La Legislatura de Córdoba se encamina este lunes a su última sesión ordinaria del año con un clima espeso, atravesado por urgencias políticas, negociaciones de pasillo y decisiones que el oficialismo quiere cerrar antes de que el calendario imponga silencio.
Será una jornada extensa, con múltiples temas en agenda, pero con un eje dominante: las idas y vueltas, dudas y aceleraciones que rodearon a la reforma del Código de Convivencia, una iniciativa que hasta hace horas no tenía destino claro y que el gobernador Martín Llaryora parece decidido a empujar sobre la hora.
El tratamiento del Código de Convivencia estuvo en suspenso durante buena parte del año. Siete proyectos con estado parlamentario —presentados por legisladores oficialistas y opositores— quedaron varados sin llegar al recinto. Sin embargo, en el tramo final de 2025, el Ejecutivo resolvió unificar esas iniciativas, sumar más de 20 modificaciones propias y forzar su discusión en la última sesión del año.
El apuro no fue lineal. Durante la semana previa, la expectativa estaba puesta en la Comisión de Seguridad, que debía tratar el tema el viernes. Incluso el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había anticipado públicamente tres ejes centrales del proyecto: fin a los “naranjitas” ilegales, prohibición de los limpiavidrios y sanciones a familias que incumplan el calendario de vacunación obligatoria.
Sin embargo, la comisión no avanzó como se preveía. El debate se postergó y se habló de reuniones informales durante el fin de semana, pero hasta la tarde de este domingo, el oficialismo insistía con que el lunes sería el día de tratamiento.
Ese zigzag alimentó el malestar opositor. Legisladores críticos cuestionaron la forma y los tiempos, y acusaron al Ejecutivo de improvisación. Desde el radicalismo, Alejandra Ferrero resumió ese malestar al hablar de “apurones” y decisiones tomadas sin el debido debate.
Aun así, en el Centro Cívico y en el bloque Hacemos Unidos por Córdoba se mostraron confiados porque aseguran tener los votos y descartan fisuras internas, mientras desafían a la oposición a definirse sobre proyectos que, en muchos casos, ellos mismos impulsaron.
Estrategia oficial
La estrategia oficial es aprobar una reforma “superadora”, con respaldo más amplio que el del PJ y sus aliados habituales. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, será la encargada de conducir un debate que promete ser áspero.
Desde su mirada, el nuevo Código no se limita a los conflictos visibles del espacio público, sino que redefine el esquema contravencional, endurece sanciones y ordena competencias, con el Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación central, en coordinación con municipios.
El corazón político del proyecto está en dos figuras sensibles: los “naranjitas” y los limpiavidrios.
En el primer caso, se mantiene la exigencia de habilitación municipal, pero se elimina una cláusula clave del Código vigente y ya no habrá excepción cuando el pago sea “voluntario”. Sólo podrán ejercer quienes estén autorizados, con sanciones que pueden llegar a 50 Unidades de Multa, arresto o trabajo comunitario, penas que se duplican en inmediaciones de espectáculos masivos.
En el segundo caso, la reforma prohíbe expresamente la limpieza de vidrios en la vía pública, aun sin mediar pedido del conductor.
Pero el alcance del proyecto va más allá. Introduce el concepto de “reiterancia” como agravante, redefine plazos de prescripción, habilita decomisos y suma nuevas contravenciones vinculadas a seguridad vial, ambiente y orden urbano.
Aparecen sanciones más duras para fiestas clandestinas, basurales ilegales, uso del celular al conducir y disposición indebida de residuos, con la obligación de recomposición ambiental.
También se incorpora un artículo que sanciona a padres o responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria de menores.
Detrás del contenido, subyace una decisión política de reforzar el control del espacio público y enviar una señal de orden. “Llaryora quiere un verano tranquilo”, repiten en el oficialismo. La urgencia responde a esa lógica, pero también expone tensiones internas y externas.
Funcionarios admiten que parte del borrador se trabajó “en caliente”, mientras que la oposición denuncia falta de tiempo para analizar cambios profundos.
Otros temas
La sesión del lunes (a las 9 fueron citados los legisladores de la Comisión de Seguridad, y a las 12, a Labor Parlamentaria) no se agotará en el Código de Convivencia.
Otro foco de tensión será la designación de las autoridades de la flamante Procuraduría Penitenciaria, el organismo que administrará las cárceles provinciales.
Al frente quedará Croppi, hasta ahora fiscal General Adjunta, acompañado por tres adjuntos. Sólo uno de ellos, el fiscal Iván Rodríguez, tiene trayectoria judicial.
El resto de la estructura responde abiertamente a acuerdos políticos: la peronista Guadalupe Trillo y Florencia Degano, ligada al esquema del Tribunal de Cuentas municipal y a la rosca legislativa.
El diseño institucional agrega ruido ya que los adjuntos de la Procuraduría Penitenciaria, al igual que los fiscales y defensores generales adjuntos, acceden a cargos vitalicios, mientras que los jefes de esas áreas tienen mandatos acotados.
Con estas designaciones, el número de altos cargos judiciales creados durante la gestión de Llaryora sigue creciendo, un dato que la oposición promete poner sobre la mesa durante el debate.
Tránsito
También llegará al recinto —o quedará lista para hacerlo— la reforma de la Ley Provincial de Tránsito, que ya obtuvo despacho favorable en comisión. La iniciativa valida el uso de luces DRL como equivalentes a las luces bajas en condiciones normales de visibilidad y habilita la radarización de rutas provinciales.
La avenida Circunvalación aparece como el primer corredor donde se implementará el control electrónico de velocidad, con respaldo técnico y el trabajo conjunto de organizaciones como Visión Cero.
La reforma incorpora, además, la reiterancia como agravante en faltas de tránsito y suma sanciones con perfil pedagógico, como trabajo comunitario e instrucciones especiales. Todo bajo un mismo paraguas discursivo: más control, más tecnología y mayor capacidad sancionatoria del Estado.
