Se negaron a declarar tres imputados que amenazaron al ex candidato a presidente, Sergio Massa, y a su familia. El hecho tuvo lugar este martes y además reclamaron ser excarcelados.
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Paralelamente avanza la investigación para intentar determinar si existió algún tipo de coordinación entre los detenidos de entre 18 y 35 años y si hubo alguien más implicado, según detallaron fuentes judiciales.
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Entre los cinco imputados, cuatro de ellos son hombres y una mujer. Todos fueron detenidos previo a las elecciones presidenciales, en distintos puntos del país: Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Salta.
Qué pasó con las amenazas a Sergio Massa y a su familia
Los acusados amenazaron a la familia del actual ministro de economía y ex candidato a presidente por el partido Unión por la Patria, Sergio Massa. Principalmente los mensajes fueron enviados a su hijo varón, como dichos cómo: “te vamos a matar”, “no vas a poder vivir en paz” o “decile a tu papi que se baje (de la elección) o no pisas más las calles Buenos Aires”, según pudo reconstruir este medio.
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Fuentes allegadas a la investigación destacaron que estas causas judiciales demuestran que “ya no es gratuito el anonimato de las redes” y destacaron que este tipo de nuevos delitos puede terminar en penas graves.
También señalaron que debería evaluarse la eventual responsabilidad de las firmas que administran las plataformas virtuales en la proliferación de este tipo de mensajes amenazantes, y reclamar su colaboración para evitar que crezca el discurso del odio.
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Quién está a cargo de la investigación por las amenazas a Massa
Todas las detenciones del caso se produjeron tras una investigación que la Policía Federal (PFA), a través del Área de Cibercrimen y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que se llevó a cabo en las redes sociales de Instagram y TikTok por las amenazas recibidas por la familia Massa.
En los operativos de allanamiento y detención colaboraron las dependencias de la PFA de las provincias de Córdoba y Chaco (Duof). Durante su realización se secuestraron, en los domicilios allanados, todos los dispositivos que se habrían utilizado en la maniobra, en rigor teléfonos y computadoras, según detallaron las fuentes judiciales.
Ahora, la causa está a cargo de la jueza María Servini junto con el fiscal Ramiro González.
