Marcos Sequeira estuvo a cargo de la Afip (hoy, Arca) de Javier Milei por cuatro días. Fue en el inicio de la gestión, pero sus ideas no llegaron a concretarse ya que no llegó a asumir.
Hoy, lejos de aquel puesto, es crítico con las últimas medidas del Gobierno nacional sobre “los dólares del colchón”.
—¿Qué quiere hacer el Gobierno con las nuevas medidas?
—Lo primero que les aclaro es que, con 45 años de profesión como contador y abogado dedicado al derecho tributario y penal tributario, tampoco entiendo este sistema. En grandes líneas, lo que busca el Gobierno es atraer dólares. Esta semana, por ejemplo, tomó deuda en dólares a una tasa del 30%. Altísima. En Europa no llega al 4% o 5%. Quieren atraer esos dólares. Otros gobiernos lo intentaron: Macri lanzó un blanqueo muy amplio que exteriorizó 120.000 millones de dólares. Este gobierno también lanzó uno, cuya última cuota fue hace poco, pero solo recaudó 20.000 millones. Fue un fracaso. Y creo que esto que se avecina también lo será, porque no va a regularizar la situación del pequeño ahorrista, el que guarda dinero bajo el colchón y que lo ha ido usando para sobrevivir.
—Afip dijo que va a mirar para otro lado en gastos de hasta $ 50 millones, y eso no impactaría si uno se adhiere a un sistema simplificado de Ganancias.
—Estuve solo 4 días en el gobierno de Milei como director de Afip y renuncié. Hoy, me da vergüenza ajena escuchar al actual director, Juan Pazo, quien técnicamente es insostenible. Esto no es solo una reforma tributaria: abre la puerta para que entren dólares, pero no del pequeño o mediano ahorrista, sino de quienes provienen de delitos graves, principalmente lavado de activos. El Estado pretende que, con una simple declaración jurada donde el individuo afirma que esos fondos no provienen de delitos, es suficiente.
—Se sabe que mucha gente miente.
—Además, hay cuestiones clave. Por ejemplo, reducir el plazo de prescripción de cinco a dos años es, en la práctica, eliminar la capacidad del Estado de fiscalizar. Las inspecciones nunca duran menos de dos años. Así, el Estado no podrá ni detectar ni sancionar. La ley penal tributaria contempla montos mínimos: quien evade más de $ 1,5 millones comete evasión simple, con penas de dos a seis años. Si la evasión supera los $ 15 millones, va de tres años y medio a nueve. Pero ahora elevan ese mínimo en un 6500%: llevarlo a unos 100.000 dólares, lo cual es un disparate. Ni Venezuela tiene montos así. Esto implica que muchas causas actuales quedarían sobreseídas, porque se aplicaría una ley penal más benigna. Así que todos los esfuerzos desde la primera ley penal tributaria, en 1990, quedarían sin efecto. Se termina desincriminando conductas. Una evasión simple requerirá ahora cifras altísimas.
—La otra pata son las provincias. ¿Qué pueden hacer?
—Los blanqueos deben disponerse por ley del Congreso. Veremos si eso sucede. Hasta ahora, lo que se legisló fue mediante resoluciones de la DGI, muy flojas de papeles y también de conocimiento. El director de la Arca dijo públicamente que va a modificar la ley penal tributaria por “instrucciones internas” del organismo. Eso lo refutaría hasta un alumno de primer grado. Lo digo como docente universitario. Ojalá pudiera sentarme con él, no para enseñarle, pero casi... Cuando se lanza un blanqueo, deben adherir las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Si no lo hacen, al presentar la declaración jurada, uno autoconfiesa una evasión. Porque si se evade Ganancias, también evade Ingresos Brutos y las tasas municipales. La amenaza del Presidente, quien fue mi alumno en la Universidad de Belgrano, de no darles información a las provincias que no adhieran es una barbaridad. Esto no es un blanqueo encubierto: es una crisis institucional que rompe el federalismo argentino. Imaginen que la Nación tenga la información y algunas provincias no.
—Es una renuncia peligrosa al poder de control del Estado Nacional.
—Por supuesto. Pero eso no puede perjudicar a las provincias.
—Pazo y Caputo dicen que no es un blanqueo. Entonces, ¿qué busca el Gobierno?
—Tiene cola, cuatro patas, ladra… no me van a decir que es una jirafa. Esto es un blanqueo. ¿Por qué no lo llaman así? Porque el que ingresó al blanqueo anterior no puede ingresar a uno nuevo hasta 2038. De todas maneras, esto está pensado para los “pescados grandes”, no para quien guarda plata en el colchón. Está dirigido a quienes tienen problemas con el lavado de dinero. Además, eliminaron los regímenes de información y se permite presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de 2025 incluyendo una variación patrimonial de hasta 100.000 dólares sin que el Estado investigue su origen ni cobre impuestos como Ganancias o IVA. Eso no lo permite el régimen constitucional. También por eso no lo llaman “blanqueo”.
—Desde el Gobierno, hay una demonización de Arca. ¿Ve esa voluntad, incluso con un funcionario sin preparación?
—Totalmente. No está mínimamente capacitado para dirigir un organismo técnico. Hasta el nombre está mal... el Presidente, a quien conozco hace años, lo definió en un lapsus. Cuando estuve en el organismo, intenté hacer cambios en funcionarios recientemente designados. Quería sacar a 3.000. Sin dudas, hay un abandono de funciones por parte del Estado, porque no puede renunciar a su rol de controlar las cargas públicas. Eso no se hace en ningún país. Dicen que EE.UU. tiene algo similar. Falso. En EE.UU. el Estado determina las obligaciones tributarias en función de la información que recibe. Si alguien evade, va preso. En Argentina, si evade... bueno.
