Durante 18 intensos meses, el flamante gobierno libertario de Javier Milei logró mantener bajo la alfombra una de sus principales debilidades: la fragilidad política en el Congreso. Lo hizo tejiendo acuerdos con distintos gobernadores, conteniendo tensiones con negociaciones pragmáticas. Pero el equilibrio precario se rompió. El lunes pasado marcó un punto de inflexión: el pacto tácito entre Nación y las provincias se desmoronó con estrépito.
En una cumbre histórica celebrada en la sede del Consejo Federal de Inversiones, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño coincidieron -por primera vez de forma unánime- en elevar un reclamo al Gobierno nacional: exigir la restitución de fondos coparticipables que, según denuncian, están siendo retenidos de por la administración central.
No se trató de una simple petición. Fue un grito coordinado que puso sobre la mesa una cifra millonaria: un billón de pesos. Ese es el monto que las provincias aseguran que el Estado nacional les retuvo en el último año.
La reunión no fue solo una muestra de unidad política. También se consensuó una decisión desafiante para la Casa Rosada: los gobernadores redactarán y enviarán un proyecto de ley al Congreso para que los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto al Cheque se distribuyan conforme al índice de coparticipación.
Son recursos vitales que, hasta ahora, la gestión libertaria ha utilizado como salvavidas para sostener su ambicioso objetivo de déficit cero, una bandera central del modelo económico que defiende Milei.
Los ATN se financian con el 1 % de la coparticipación que aportan las provincias. Según la normativa vigente, su destino es claro: “atender los desequilibrios financieros de los distritos”.
Sin embargo, la historia reciente da cuenta de usos discrecionales, y el actual gobierno ha llevado esa discrecionalidad a un nuevo extremo.
A diferencia de gestiones anteriores, que utilizaban estos fondos para disciplinar a los gobernadores rebeldes, Milei optó por ir al otro extrema: solo 49 mil millones de pesos fueron girados a las provincias más dialoguistas, mientras que 630 mil millones quedaron en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, como herramienta de ajuste.
Algo similar ocurre con el Impuesto a los Combustibles, cuyo destino legal es la ejecución de obras hídricas en las provincias. Sin embargo, las inversiones en obra pública fueron casi eliminadas por decisión presidencial, y esa partida -de unos 420 mil millones de pesos- también fue absorbida por la Nación.
El resultado de esta doble apropiación es tan claro como alarmante: más de un billón de pesos retenidos por la Nación y reclamados ahora, en bloque, por las provincias.
Una ofensiva federal
La reacción del oficialismo no tardó en llegar. Ante el reclamo conjunto, la Casa Rosada cerró filas y respondió con intransigencia. El presidente Milei descalificó a los gobernadores con insultos y acusaciones, asegurando que ninguno de ellos está dispuesto a “hacer el ajuste que el país necesita”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con un tono más diplomático pero igual de tajante, defendió la retención de fondos como una medida necesaria para garantizar el “equilibrio fiscal”.
Ambos advirtieron que, si el Congreso aprueba la ley propuesta por las provincias, será vetada sin miramientos.
Lejos de amedrentarse, los gobernadores interpretaron esas advertencias como una señal definitiva: no hay margen para el diálogo. La estrategia, entonces, viró hacia el Congreso. Allí, con el respaldo de diputados y senadores que les responden, buscarán sancionar la ley y, si es necesario, reunir los votos para rechazar un eventual veto presidencial.
“El camino está claro: avanzar sobre los recursos que la Nación se queda, empezando por los ATN y el Impuesto a los Combustibles”, afirmaron voceros cercanos a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro a La Voz. “Se aumenta lo que no se coparticipa y se reduce lo que se distribuye. Es insostenible”, añadieron.
En paralelo, una nueva medida del Gobierno encendió las alarmas en el interior productivo: el regreso de las retenciones del 33 % a la soja. La respuesta de los gobernadores fue inmediata y contundente.
“Es volver a ponerle un freno al campo. En este contexto tan crítico, la medida es profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, sentenció el gobernador cordobés Llaryora.
Su par santafesino, Pullaro, también alzó la voz. En una comunicación consensuada con Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio, fue categórico: “Necesitamos no sólo mantener el esquema de baja de retenciones, sino avanzar en su eliminación. Los gringos no fugan capitales al exterior, no los esconden en cuentas offshore ni en criptomonedas. Invierten todo lo que ganan en tecnología”.
A estas críticas se sumó el exgobernador Juan Schiaretti, quien también se mostró en contra de subir la presión fiscal sobre el sector agropecuario.
Dudas en el Congreso
Si todos los gobernadores se mantienen unidos, con los diputados y senadores que les responden, pueden sacar una ley para repartir los fondos coparticipables, y luego blindarla de un eventual veto presidencial.
“Si el kirchnerismo no se ceba y no cometen el error de incluir otros temas para afectar al Gobierno, la ley sale y se puede blindar de un veto presidencial. Pero con ellos nunca se sabe”, admitió un diputado nacional que responde a Martín Llaryora.
Por tratarse de un tema que involucra la coparticipación federal, el Senado sería la cámara de origen para el proyecto de ley que impulsen los gobernadores. En la Cámara Alta, el kirchnerismo tiene mucho peso, y el resto teme que introduzcan otros temas para afectar al Gobierno.
