Abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, María Eugenia Talerico fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri.
La UIF es un organismo clave a la hora de rastrear el dinero “sucio” que muchos delincuentes, sobre todo los narcos, necesitan “lavar” para que sus organizaciones sigan funcionando. En el caso de Rosario, para Talerico la clave del problema es la falta voluntad para investigar.
“No hay dudas que el problema es político”, le dijo a La Voz quien además es vocera de Republicanos Unidos.
–¿Cómo es la situación de la UIF hoy en relación al control de activos financieros?
–El lavado de dinero y el narcotráfico tienen una ligazón muy importante. De hecho, el sistema de prevención nace a partir del dinero del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, que se colaba en el sistema financiero. Era tanto su volumen que se interpretó que eso contaminaba el sistema. Porque, si ese dinero narco se retiraba de un banco o del mercado provocaría problemas sistémicos dentro del país o de la región. Se entendió, también, que despojar a las organizaciones criminales del dinero que necesitan reproducir era fundamental que ir tras los cargamentos. Es el poder del dinero lo que el sistema de prevención del lavado trata de mitigar. Junto, además, con iniciativas penales como la extinción de dominio. La lucha contra el lavado en mi gestión, junto con Mariano Federici, fue una prioridad. También contra la corrupción, entendida como un hecho sistémico y estructural que mueve mucho volumen de dinero en Argentina y en las ramificaciones en el exterior, como se vio en el caso Muñoz (el secretario de Néstor Kirchner que tenía 70 millones de dólares en el extranjero). Hoy, la UIF sufrió un proceso de desmantelamiento institucional muy importante. No solo se bajó de los principales casos de corrupción, sino que no coopera eficientemente con la cantidad de pedidos que recibe de los distintos fiscales; sobre todo de zonas complicadas como Rosario. En mi gestión teníamos lo que llamábamos un “canal rojo” con los fiscales federales que investigaban el narcotráfico, y con los locales que investigan los otros problemas como los sicariatos, las amenazas, las extorsiones... Se articulaba lo local con lo federal, y el pedido de información a la UIF, que tiene el “cerebro” en Buenos Aires, funcionaba bien. Pero ese era un eslabón intermedio. Lo que hace la UIF es ver cómo se mueve le dinero en blanco, porque el “negro” no es rastreable, y en el momento en el que el “blanco” toca el sistema, ahí actúa. ¿Dónde? En el sector inmobiliario, con los escribanos, los contadores. Todos sujetos “obligados”. Luego, existe la otra inteligencia que se fue desmantelado, tanto a nivel nacional como regional. Y la inteligencia en el Sistema Penitenciario Federal, que hoy está intervenido por la doctora (María Laura) Garrigós de Rébori, y que depende del ministro Soria. Hoy los principales narcos operan desde las cárceles con teléfonos celulares. Parece bastante fácil de neutralizar porque los capos y las segundas y terceras líneas están, algunos, hasta con prisiones perpetuas.
–En febrero, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anunció la creación de una delegación de la UIF en Rosario. ¿Cuál es el despliegue en el interior y cómo es su relación con los gobiernos provinciales?
–La UIF podía crear cinco regionales a nivel país. Cuando asumimos, creamos dos: la de Salta y la de Misiones, para estar presentes en causas como el cruce de fronteras y la problemática del narco en esa zona. Después, el “canal rojo” para Rosario. El problema de estas unidades es de expectativas. Se anuncia algo rimbombante, pero desde ahí no pueden hacer inteligencia. Lo único que pueden hacer es esta cerca de los fiscales para saber cómo van las investigaciones y cooperar más rápidamente. Además, tienen facultades de supervisión sobre los escribanos o los contadores de hacerles algún sumario, pero no mucho más. Por lo cual, el anuncio de Rossi viene a destiempo y mal. Porque si la UIF central no viene funcionando bien, menos lo va a hacer una regional; y porque además las expectativas de los rosarinos hoy son que el problema de violencia sea amortiguado. Y eso se logra con control de las cárceles, con control territorial con fuerzas que sepan qué hacer y dónde ir, y no que sean parte del problema. Uno de los que combatió a Pablo Escobar decía que la prioridad es depurar la corrupción. Porque si no, los ministros de Seguridad, los capos de la policía y las agencias, en vez de estar mirando, terminan siendo parte del problema o trabajando para los narcos. Hoy, también tenemos el desmantelamiento de todo el servicio de inteligencia en general. Su no profesionalización es un gran problema porque tenés que saber dónde están, cómo operan, cómo les llega la droga. Y claro, se necesita un sistema procesal penal que en, Rosario, tiene postergada su implementación y que ya funciona en Salta y en Jujuy.
Coordinación entre fuerzas
–Una de las críticas del proceso de seguridad relacionado con Rosario en los últimos años es la falta de coordinación entre las diferentes fuerzas. ¿Es así? ¿Por qué?
