Los números fríos indican que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva realizados 50 días de paro durante la gestión de Martín Llaryora. Los últimos dos días de huelga ocurrieron ayer y antes de ayer, en adhesión a una medida de UTA nacional por la paritaria aún irresuelta de los choferes de todo el interior del país.
No obstante, tras el largo paro registrado entre mayo y junio del año pasado, la relación entre la conducción cordobesa del gremio de choferes del transporte urbano y la gestión de Martín Llaryora se encarriló. Eso ocurrió en julio del año pasado, cuando el municipio comenzó a aportar 60 millones de pesos mensuales para garantizar que los trabajadores cobraran sus sueldos en tiempo y forma.
Desde entonces, la dupla Carla Esteban-Pablo Farías asiste periódicamente al cuarto piso del Palacio 6 de Julio para participar de una mesa permanente de la que también forman parte los empresarios y los funcionarios de Movilidad, encabezados por el secretario Marcelo Mansilla y el subsecretario de Transporte, Gonzalo Guevara.
En la actualidad, los planteos gremiales no constituyen reclamos a la gestión Llaryora, sino que son coincidentes con la postura municipal: ambos apuntan a que la Nación aporte los recursos que hacen falta para el aumento de sueldos que reclama la UTA. De hecho es la propia UTA nacional la que dispuso la medida de fuerza que terminó anoche para exigir que el Gobierno nacional pague en todas las provincias el costo de la paritaria, tal como hace en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es lo mismo que reclama el intendente.
Por eso, Llaryora suele mostrar como un triunfo que, mientras otras jurisdicciones como Rosario o Tucumán continuaron con paros hasta finales del año pasado, en Córdoba los ómnibus urbanos prestaban servicios. El aval gremial a la prestación de emergencia que rige desde los últimos meses de 2020 fue clave.
Al asumir, Llaryora se encontró con un gremio que llevaba años de crisis. Si bien no hay listas opositoras a la conducción de Esteban y Farías, las base, principalmente en Ersa, suelen actuar por cuenta propia.
Esa crisis se arrastra desde principios de 2016, con Ramón Mestre en la intendencia, cuando el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, avanzó con la intervención de la seccional Córdoba del gremio de choferes y desplazó a Osvaldo Salerno de la conducción y designó al santafesino Luis Arcando.
Desde ese momento, Kiener tomó las riendas del gremio en Córdoba. Pero tampoco le fue fácil: en junio de 2017 se desató un grave conflicto que encabezaron choferes de Aucor y de Tamse, que duró 10 días y terminó con 158 despedidos.
La intervención salió fortalecida del conflicto, y continuó el camino a la normalización. En enero de 2019 asumió Carla Esteban como secretaria general del gremio, acompañada de Pablo Farías como adjunto.
A Llaryora los choferes lo recibieron el día de su asunción con asambleas en Ersa y Aucor. Pero el Ministerio Público Fiscal fue velocísimo para actuar y logró que los choferes desbloquearan las puntas de línea. Ese hecho también marca una diferencia fundamental respecto de las gestiones anteriores: la colaboración policial y judicial es una novedad que trajo el PJ en el poder.
