En un país donde la vicepresidenta Cristina Kirchner habla como jefa de la oposición y reprueba abiertamente la gestión del presidente Alberto Fernández, y donde en simultáneo renuncia por Twitter el ministro de Economía que parecía encarnar el último resto de racionalidad de la gestión nacional, cualquier otro conflicto político interno se vuelve insustancial.
En un país donde las dos máximas autoridades en el poder encabezan gobiernos enfrentados y mientras todo parece a la deriva, cualquier otra diferencia entre dirigentes es insignificante. Sin embargo, lo que ocurrió la semana pasada en el peronismo cordobés no fue menor.
Todo parecía tan alineado, tan estable y tan resuelto en Hacemos por Córdoba que el desacuerdo manifiesto entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora sorprendió a propios y extraños. No hubo disimulo en las señales de fastidio del Panal.
“Dolores de crecimiento”, dijo Alberto Fernández para referirse al desabastecimiento de gasoil que enloquece a toda la producción. Una frase similar reiteran los llaryoristas, que aun en la peor semana desde que gobiernan la Municipalidad de Córdoba, decidieron desacatar la orden del Panal para que frenen la anticipada campaña para la Gobernación que el intendente lanzó en el interior cordobés. Esa desobediencia comenzó hace varias semanas, cuando comenzaron a activarse en el interior provincial las juntas promotoras “Llaryora 2023”.
Tan reiteradas fueron las advertencias del schiarettismo para que el intendente de la ciudad de Córdoba detuviera ese lanzamiento que el Panal juzga prematuro, que el gobernador decidió echar a uno de los principales armadores de esas juntas promotoras: el llaryorista Federico García debió dejar el segundo cargo más importante del Ministerio de Gobierno. El episodio no representó un freno para la promoción de Llaryora: todo lo contrario, hubo varios lanzamientos más, mientras el intendente atravesaba una severa crisis de gestión recorriendo despachos de Nueva York, Washington y Boston.
Schiaretti también estará desde hoy en Nueva York, pero no coincidirán las agendas de los principales dirigentes del peronismo cordobés. Los tiempos parecían perfectamente articulados, pero de repente se volvieron conflictivos: Llaryora observa que Luis Juez y Rodrigo de Loredo –ningún otro opositor figura entre las preocupaciones del oficialismo– se dedican casi en exclusiva a la campaña y decidió acelerar. Schiaretti, por su parte, observa en la aceleración del intendente un condicionante para sus propios tiempos.
El gobernador pretendía demorar hasta noviembre próximo todas las definiciones, en especial porque no hay definiciones sobre sus propios pasos a futuro: ese espacio nacional con el que fantasea el schiarettismo parece cada vez más lejano.
El propio Facundo Manes –quien ayer estuvo en Córdoba y no se sumó al encuentro entre Margarita Stolbizer y Schiaretti– ratifica que su convite al peronismo cordobés no supone en ningún momento la posibilidad de abandonar Juntos por el Cambio. El tercer carril del schiarettismo se vuelve cada vez más angosto y los gobernadores del PJ siguen mirando mayoritariamente a Cristina Fernández.
El derrumbe de la economía se acelera e implosiona el Frente de Todos, pero la proyección nacional del gobernador cordobés sigue siendo tan solo una hipótesis que reitera, en especial, la vieja guardia de Hacemos por Córdoba. La batalla generacional es cada día más evidente en el oficialismo cordobés.
Un amplio sector del schiarettismo considera que la aceleración de Llaryora también tuvo un costo político altísimo para la gestión municipal.
El escándalo que rodeó el fallido show de Ulises Bueno expuso de un modo brutal las facetas de la administración pública que ningún oficialismo (nacional, provincial, municipal) quiere exhibir: los expedientes, los precios inflados de las licitaciones y una forma de comprar que casi siempre es perdidosa por la ineficiencia. Y que se vuelve escandalosa con una inflación del 80 por ciento anual y precios que se fijan pensando en plazos de pago que –con suerte– oscilarán entre los seis y los nueve meses.
Como las redeterminaciones exigen un expediente aparte y cada expediente es un parto, los precios se inflan desde el vamos. Así funcionan las compras en buena parte del sector público y así lo hacen en el Palacio 6 de Julio, aun cuando se realicen sin direccionamiento, algo que también fue puesto reiteradamente en dudas en la semana que pasó.
A esa realidad, puertas adentro de la Municipalidad de Córdoba se suma la carrera contrarreloj para ejecutar todo rápido por la campaña en ciernes y la abundante disponibilidad de recursos para hacerlo. Y otro proceso simultáneo: la carrera a los codazos por la figuración, en la que participan varios funcionarios de Llaryora y en la que Miguel Siciliano –el más afectado por el escándalo de Ulises Bueno– llevaba la delantera.
La semana que pasó fue fundamental para el viceintendente Daniel Paserini: si debía pasar alguna prueba para consolidar su posicionamiento como sucesor en el municipio, le tocó ocupar la Intendencia en los días más difíciles desde que Hacemos por Córdoba gobierna la Capital. Los días que vienen tampoco serán sencillos. Claro que, en comparación con lo que ocurre en el Gobierno nacional, lo de Córdoba es un juego de niños.
