el Gobierno nacional, pero también es cierto que se redujo de manera significativa el aporte nacional al sistema.
Lo mismo ocurre con las transferencias corrientes para la energía. Hoy, el precio del kWh es el mismo para todo el país. Sí varía la tarifa que le agregan las empresas que distribuyen y transportan la energía, y sí era cierto que le permitían a Edenor y a Edesur no pagar la energía que vendían, en compensación por no darles aumento tarifario sobre su VAD (valor agregado de distribución).
Los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y de Edesur, que rigen desde el 1° de febrero, implican subas del 150% al 300% y abarcan tanto a los N1 que no tienen subsidios como al N2, al N3 y a comercios. Edenor y Edesur todavía no regularizan sus cuentas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), pero el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró al resto de las distribuidoras (que amenazan con no pagar, como hacen Edenor y Edesur) que la situación se revertirá en breve.
El mayor descalabro está en los trenes metropolitanos, cuyas tarifas a diciembre apenas cubrían el 1% de los costos del sistema ferroviario, donde trabajan 31 mil personas, si se cuentan todas las dependencias. Si bien viajar en tren costará en abril $ 260, el exceso de gasto administrativo y el sobreempleo serán temas por resolver, al menos por lo que han declarado las autoridades.
En Aysa, la empresa que presta servicios de agua y cloaca en la zona metropolitana de Buenos Aires, el aumento a abril habrá acumulado 209%. Todavía no alcanza para bajar el subsidio a cero, aunque ese es el camino.
¿Alguien imaginaba que un gobierno (Sergio Massa o quien fuere) se iba a animar a aplicar semejantes tarifazos allí donde supo estar el núcleo duro de sus votantes? ¿Hubiera sido posible la retirada de los subsidios? Habrá que ver cuánta tolerancia social hay ante ese salto, pero el paradigma de cómo el Estado reparte lo que tiene (y lo que no) voló por los aires desde diciembre.
Llaryora tiene un pensamiento diametralmente opuesto a Milei en esa materia. “Hoy sopla el viento de que el Estado tiene que dejar sola a la gente, y eso no puede pasar”, dijo Llaryora en la Mediterránea. Y enumeró que la Provincia dará tres cuotas para pagar la electricidad cara de febrero; que extenderá los boletos educativos gratuitos a más gente y que hará más aulas para los chicos que ya no pueden pagar la escuela privada.
En clave cordobesa, parece un poco más de lo mismo que heredamos estos 20 años. Los votantes pulverizaron ese modelo y optaron por quien prometía el mayor ajuste de todos, un outsider de malos modos y sin experiencia, cultor de la antipolítica, pero que alega que el modelo del Estado presente hasta en la sopa es el que nos ha empobrecido.
El reseteo al que asiste la Argentina parece repeler la esencia de lo que representa un subsidio: una asistencia de alguien superior (por poder, por recursos, por simple jerarquía) que le da algo a alguien por no poder este conseguirlo por sus propios medios.
Llaryora no piensa así. Defiende el equilibrio fiscal, pero no de manera innegociable. Cree que el experimento Milei fallará en el corto o mediano plazo, cuando cruja el empleo.
Habrá que esperar a ver si, ahora que comienza el segundo intento por aprobar la “ley Bases”, se enfoca en la discusión más acuciante para el Tesoro cordobés: la Caja de Jubilaciones. Eso implicará ceder y negociar, para ambas partes. Algo que la primera vez no salió.
