La Sube es un sistema de pago para abonar el transporte urbano, manejado por el Ministerio de Transporte de la Nación y administrado por Nación Servicios, una subsidiaria del Grupo Banco Nación.
La implementación progresiva de la Sube en siete localidades de la provincia, incluyendo la esquiva Córdoba capital, tiene tres condimentos económicos y políticos de peso.
El primero es financiero: en Córdoba, no será más Red Bus (Atos) el sistema de pago y los fondos, que las primeras 48 horas están en manos de Red Bus y después del municipio, serán ahora del Banco Nación. El dato no es menor para un país de tasas estratosféricas: permite “laburar” plata ajena al 0,36% diario, 133% anual.
El usuario de la ciudad de Córdoba carga en promedio $ 2 mil y va usando de a $ 185. El contrato con Red Bus ya está vencido y fue prorrogado de manera temporal con la idea de unificar sistema de pago con la prestación en sí del servicio. Las concesiones de transporte vencen en marzo de 2024 y todo indica ahora que se volverán a licitar sin el medio de pago. Pero acá hay que anotar una pérdida para el municipio, que delega en Nación el manejo de los fondos de los usuarios.
Lo más lógico sería un sistema en el que la plata sea del usuario siempre y que el boleto se vaya descontando de su cuenta (bancaria o billetera electrónica) a medida que lo vaya necesitando, sin “inmovilizar” plata en la tarjeta Sube, Red Bus o Tin. Pero ojo que a los municipios se les habría prometido el 2% de la carga que maneje el sistema. En limpio, el punto uno: pierde el usuario, pierde el municipio (parcialmente), gana el Banco Nación.
El segundo es de gran efecto político por la ampliación del universo de beneficiarios que supone la implementación de la Sube. Sergio Massa habló de dos millones. Hasta ahora, la Provincia tiene en marcha cuatro programas de subsidios al transporte: el educativo, el obrero, el del adulto mayor y el social. En 2022 le demandaron 2.235 millones de pesos, 50% más, por ejemplo, que todos los recursos destinados a la prevención y asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género.
La Sube implica que el Gobierno nacional asume el 55% del costo del boleto sujeto a tarifa social. Están alcanzadas las personas con discapacidad, el servicio doméstico, los jubilados y pensionados en general y sin mínimo, los beneficiarios de planes (Progresar, AUH, pensiones no contributivas y Potenciar Trabajo, entre otros) y desempleados. Es decir, un universo que casi no tenía boleto gratuito. Ahora lo tendrá a poco menos de la mitad de precio. Esa es la gran apuesta de Massa: que le rinda electoralmente ahora algo que prometió en el corto y mediano plazo.
No hay números finos todavía, pero a la Provincia se le achicará la cuenta de subsidios universales que tiene hasta ahora: el educativo (BEG) le demandó 1.780 millones en 2022, y ahora parcialmente serán absorbidos por Nación los que perciban Progresar o la AUH, más algo marginal para los adultos mayores en el tramo urbano.
Tampoco está clara la progresividad de esta cobertura: no es lo mismo subsidiar el 55% de un boleto de $ 53, como cuesta en Buenos Aires, que uno de $ 185, como cuesta en Córdoba, pero la promesa fue que en algún momento pasará.
Punto dos: gana por lejos el usuario, gana también la Provincia. ¿Ganará Massa en términos de votos?
El tercero tiene que ver con la “batalla cultural”, si es que vale el término. Juan Schiaretti y Martín Llaryora vienen planteando desde hace tiempo las inequidades de interior versus la región metropolitana: el boleto en Córdoba cuesta 230% más que en el Amba. Pero la Sube no viene a corregir eso.
En la ciudad de Buenos Aires y zona metropolitana, se cortan 10 millones de boletos diarios, de los cuales el 55% lo pagan usuarios que tienen tarifa social que asume Nación. Acá, al que viaja sin pagar el colectivo, la Provincia le cubre el boleto. Por lo tanto, el contribuyente cordobés pagaba impuestos para subsidiar la Sube en el Amba y el BEG acá. Ahora, todos los argentinos subsidiarán con sus impuestos la Sube en Córdoba, y los cordobeses, lo que quede del BEG. Nota al pie: el boleto educativo en el Amba está cubierto por el Gobierno nacional, con una Sube Estudiantil, que no se hace extensiva al resto del país.
No se corrigen la inequidad del boleto barato (congelado luego de que Massa quedó expectable en las Paso) ni tampoco otro punto no menor, que es la gestión: cuando hay paro de UTA, el Gobierno nacional negocia y termina financiando el aumento salarial para el Amba. Ni Axel Kicillof ni Horacio Rodríguez Larreta se desvelan un minuto ante un paro de colectivos, porque Nación se hace cargo de todo.
En Córdoba, es el intendente de turno el que tiene que bancarse el paro y salir en auxilio con recursos, siempre con posibilidades más modestas que el Gobierno nacional. Con un agregado: el transporte es potestad de los municipios, delegada en la Constitución: ¿qué tiene que hacer un ministro de Economía, candidato a presidente, anunciando servicios de pago de boleto urbano en siete ciudades cordobesas? No le hace mucho honor a la institucionalidad.
¿De verdad esto endereza la cancha? Con los anteojos del balotaje del 19 de noviembre, quizás sí, para Massa, que pidió perdón por los reclamos no atendidos de Córdoba y reconoció que tarde se la está escuchando, pero prometió que con él nunca más pasará eso porque la quiere a Córdoba integrada al país.
Pero el planteo federal no es que se extiendan los subsidios a troche y moche si el costo de eso terminará siendo más inflación. El planteo federal es que cada uno se haga cargo de gestionar lo que le corresponde y que Nación se ocupe de lo suyo: comercio exterior, narcotráfico, cuidado de las fronteras y ordenar la macroeconomía, entre otras cosas. Ya con eso, que hace bastante mal, tiene de sobra como para ocuparse de los colectivos urbanos.
