“Normalmente fraccionaban el total de la operación en varios cheques y solicitaban a los proveedores que uno de esos cheques fuera devuelto a ellos”. La declaración de un testigo en la causa por la presunta megadefraudación millonaria de la cúpula de Luz y Fuerza de Córdoba develó las supuestas maniobras que habrían consumado mediante los “coleros” o cobradores supuestamente amañados.
El juez federal N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, confirmó el procesamiento de los presuntos “coleros” Juan Bernardo Benito Farías (75) y Julio César Secchi (55), en el voluminoso expediente que tiene procesados al entonces secretario general del gremio, Gabriel Suárez, y su número 2, Jorge Molina Herrera (actual secretario general), por graves cargos: lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.
La nómina de imputados y procesados es amplia e incluye diversos cargos y hasta a la hija de Molina Herrera, Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social).
Cheques, terceros y cobros millonarios
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde 2012, por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde el gremio: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta.
Suárez, Navarro y Molina Herrera habrían sido los jefes de la asociación ilícita (este último habría comprado más de $ 13,5 millones en fichas de los casinos sin que el monto guardara relación con sus ingresos, lo que aumentó la sospecha de la defraudación). Del análisis de los movimientos bancarios de las cuentas del sindicato en el Banco Nación y en Bancor desde noviembre de 2015 hasta enero de 2018, surgió que no se habría logrado la trazabilidad de los fondos.
En el caso de Bancor, el 61% del dinero fue retirado en efectivo o a través de cheques de terceros; mientras que en el caso del Nación, el porcentaje llegó al 80%. Eso develó la posibilidad de que esos fondos del sindicato hubieran sido desviados ilícitamente en beneficio de la cúpula.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos se libraban a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Daniel Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
Sin embargo, la Cámara Federal ratificó el procesamiento de Guzmán, Galván y Fidelbo, al considerar que no podían ser simples “cadetes”. “Conocían las acciones ilícitas de las que formaban parte, por lo que voluntariamente habrían participado de la asociación ilícita formada para desviar los fondos”, afirmó.
Darío Orlando Cipollini, un testigo imprentero (curiosamente imputado en 2019 como el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba), declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación en varios cheques”. Según su versión, el gremio habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”. Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor.
¿“Coleros” de Luz y Fuerza?
En este contexto, la investigación se focalizó en la presunta utilización que el gremio habría hecho de “coleros” que habrían tenido una “participación necesaria” para la consumación de las maniobras.
De esta forma, el 20 de junio de 2017, Suárez, Molina Herrera y Navarro, para presuntamente desviar fondos del sindicato, libraron el cheque N° 1456797 en contra de la cuenta corriente de la entidad en el Nación por $ 50 mil, a nombre de la operadora mayorista de viajes Div. Operador SA.
La firma, a su vez, endosó el cheque a favor de Farías, un jubilado vinculado a Asociación Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior de la Administración (Ampes), quien no tenía ninguna actividad registrada ante la Afip. El 12 de enero de 2018 a las 8.48, el supuesto “colero” se presentó en el banco y cobró el dinero.
“Tal operación responde a un patrón de conducta de la asociación ilícita, en el cual existen varios cheques librados por ellos colocando como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disímiles (como ser la extracción de petróleo, fabricación de heladeras, elaboración de cemento, venta de artículos de bazar y mayoristas de agencias de viajes), los cuales endosaban los mismos a personas con actividad económica pasiva –jubilados– y relacionados a Ampes, que se reiteran (...), tal como en el caso de Farías, quien recibió cheques por $ 670 mil”, indicó el juez Sánchez Freytes al procesarlo como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta.
Movimientos sospechosos y cifras “redondas”
Por otro lado, el cheque en cuestión fue cobrado conjuntamente con otros cheques, de manera simultánea con otros beneficiarios que serían terceros en relación con el sindicato y que no tendrían vínculo comercial, al menos legal, con Luz y Fuerza con plazos infrecuentes en el circuito comercial. A eso –puntualizó el magistrado– se sumó que se trataba en su totalidad de sumas “redondas” ($ 40 mil o $ 50 mil) y que, a pesar de ser librados y tener fechas de vencimiento distintas, el cheque se cobró con otros con diferencia de minutos.
Los demás cheques fueron cobrados por beneficiarios que no habrían tenido relación entre sí, todo lo cual hace suponer, dijo el juez, “que las sumas no eran destinadas al cobro de servicios, sino que eran dadas a los efectos de desviar los fondos y luego hacerse de ellos por quienes presentaron los instrumentos”.
La misma mecánica se repitió en el caso de Secchi, según la causa. El 20 de julio de 2017, Suárez, Molina Herrera y Navarro libraron el cheque N° 1456663 por $ 50 mil a favor de la firma presuntamente inexistente “Tropicanas Emp LTDA”. A través de un “apoderado”, esta lo endosó a Secchi, quien lo cobró el 16 de enero de 2018. Farías se negó a declarar, y Secchi rechazó los hechos y se abstuvo.
La emisión de cheques que hacían Suárez, Molina Herrera y Navarro “por montos iguales que no superaban los $ 50 mil son indicadores de la existencia de una administración infiel que habría generado un perjuicio económico al sindicato involucrado, ocasionando la pérdida de millones de pesos”, indicó Sánchez Freytes.
“La conducta se realizaba en ocasiones con sujetos ajenos al sindicato, personas que si bien en un principio podrían ser consideradas prestadoras (...) terminaban endosando cheques a empleados del propio sindicato o a terceros ajenos a cualquier tipo de actividad económica que pudiere serle de utilidad, en este caso Farías y Secchi”, agregó.
El caso de Div. Operador es muy llamativo porque durante noviembre 2015-mayo 2017 cobró por ventanilla cheques librados por el sindicato por $ 340 mil, y apareció –también– como beneficiaria de un cheque por $ 50 mil cuyo “apoderado” lo endosó a Fidelbo (empleado del sindicato y con poder de administración sobre la cuenta corriente).
El gremialista lo cobró y se perdió “la trazabilidad del dinero”, según advirtió el juez, porque no se pudo comprender el motivo por el cual habría recibido un cheque de la cúpula a favor de un supuesto proveedor, habiendo “retornado” el dinero nuevamente al sindicato, “evidenciando el patrón de conducta de la asociación ilícita y la defraudación”. En total, Fidelbo habría recibido del sindicato cheques por $ 8,4 millones.
No dejan de ser altamente suspicaz las cifras “redondas” de los cheques, el cobro en el mismo día o con pocos días de diferencia, por volúmenes importantes y con la pérdida de trazabilidad.