El conflicto en torno a la nueva composición del Consejo de la Magistratura ingresó este viernes en una sensible etapa de inciertas definiciones, en la que Juntos por el Cambio (JpC) insistirá con acciones judiciales para pedirle a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no le tome juramento al senador kirchnerista Martín Doñate.
Según supo este medio, los especialistas legales de la oposición trabajan a contrarreloj para presentar en las próximas horas un recurso de amparo contra la jugada que llevó adelante el Frente de Todos para ganar espacios en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces.
Los apoderados de JpC tienen previsto impulsar también un recurso de amparo, para solicitarle a la Corte que evite tomarle juramento a Doñate. Son gestiones de urgencia, porque este viernes vencen los mandatos de los actuales consejeros y el martes se iniciará la jura de los nuevos integrantes.
El jueves a la noche en la oposición pulían los detalles de sus nuevas medidas judiciales, con la que tratarán de frenar la avanzada del kirchnerismo y que se respete el pronunciamiento que realizó la semana pasada la Corte, para ordenar que el senador cordobés por el PRO Luis Juez asuma en el lugar que el oficialismo busca retener con Doñate.
En rigor, el máximo tribunal, con la firma de tres de sus cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda), hizo lugar al amparo presentado por Juez y anuló el decreto parlamentario con el que Cristina Kirchner designó a Doñate como representante de la segunda minoría, tras haber partido el bloque del Frente de Todos a esos fines.
El FdT rechazó el fallo y desafió a la Corte, al insistir con la designación del senador que integra el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio. Pero en esta oportunidad buscó respaldo político y sometió el nombramiento a la votación de todas las fuerzas con representación en la Cámara alta. JpC no dio quórum y el kirchnerismo avanzó con los números justos, gracias a sus habituales aliados.
La situación se transformó en un conflicto entre poderes con final absolutamente abierto. Pese a ello, una de las interpretaciones que barajan en el ámbito judicial es que la Corte no tiene el rol de “contendiente” sino que es el “árbitro” que definirá. “El conflicto es entre los bloques del Senado, entre los partidos políticos. La Corte vuelve a ser un tercero que eventualmente será árbitro”, indicaron fuentes consultadas.
Por lo pronto, la nueva postulación de Doñate deberá superar la revisión de las áreas técnicas del Consejo de la Magistratura, que podría objetar su nombramiento al contemplar los recientes acontecimientos y el fallo de la Corte.
La mesa nacional de JpC difundió el jueves un comunicado para advertir “sobre la grave situación institucional que ha provocado la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de alzarse contra la decisión de la Corte, insistiendo en la maniobra urdida para obtener la mayoría de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura”.
“Se está poniendo en peligro el orden institucional del país en procura exclusivamente de favorecer la situación personal de alguien procesado por gravísimos hechos de corrupción, que ya deberían estar resueltos para la salud de la República si no se estuviera intentando permanentemente evitar el pronunciamiento de la Justicia”, alertaron.
El kirchnerismo busca sumar a Rodolfo Tailhade
La Cámara de Diputados formalizó el jueves las designaciones de sus 4 representantes en la Magistratura, y se confirmó así que el kirchnerismo postuló a Rodolfo Tailhade para quedarse con el lugar que dejará vacante Graciela Camaño.
Además de Tailhade, el FdT apostó por la continuidad de Vanesa Siley. Los dos lugares restantes que le corresponden a la Cámara baja, los ocuparán Roxana Reyes (UCR) y Álvaro González (PRO).
Vale recordar que la Corte modificó la composición del Consejo, en diciembre del año pasado, al declarar inconstitucional la ley que se aprobó en 2006 para que el organismo tenga 13 integrantes y ordenó elevar el número a 20, tal como lo estableció la ley 24.937, de 1997.
La normativa vigente indica que el organismo será presidido por el titular de la Corte Suprema de la Nación, y que tendrá 4 representantes del Poder Judicial, 4 de la Cámara de Senadores y 4 de la Cámara de Diputados, 4 de los abogados con matrícula federal, 1 del Poder Ejecutivo Nacional y 2 del ámbito académico.
