“Han cansado a todo el mundo. No hay acuerdo de nada. En las votaciones en particular puede pasar cualquier cosa”. Con una carga de fastidio indisimulable, el ánimo entre los gobernadores dialoguistas pasó por todos los estados en los últimos días, pero ahora, cuando restan pocas horas para el tratamiento en particular de la “ley ómnibus”, prevalece el hartazgo.
“No quieren negociar. Lo que quieren es desfinanciar a las provincias y a las intendencias”, se quejó la noche del lunes ante una consulta de La Voz uno de los principales gobernadores del espectro de los “dialoguistas”, clave para la aprobación en general del primer paquete legislativo de reformas de la nueva administración del presidente Javier Milei.
Con casi nulas expectativas y dudas respecto del resultado final, los gobernadores “amigables” aguardan el desenlace de la larga discusión por la ley “bases” que tiene en vilo al Congreso desde la semana pasada y que promete nuevos días de intenso escarceo en la Cámara Baja.
Ratificada por enésima vez la posición oficial del Ejecutivo de rechazar coparticipar el impuesto País, un pedido que desde hace varios días realiza sin éxito y mucho desgaste político una docena de mandatarios provinciales, la suerte de la megaley en su tratamiento en particular entró en un cono de zozobra absoluta.
“Milei se fue a ver a su novia a Mar del Plata y ahora viajó al exterior, y durante todo el fin de semana nadie nos llamó. Ya está. Que haga lo que quiera. Que Dios lo ayude”, insistió el mandatario.
Cómo se encuentra el acuerdo entre las provincias y Nación
La posibilidad concreta de un acuerdo en el que se viene trabajando desde el viernes también parece cerrada por la falta de diálogo.
Desde el viernes pasado había un acuerdo sobre la mesa que ahora debía cumplirse en lo formal en el recinto. Ese posible entendimiento se centraba en la deuda que la Nación tiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, como es el caso de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires, entre las principales.
Esa negociación contemplaba la actualización de los envíos a las provincias congelados por la gestión del expresidente Alberto Fernández y que, en el caso de Córdoba, ya tiene presentaciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.
Un diputado que integra la bancada de Hacemos Coalición Federal reconoció el lunes por la noche que la única prenda de cambio sustentable en pie era trocar apoyo en la discusión “artículo por artículo” -donde el oficialismo corre el riesgo concreto de seguir viendo desmembrarse aspectos clave de la “ley ómnibus”- por la asistencia financiera para esas 13 cajas que se han convertido en una carga fiscal insoportable para las arcas provinciales, pero desde el entorno de Llaryora daban por caída la chance. “El Gobierno también dijo que no”, dijeron resignados sobre la alternativa.
Los negociadores cifran en U$S 1.500 millones el rojo generado por la Nación en esas provincias por causa de la falta de actualización de los envíos que le corresponde hacer la Anses y por la consecuente deuda que generó haber pisado esos compromisos.
