En otro revés judicial contra la cúpula de Luz y Fuerza en Córdoba, el fiscal federal N° 2, Carlos Casas Nóblega, amplió la acusación al secretario general, Gabriel Suárez, el adjunto, Jorge Molina Herrera, y el entonces secretario de Finanzas, Fernando Navarro, por una nueva presunta defraudación por 13,1 millones de pesos. También acusó al entonces interventor de la obra social lucifuercista, Andrés Chianalino.
El instructor les endilgó los dos primeros hechos a Suárez, Molina Herrera y Navarro (por supuesta defraudación por administración fraudulenta), y los restantes cuatro a Chianalino (por presunta malversación de caudales). Solicitó al juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, las indagatorias y un allanamiento. La Voz intentó, sin éxito, contactarse con Chianalino y con Suárez.
Por qué se investiga a la cúpula y a Chianalino
La acusación se centró en los roles presuntamente delictivos que, entre 2016 y 2018, Suárez, Molina Herrera y Navarro habrían llevado a cabo en el desvío de fondos millonarios cuando tenían un propósito original diferente: la constitución del “Fondo de Reserva Prestacional de Salud” para la asistencia, provisión de medicamentos y programas preventivos, según las resoluciones dictadas por Chianalino.
El exinterventor fue acusado de haber enviado cuatro cheques (por $ 6.550.000) de manera directa al gremio para el “Fondo Reserva Prestacional″, a pesar de que tal operatoria había sido expresamente prohibida por él. La orden de pago fue confeccionada por el tesorero y autorizada por Chianalino, y la recepción, registrada por Molina Herrera.
No obstante, la cúpula gremial les habría asignado un destino distinto, remitiéndolos a Acción Social del sindicato para gastos “principales”, “fútbol confraternidad”, “caza y pesca”, “bolsón escolar”, eventos y “sueldos y cargas sociales”. La finalidad habría sido lucrar de forma indebida, en perjuicio de los agremiados.
La única excepción al destino de asistencia y prestación de salud, como parte de la facultad del sindicato, era apartar una parte proporcional del Fondo “a la finalización del hotel del sindicato” en Mina Clavero.
La cúpula, procesada
La novedad llega luego de que Bustos Fierro procesó en agosto del año pasado a la cúpula por presunta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación. La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad y Lavado (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde 2012, por parte de integrantes de Luz y Fuerza.
Las suspicacias estaban vinculadas a cuentas bancarias de sus representantes que podrían haber ocasionado perjuicios económicos al propio gremio. En la denuncia figuraban Suárez, Molina Herrera y otros integrantes del sindicato. Del análisis preliminar se revisaron las copias de cheques librados contra la cuenta corriente del gremio en el Banco Nación.
La investigación del entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano (jubilado) se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde el sindicato: mediante el libramiento de cheques a favor del gremio (por parte de los integrantes de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con el sindicato) y el libramiento a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados.
Están procesados Suárez; Molina Herrera; Navarro; Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán (estos tres, empleados); Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas); Roque Daniel Tapia (secretario de Previsión Social), y Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera).
En la nómina también figuran Justiniano Oscar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan (estaría vinculada a una imprenta y a una empresa); Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Valentín Estanislao Figueroa, Cecilia Ivone Pérez; Enrique Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López. Por fallecimiento, fue sobreseído en 2020 el presunto “colero” Valentín Estanislao Figueroa.
Casinos y fichas
Molina Herrera habría realizado apuestas “considerables” en la ruleta de los casinos de Carlos Paz, Río Ceballos, Villa María y Rosario. Aparentemente realizaba apuestas con fichas o dinero, y se retiraba con fichas, pero sin pasar por las cajas públicas.
Al parecer, intermediaros realizaban el cambio de fichas. Para la UIF, la operatoria mencionada por Procelac podría considerarse como “inusual” y tendiente a “eludir normativas en materia de prevención de lavado de activos”.
Los más de 13 millones al parecer no guardarían “relación ni justificación” con los ingresos de Molina Herrera, a quien en los pasillos de Tribunales se lo denomina irónicamente como “lucky player” (jugador con suerte). Los montos, según el fiscal, provendrían de la supuesta defraudación al propio gremio.
Posteriormente, en la causa aparecieron nuevos actores que habrían intervenido en las maniobras de defraudación por valores millonarios: Tapia, Lozano y Victoria Molina. Entre julio de 2015 y junio de 2016, los tres y Navarro habrían intentado conseguir un “lucro indebido” en perjuicio de los intereses de los destinatarios del Fondo Compensador y el remanente creado: jubilados y a pensionados de Epec.
Las operatorias aparentemente ilícitas involucrarían dos maniobras sostenidas en el tiempo y mecanizadas. La primera habría consistido en darle al remante del Fondo Compensador un destino diferente al legal. La segunda, habría incluido otorgar préstamos de dinero desde el Fondo a otras áreas del gremio (Administración Central, Vivienda, Préstamo, Turismo, Cultura, Acción Social).
