Hay varios problemas en torno al régimen policial en la provincia. Antes de eso, una queja ante un problema que se agrava en la administración de Martín Llaryora: el oscurantismo en los datos oficiales. Las cifras que antes eran públicas y que servían para analizar distintas problemáticas de la realidad provincial hoy han sido retiradas de los portales.
Un claro ejemplo es la Caja de Jubilaciones, que publicaba un informe exhaustivo sobre los activos y hoy es apenas un compendio de 10 pestañas que no contienen los datos más relevantes. Hasta la asunción de Llaryora, tenía 23 pestañas.
Hecha esta salvedad, veamos los números. Los de 2022 son los últimos disponibles. En ese momento, había 21.546 efectivos de la Policía, más 4.090 en el Servicio Penitenciario y 428 en la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El global, con otro personal, arrojaba 27.154 agentes, 23% más que en 2010.
En ese mismo período 2010-2022, la población se incrementó en la misma magnitud y el gasto en seguridad rondó todos esos años en torno al 10% del presupuesto general. Ergo, pese al deterioro socioeconómico del país, el gasto en seguridad y en policías en relación con la población se mantuvo constante en los últimos 15 años.
En 2021 se cambió el plan de estudio para oficiales y suboficiales: la carrera se extendió a 36 meses, lo que provocó un déficit de unos 800 egresados anuales durante tres años.
La primera dificultad de la fuerza policial está en los ingresos: son jóvenes de bajos recursos, muchos de sectores vulnerables, que encuentran en la Policía la única posibilidad de trabajar en blanco, con cobertura social y jubilación. Vuelven al barrio con un arma y pasan a ser venerados. Fuentes del sector reconocen que, si bien tienen secundario completo, los déficits de base son notorios.
El Estado provincial deriva recursos para formar a esos aspirantes, pero después sucede algo inexplicable: con 22 años de servicio, se pueden ir de manera voluntaria y percibir el 88% del salario correspondiente al cargo que tenían al momento del retiro. Pueden cobrar la jubilación y tener un trabajo (privado, no en el Estado) o ser independientes.
La edad promedio efectiva del retiro es de 44 años; esto significa que, en el mejor momento de su vida productiva, formado en seguridad y con alta experiencia, el Estado pierde a ese agente. En general, se van a trabajar en seguridad al sector privado (si es que decidimos pensar bien) y se llevan un capital que costó tiempo y esfuerzo formar.
Sin ahondar en el tema previsional (27% del déficit de la Caja corresponde al subsector policial, que además no es pasible de aportes solidarios), la salida de personal es preocupante, porque los mejores suelen irse.
También es cierto que el retiro obligatorio (15 años) se usó para disciplinar a malos policías o dar lugar a las múltiples internas y venganzas que atraviesan a la institución. Debiera ser eliminada esa posibilidad (hay un régimen disciplinario para eso), como también la chance de ejercer otra actividad en la vida privada, al menos para los puestos de conducción.
Hay 150 “poliabogados”, muchos recibidos en instituciones privadas donde cursaron con descuentos y promociones varias.
Después viene el problema de gestión: la Policía de Martín Llaryora tiene una conducción extraña. Héctor Gutiérrez es un jefe policial al que se conoce poco y nada, porque cede protagonismo al ministro Juan Pablo Quinteros, que no es policía y a quien a muchos “de azul” les cuesta respetar.
“Es tal la tentación para un ministro, cuando al asumir todos los uniformados le rinden pleitesía, que se confunde enseguida y se cree policía”, dice alguien que pasó por ese lugar y pide reserva de su nombre. “El ministro tiene el rol de fijar las políticas de seguridad, no de correr al lado de los uniformados en un operativo”, agrega.
Además, para diluir el poder del jefe, se nombraron tres subjefes (cada uno con su estructura) y se parceló el poder en 10 direcciones. El propio Quinteros celebró en su momento que todos fueran abogados.
Dicen los entendidos que, mientras más asciende un policía, más autonomía e “independencia” alcanza. Asegura Quinteros que no se le hace inteligencia a cada jefe ni, por caso, se le evalúa el patrimonio, porque no está previsto. Ese sería uno de los puntos por revisar, al igual que la laxitud con la que se nombran los ascensos.
El propio Maximiliano Ochoa, nombrado titular de la Caminera en diciembre de 2024, fue ascendido el 13 de junio de comisario mayor a comisario general sin que hubieran pasado los tres años que cada jerarquía requiere.
Otro adicional: el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad se integró en 2021 como organismo autónomo de integración interinstitucional, compuesto por siete miembros designados por el Ejecutivo: uno a propuesta del Ministerio Público; uno por la Universidad Nacional de Córdoba; uno por el Ministerio de Seguridad; otro por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tres legisladores designados por la Unicameral, dos por la mayoría y uno por la primera minoría. ¿Nadie vio nada? ¿Es correcto que estén ahí si no van a ver nada?
“Hay que ir hasta el hueso y mirar si esto tiene metástasis”, dijo la ministra Patricia Bullrich en el streaming La Voz en Vivo, y respaldó lo actuado por Quinteros, quien también sostiene que es mandato supremo remover a quien cometa actos de corrupción.
Pero urge que se revise a fondo el régimen policial, no sólo en cuanto a nombres o ascensos, sino a la manera en que se gestionan y se controlan esos recursos públicos, tanto económicos como humanos. Porque los de azul pueden ser los buenos, pero la ocasión también hace al ladrón.
