Martín Llaryora atraviesa una encrucijada política que no admite distracciones. Su estrategia es clara: concentrarse en la gestión provincial y evitar chocar de frente con los movimientos –siempre ampulosos y de alto impacto– del presidente Javier Milei, muy fortalecido tras su triunfo en las elecciones legislativas de octubre pasado.
Sin embargo, como suele ocurrirle a todo gobernante, la realidad se encarga de alterar los planes. El gobernador no quiere adelantar una pulseada con la Casa Rosada, pero el tratamiento del proyecto de reforma laboral que impulsa con vehemencia el propio Milei lo empuja a una zona incómoda.
El denominado “proyecto de modernización laboral” enviado por el Gobierno nacional al Senado aborda múltiples aspectos, pero hay dos puntos que encienden luces de alerta en el Centro Cívico. Por un lado, la reducción del Impuesto a las Ganancias para algunas empresas impactaría directamente en la coparticipación y achicaría los recursos de las provincias. Por el otro, está la afectación de derechos adquiridos de los trabajadores.
Son, precisamente, los dos límites que Llaryora marca en privado cuando dialoga con los distintos sectores con los que mantuvo contactos en el último mes. Allí, lejos de los micrófonos, el gobernador deja claro hasta dónde está dispuesto a acompañar y dónde comienzan sus objeciones.
La decisión que tiene por delante no es menor. Llaryora busca no confrontar con Milei en un momento en el que el Presidente goza de un alto respaldo en las encuestas, pero tampoco quiere tensar la relación con los gremios, hoy golpeados por despidos y por un escenario económico que dista de mostrar la recuperación que pregona el gobierno libertario.
Otro dato que tiene muy cuenta el gobernador para mostrarse moderado: todos los gremios de Córdoba –incluidos los estatales– rechazan de plano la reforma de Milie.
Balde de agua fría
En este tablero delicado, tampoco fue inocua la postura de Juan Schiaretti. Frente al proyecto de reforma laboral, el exgobernador optó por tirarle la pelota a su sucesor. “En los gobiernos peronistas, quien define es siempre el gobernador”, sentenció el diputado nacional Carlos Gutiérrez, un schiarettista puro.
Schiaretti no hizo más que aplicar una regla no escrita pero respetada a lo largo de un cuarto de siglo de gestiones peronistas en Córdoba: el gobernador gestiona y también conduce el partido.
Sin embargo, en medio de este delicado equilibrio que intenta sostener Llaryora, el mensaje cayó como un balde de agua fría en el Centro Cívico.
¿Por qué Schiaretti eligió enviar ese mensaje en este momento? Hay, al menos, dos motivos. El primero apuntó a despejar versiones surgidas en Capital Federal, según las cuales los libertarios podrían encontrar en el exgobernador un canal de diálogo directo, sin pasar por Llaryora, quien –entienden en la Rosada– exigiría compensaciones por los casi $ 100 mil millones que Córdoba perdería en coparticipación si la reforma laboral se aprueba sin cambios.
El segundo motivo es más sutil, pero no menos relevante. Si Schiaretti decidió hacer pública su postura sobre la reforma laboral, es porque no tendría un diálogo fluido con Llaryora.
Voceros, tanto llaryoristas como schiarettistas se apresuraron a descartar cualquier conflicto entre ambos referentes del PJ. Aunque, al menos por estos días, no hablan de manera cotidiana.
“En las gestiones del PJ cordobés, un exgobernador sólo habla si el gobernador lo consulta”, deslizan desde el entorno de Schiaretti, habilitando las dudas sobre la naturalidad del diálogo con el mandatario.
En este escenario, y sin un canal de negociación abierto con la Casa Rosada, Llaryora tomó una decisión que se oficializará en los próximos días: los diputados nacionales y la senadora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, tendrán “libertad” a la hora de votar la reforma laboral.
De confirmarse, se trata de una decisión política con varias lecturas. Al otorgar libertad de acción a sus legisladores, Llaryora esquiva una confrontación directa con Milei, pero también tratará de evitar quedar bajo la presión de la dura postura opositora de la CGT y del PJ nacional al proyecto reformista libertario.
Los llaryoristas explican esta decisión con un argumento pragmático: dentro del bloque de Provincias Unidas en Diputados, conviven expresiones partidarias diversas. “Es imposible consensuar una postura común en una discusión donde la ideología pesa tanto”, repiten cerca de Llaryora.
Claro que la jugada no está exenta de riesgos. No faltará quien le reproche al gobernador falta de liderazgo en un tema sensible. También algunos alimenten sospechas de un posible acuerdo tácito con los libertarios para no enfrentar de lleno el proyecto oficialista.
Esa será la discusión política que se abrirá. Por lo pronto, lo concreto es que –al menos por ahora– Llaryora tiene decidido darles libertad a los legisladores del cordobesismo para que definan su voto sobre la reforma laboral en el Congreso.
La decisión se apoya, además, en una convicción que sobrevuela el Centro Cívico: la reforma laboral avanzará de todos modos, aunque con algunos artículos que quedarán en el camino, tal como ocurrió con el Presupuesto 2026.
