Una divergencia inquietante asoma en la previa de la primera escenificación de la restauración del diálogo político entre la administración de Javier Milei y los gobernadores. Mientras el Gobierno nacional asegura que la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de asalariados es “un pedido” de los mandatarios, y busca circunscribir a ese tributo la negociación del apartado fiscal con las provincias a cambio de apoyo para la segunda oportunidad de la ley “bases”, el cordobés Martín Llaryora ya avisó que el trato no va por ahí.
Llaryora no está solo en esa postura. En la sobremesa de la cena de apertura de ExpoAgro, en la localidad bonaerense de San Nicolás, el gobernador habló largo y tendido con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el entrerriano Rogelio Frigerio sobre la estrategia por desplegar ante Milei.
Esa jugada tuvo una primera movida horas después: el martes, el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto y del que son parte los legisladores cordobeses del peronismo, pidió sesionar la semana que viene en Diputados para tratar la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria.
“No hay tiempo que perder. Mayo queda muy lejos”, repite Llaryora cada vez que tiene un micrófono enfrente. Además, el gobernador no deja de recordar que la vía legislativa es de “doble mano” desde la apertura del período ordinario: el Ejecutivo propone leyes, pero también lo puede hacer –y ya lo está haciendo– la oposición.
La iniciativa en cuestión enciende alarmas en el tablero de control de Milei. El ítem previsional representa el 48% del gasto social total del Estado. La sensibilidad fiscal que tiene ese aspecto es enorme. La propuesta ideada por los “lilitos” que responden a Elisa Carrió plantea actualización pura y dura basada exclusivamente en el índice de precios al consumidor (IPC) desde abril, con un complemento del 20,6% para compensar la inflación hasta que se produzca el empalme.
No será la única propuesta por fuera del esquema pretendido por la Nación para negociar con los gobernadores. Es inminente también la activación de un proyecto para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) podado por Milei, un punto que rechaza con toda la fuerza el ministro de Economía, Luis Caputo.
Más allá de la negativa oficial, un grupo de gobernadores considera que, más temprano que tarde, esos fondos volverán a drenar hacia las provincias. Irán por la misma vía del Congreso para reflotar el Fondo Compensador para el Transporte del interior. En este punto, el Gobierno mostró alguna apertura para conversar, aunque no hay nada concreto hasta el momento.
En todas las iniciativas, los opositores “racionales” podrían contar con el acompañamiento de la bancada K de Unión por la Patria, toda una garantía para blindar con los dos tercios un eventual veto presidencial.
Llaryora y sus pares no quieren llegar a ese punto de tensión, que estaría en el extremo opuesto al espíritu dialoguista que volvió a instaurarse desde el discurso del Presidente del viernes pasado, cuando convocó al “pacto de mayo”. Esperan, en cambio, que el Gobierno abandone la posición pública de que sólo en Ganancias descansa la solución para compensar las pérdidas provinciales.
¿Sale o sale?
En privado, Llaryora es mucho más cauteloso respecto del resultado final del pacto que Milei les propuso a los gobernadores tras casi una hora de crítica descarnada, y que tiene como estación final Córdoba, el próximo 25 de mayo.
Con ánimo de colaborar con la aprobación de la ley “bases”, el gobernador, sin embargo, advirtió ayer al exponer en la Bolsa de Comercio de Córdoba que el nuevo paquete de artículos por discutir debe incluir modificaciones en los puntos que fueron rechazados. Dijo que, de lo contrario, “hay riesgos” de un segundo fracaso.
Este viernes habrá un primer semblanteo real de los ánimos de unos y de otros cuando los gobernadores se vean con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
La negociación se espera áspera. Córdoba, además, quiere incorporar junto con otras 12 provincias el capítulo de la deuda previsional que la Nación no para de acumular con las cajas de jubilaciones no transferidas al gobierno central. Se trata de un punto neurálgico para las administraciones.
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos reclaman en este punto por lo mismo. Ese eje político no sólo tiene coincidencias ideológicas: también comparte reclamos. Es un polo de poder interprovincial al que Juan Schiaretti apuntó en 2023, pero no logró aglutinar. Llaryora va por la revancha, mientras en paralelo puja con la Nación.