–El narco no avanza si no están dadas las condiciones para que avance territorialmente y también para que pueda usar su dinero. No hay dudas que el problema es político. De conducción política conjunta, donde las mezquindades, por ideología o por partido, han hecho que no se puedan poner de acuerdo los ministros de seguridad para arrancar. Porque además está el Consejo de Seguridad Interior, donde también hay otros ministros, como el de Desarrollo Social. Deben ponerse de acuerdo en una mesa para que, con decisión política de combatir esta amenaza, las agencias se pongan a trabajar. Y si tenés un problema de corrupción, entonces elegí a tus funcionarios de elite para funcionar en una “burbuja” con el intercambio de información. Lo de Rosario pasó por desidia política. Escuché al ministro Aníbal Fernández decir que hace 20 años que el problema está igual. Y él manejó las fuerzas federales en otras épocas. Mucho tiempo.
–Al ser un delito federal, ¿es muy complejo coordinar con las fuerzas locales?
–Hay que coordinar la Nación y las provincias. Primero, porque tenés un conflicto, que es el de los homicidios, el narcomenudeo y las extorsiones; y otro que es el de los puertos, de si aterrizan aviones, y de cuestiones interjurisdiccionales entre provincias. Necesariamente hay nombres que se cruzan. Cómo se va moviendo esos nombres, quiénes son los capos, con quiénes hablan, quiénes están afuera. Es una combinación de fuerzas. Recuerdo el caso llamado “Café de los angelitos”, que era un tema de lavado de dinero en un country de Pilar que, supuestamente venía de la viuda de Pablo Escobar. Ese caso se manejó en un cono de silencio y con una coordinación, no solo interinstitucional en Argentina, sino entre tres países: Argentina, Colombia y Estados Unidos. Eso fue posible porque había voluntad de luchar contra el narco.
Controles financieros
–¿Hoy están muy controlados los actores financieros como para que cualquier actividad extraña sea detectada?
–Las organizaciones de Santa Fe en particular no tienen, todavía, una sofisticación económica para decir que están comprando medio Rosario con sociedades pantallas o testaferros. Pero la Argentina tiene el problema de la economía marginal. Entonces, entre las cuevas, el “negro” que manejan en los proyectos de construcción, los fideicomisos y demás... Para funcionar bien, los “sujetos obligados” necesitan un organismo confiable a la que puedan mandar información y que sepan que va a ser custodiada, que no se ponen en riesgo. Tiene que haber confianza en los organismos de control y de investigación. Porque, de pronto, terminás reportando un amigo de un político o de alguien de la red que tiene poder y... La falta de autonomía, de profesionalismo de los organismos de control son un gran problema para la institucionalidad.
–¿Hoy en día, cualquier monto más o menos grande tiene que ser reportada?
–Tiene que ser sospechosa la operación. El banco que tiene un cliente o la automotriz que te vende un auto y te pide los papeles del origen de los fondos a veces joroban de más. La organización del cumplimiento tiene que ver mucho con los “oficiales de cumplimiento” de esos lugares. Debería haber una segmentación de riesgo. Un cliente conocido, que se sabe cuál es su actividad y que compra algo con una capacidad que pudo demostrar, no debería recibir mayores molestias. Aunque el monto sea elevado. A la UIF lo que debería reportarse no montos, sino cuando hay sospecha de origen ilícito. Y obviamente, ha sido incluido el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos. Ahí también tendríamos que tener una segmentación de riesgo porque si a los que evaden en Argentina los reportan a la UIF, el sistema estaría saturado.
–¿El delito fiscal como delito precedente, desde cuándo existe?
–Desde 2013.
El caso de la ”ruta del dinero K”
–La evasión fue el delito precedente en la causa de Lázaro Báez, de la “ruta del dinero K”, según la Cámara de Casación.
–Nos encontramos con una sorpresa en ese fallo. Hay una maniobra global de tres causas que están asociadas. Primero, “Vialidad”, que es donde se genera dinero por defraudación al Estado a partir de la obra pública; luego, la “Ruta del Dinero K”, adonde Báez recibía todo ese dinero y lo canalizaba, no solo a través de Austral Construcciones, sino de otras compañías como Gotti, Kank y Costilla, desde donde sacaba ese dinero mediante facturaciones apócrifas evadiendo todos los impuestos sobre esos ingresos. Así, Báez tiene, además de la condena por defraudación junto a Cristina, una por haber evadido y haber lavado.
–Pero Casación dijo que lo de la obra pública no puede ser lavado porque se pagó en blanco.
–No, no dijo eso. Sí puede ser lavado lo que se pagó en blanco porque fue en defraudación al Estado. Y porque además, evadió. En el fallo de Casación, los tres jueces dijeron que luego ese dinero se fue, en parte, hacia otra causa, la de Hotesur y los Sauces. Lo que lavó tiene que ver con la evasión y además la obra pública. Del fallo de Casación no nos sorprendió el voto de la jueza (Ángela) Ledesma, porque es de Justicia Legítima, y que favoreció a Cristina. Sí sorprende el voto de (Mariano) Borinsky que dice que, como hay unanimidad en que Báez lavó dinero de proveniente de la evasión, se queda con esto. “Y resulta intrascendente lo de la obra pública”, afirmó.
