Mañana, mientras el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, hable en Salsipuedes ante el empresariado reunido por la Fundación Mediterránea, todos los gobernadores del país estarán en Buenos Aires. El objetivo será analizar las respuestas que el mismo funcionario brindó a los reclamos que hace tres semanas realizaron las provincias. En realidad definirán qué hacer ante la falta de respuestas de la Nación: si pelearán en el Congreso o lo harán en la Justicia.
Francos es el funcionario nacional más respetado por los gobernadores. Le reconocen la disposición al diálogo y la solvencia con la que desempeña su rol. Pero ser la cara de la Nación ante las provincias no es sencillo: para Javier Milei, es ley la decisión de ignorar a los jefes provinciales, a quienes sólo se dirige para reiterarles que bajen los impuestos, con delicadezas tales como “degenerados fiscales”.
Esa prédica presidencial pesa muy fuerte en Córdoba: los reclamos por la presión fiscal del cordobesismo se multiplican en boca de la oposición y también de todas y cada una de las entidades empresarias. El Panal no responde, pero analiza cómo responder en el marco de la campaña electoral que se avecina.
Es el frente más delicado que afronta la administración de Martín Llaryora. Los ingresos propios de la Provincia vinculados a la actividad privada son los que marcan la diferencia entre Córdoba y muchas otras provincias argentinas. Y hoy son más importantes que nunca para la gestión provincial, dado el hachazo en los envíos nacionales y la inédita concentración de recursos en la Nación.
Se activa el Congreso
Mañana, básicamente, los gobernadores resolverán si avanzan en el Congreso con una ley que ordene la transferencia automática de la parte del Impuesto a los Combustibles que pertenece a las provincias y que la Nación retiene hace un año y medio. Esos recursos son para obras en rutas de todo el país, un rol del Estado que Milei no solo abandonó sino que aborrece. Lo concreto es que la Nación embolsa el 28,5% de ese tributo destinado al fideicomiso de infraestructura vial en el territorio de las provincias, mientras el deterioro de las rutas avanza.
Con los fondos presupuestados para los ATN –cuando había presupuesto– ocurre algo similar. En 2024, la Nación se quedó con la inmensa mayoría de esos recursos. En el electoral 2025 empezó a distribuir un poco más, pero Córdoba no está entre las 18 provincias que los recibieron: hasta ahora, cero peso. Lo mismo ocurrió con el Fondo de Incentivo Docente. “Se apropian de nuestros recursos”, repiten en el Panal, donde además reiteran que Milei baja impuestos coparticipables y sube los no coparticipables, con lo cual perjudica doblemente a las provincias.
Tampoco llegó todavía a Córdoba ninguna de las dos cuotas que vencieron tras el acuerdo en la Corte por $ 5.000 millones mensuales para la Caja de Jubilaciones.
Llaryora estará mañana entre los gobernadores que impulsan mayor presión política en el Congreso para pelear por los fondos. La otra opción es judicial, pero no se observa disposición alguna de la Corte Suprema de Justicia para ponerle límite a las discrecionalidad del Ejecutivo, pese a que se acumulan las demandas de diferentes provincias.
Milei no registra a los gobernadores. Sus ministros los distinguen sólo cuando necesitan aprobar una ley o dar vuelta algunos votos para impedir que se aprueben leyes impulsadas por Unión por la Patria. Pero Cristina Fernández sí los tiene muy presentes: el kirchnerismo intenta resistir en el Congreso y desde el balcón la expresidenta condenada por corrupción convoca a “los intendentes y mandatarios provinciales, que son los que paran la olla”. El llaryorismo mostró hace tres semanas que ya no tiene empacho en aliarse con el kirchnerismo para torcerle el brazo al Gobierno: ocurrió con la aprobación de la suba a los jubilados en Diputados y todo indica que volverá a ocurrir.
Pesimismo en alza
Todos los diagnósticos sociales y económicos son pesimistas en el Panal, y todavía más en la Municipalidad capitalina. La desocupación en el Gran Córdoba ya estaba a un paso de los dos dígitos en el primer trimestre del año y en los despachos oficiales se habla de “industricidio”.
El gran motor de la economía provincial, que es el campo, se prepara para volver a pagar retenciones del 33% desde el mes que viene. La agroindustria, que por años fue la estrella de la metalmecánica en el interior provincial, empieza a sentir los rigores de la apertura de la importación y de la vía libre para el ingreso de maquinaria agrícola usada.
Los paquetes con productos chinos llegan con notable precisión a los domicilios cordobeses, mientras el consumo local no se recupera. Los precios dejaron de subir, pero los ingresos dejaron de hacerlo mucho antes.
Se suman conexiones aéreas, rebrota la perspectiva del hub Córdoba y se incrementa la cantidad de cordobeses que viajan por el mundo con dólar barato, pero el sector turístico serrano no levanta cabeza y se teme una crisis de proporciones. No hay minería ni Vaca Muerta en Córdoba y las expectativas se alejan de la Zona Centro. No es casual que Llaryora, Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof lleven la voz cantante entre 24 gobernadores igualmente urgidos de recursos.
A siete semanas del cierre de las listas para las elecciones de octubre, hay mucho más de lo mismo en la política provincial preelectoral.
El oficialismo mantiene sus velas encendidas en el altar de Juan Schiaretti.
Los libertarios –con Luis Juez en sus filas– se ordenan en torno de Gabriel Bornoroni, que elevará una lista casi íntegramente formada por “propios”, para que defina Karina Milei.
Rodrigo de Loredo rearma expectativas con los restos de Juntos por el Cambio.
Natalia de la Sota mantiene sus planes de encabezar una oferta anti-Milei al margen de la lista kirchnerista.
Juicio a la Justicia
En la semana en que la sentencia en el juicio por la muerte de bebés en el Neonatal de la Capital provincial conmovió una vez más a los cordobeses por esa tragedia, ningún oficialista tuvo nada para decir al respecto y casi ningún opositor se abstuvo de cuestionar la absolución de Diego Cardozo ni de reiterar que el Poder Judicial de Córdoba garantiza la impunidad del poder.
Fuera de la política y fuera de las cámaras, las dudas sobre la absolución del exministro de Salud conviven con las dudas sobre las pruebas que determinaron la condena a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por crímenes atroces.
Los jurados disintieron en su determinación sobre cada uno de los acusados: tal vez haya que leer los fundamentos antes de condenar a la hoguera a toda la Justicia. No tenemos otra.
