Está desatado un conflicto de poderes sobre un asunto más que sensible: la designación y remoción de los jueces y la administración de los fondos del Poder Judicial de la Nación.
Una disputa de años, con idas y vueltas, que tiene una fecha clave: el lunes, cuando en principio debería dejar de tener vigencia la actual composición del Consejo de la Magistratura y volver a la anterior hasta que se dicte una nueva ley, según lo que estableció un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Según ese fallo, desde el lunes el Consejo de la Magistratura deberá estar presidido por Horacio Rosatti, también presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde el máximo organismo judicial se conformó en últimas horas que esa asunción se producirá el lunes.
Pero, en simultáneo, el Frente de Todos en el Senado ya anunció que no acatará lo resuelto por el máximo tribunal y un juez federal de Entre Ríos ordenó al Congreso desconocer el fallo de la Corte.
Es más, el sábado los sectores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner advirtieron que, de consumar ese avance, Rosatti y los jueces del máximo tribunal serán sometidos a sendos pedidos de juicio político en el Congreso por avasallar potestades del Poder Legislativo.
La advertencia corrió por cuenta del diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien tildó a Rosatti de ostentar una “vocación bonapartista” desde que asumió la presidencia del máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.
Composición del Consejo de la Magistratura
Conflicto con historia
La historia se remonta a antes de la reforma constitucional de 1994, cuando el nombramiento y remoción de magistrados era objeto de componendas políticas en el Congreso. Los nombraba el presidente con acuerdo del Senado.
Uno de los avances de aquella última modificación de la Carta Magna fue incorporar esta idea del derecho anglosajón de un cuerpo que designe, controle y remueva a magistrados con equilibrio entre el poder político, el judicial y estamentos como los abogados y los académicos. Y los constituyentes le agregaron un aspecto más: el manejo de los fondos del Poder Judicial.
El tema de los equilibrios se transformó en esa gran clave en búsqueda de que la Justicia actuase de manera independiente, una asignatura más que pendiente en Argentina.
Recién cuatro años después de la reforma de la Constitución se dictó la ley del Consejo de la Magistratura. En 1998, se dispuso que el organismo estuviese integrado por un representante del Ejecutivo, ocho del Congreso (dos por la mayoría de cada cámara, y uno por la primera y otro por la segunda minoría también de cada cámara), cuatro por los jueces, uno por la Corte Suprema, cuatro por los abogados y dos académicos. La presidencia del Consejo correspondía al titular de la Corte Suprema.
Con ese esquema los representantes del poder político (Ejecutivo y Congreso) eran los más numerosos pero no tenían mayoría propia. 9 sobre 20, el 45 por ciento. Pero la llave de la presidencia estaba en manos del presidente de la Corte.
La reforma Cristina
Pero eso duró poco. En 2005, cuando el kirchnerismo comenzaba a consolidarse en la gestión y avanzar políticamente con la idea de la transversalidad, la entonces primera dama y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó una fuerte reforma del organismo que designa y remueve jueces.
Todavía no existía la catarata de denuncias de corrupción, varias de las cuales aún la involucran a ella, pero empezaba a abrirse el paraguas.
Es que aquel Consejo de la Magistratura se redujo a 13 integrantes, con siete representantes del poder político, que pasó a tener el 54 por ciento del cuerpo. Le sacó también la llave de la presidencia a la Justicia, ya que se eliminó el representante de la Corte y la titularidad del Consejo pasó a ser designada por la mayoría.
El cambio iba en contra de aquella idea de la Constitución reformada en 1994 porque –en cierta forma– volvía al esquema de negociación política para nombrar jueces.
Por eso, hubo planteos de inconstitucionalidad y la Corte se tomó su tiempo para resolverlos. Más de 15 años después, finalmente invalidó la norma, ratificó lo actuado en estos años, ordenó al Congreso dictar una nueva norma a tono con el espíritu de la Constitución y dispuso que si eso no se hacía antes del 15 de abril (que cayó feriado por Viernes Santo), volvía a regir la norma original y la antigua composición del Consejo de la Magistratura.
Cruce intenso
En el contexto de división interna en el Frente de Todos y de reparto equilibrado entre oficialismo y oposición en el Congreso, sacar en poco tiempo una nueva ley del Consejo de la Magistratura iba a ser más que complejo.
La norma que ideó el kirchnerismo fue de llevar a 17 la cantidad de integrantes, con siete representantes del poder político, lo cual respeta la proporcionalidad pedida por la Corte pero sin darle la presidencia al máximo tribunal. En Diputados, este proyecto con media sanción del Senado no alcanzó consensos ni el bloque oficialista del Frente de Todos.
Por lo cual, este lunes debería volver la composición original y Juntos por el Cambio pidió que le designen el representante por cada una de las cámaras que les corresponden.
Pero la semana pasada un juez federal de Paraná, Daniel Alonso, tomó un planteo del diputado K Marcelo Cassaretto y ordenó frenar las designaciones. Un caso extraño para el andamiaje jurídico que un juez anule una sentencia de la Corte.
En simultáneo, el senador Oscar Parrilli llamó a desconocer el fallo de la Corte e interpretó que sigue teniendo validez la actual composición del Consejo de la Magistratura.
La Corte ya lo alertó en su fallo de noviembre pasado: desde el lunes, si se mantiene la conformación del actual Consejo, todas las resoluciones serán nulas.
Con lo cual, se entraría en un limbo jurídico-político, con un conflicto de poderes que tiene como telón de fondo el control de la Justicia por una larga lista de causas de corrupción.
Mientras, hay más de 150 vacantes de jueces por cubrir, 69 concursos en marcha y una tensión interna que ha llevado a sólo cinco designaciones el año pasado.
